El informe definitivo que el “grupo de sabios” designado por el Gobierno ha elaborado sobre la reforma de las pensiones, hecho público el 7 de junio, dibuja un escenario catastrofista sobre el actual sistema, calificándolo de inviable, tratando así de justificar su desmantelamiento. Un simple vistazo a los miembros que componen este “comité” muestra claramente que bajo la falsa apariencia de objetividad se esconden los portavoces de las grandes patronales, de la banca y de la burguesía en general.

En su informe, el comité reconoce oportunamente que sus medidas provocarían “una reducción significativa de la pensión media sobre el salario medio” y plantean complementar la prestación con ingresos procedentes del ahorro privado.

¿Cuáles son las medidas que proponen y por qué?

Este informe redunda en la idea, repetida hasta la saciedad por todos los representantes de la burguesía, de que el sistema no se puede sostener ya que cada vez hay más jubilados y estos viven más años, mientras el número de trabajadores en activo disminuye.
Sin embargo, quienes defienden este argumento ocultan el hecho de la enorme productividad del trabajo y de su incremento en las últimas décadas, que permite que los trabajadores produzcan, en conjunto, mucha más riqueza de la que se necesita para garantizar su propia subsistencia y la de su familia. Otra cosa es quién se apropia individualmente de esa riqueza social que crea la clase obrera con su sudor. Así pues, como en el resto de aspectos sociales, no estamos hablando de una cuestión de recursos sino de su distribución. Por supuesto, nada de esto se dice cuando se habla del “futuro de las pensiones”. Al contrario, se pretende que el sistema debe ser viable atendiendo exclusivamente a la relación entre el dinero que entra en la Seguridad Social a través de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores y el que sale para pagar las pensiones. Y con ese argumento perverso se afirma que la única solución es “trabajar más y cobrar menos”.
Todas las medidas propuestas por el “comité de sabios” van orientadas a conseguir ese objetivo. Bajo complicadas fórmulas matemáticas e ininteligibles explicaciones “técnicas”, el voluminoso informe de los “sabios” puede resumirse en dos cuestiones muy concretas:
· Disminuir la cuantía de la pensión en proporción al aumento de la esperanza de vida (como vivimos más años, estamos condenados a vivirlos miserablemente).
· Dejar de ligar las pensiones al IPC, que ya no suban de acuerdo al coste de la vida. La comisión recomienda que esto comience a aplicarse a los pensionistas actuales, lo que supondría un empobrecimiento general en pocos años.
Estas medidas, sumadas al impacto de la reforma del Gobierno de Zapatero en 2011 que, entre otros ataques, alargaba la edad de jubilación (y que la comisión “recomienda” aplicar inmediatamente), supondrán la miseria para millones de trabajadores en los próximos años, pero permitirán hacer un negocio redondo a los planes de pensiones privados*. Como señala Santos Ruesgo, representante de la UGT en el comité de sabios y único en votar en contra del informe, “Los que hayan podido ahorrar durante su vida laboral, y los que hayan invertido en fondos de pensiones privados, podrán compensar la pensión del sistema público y vivirán razonablemente. Pero ¿quién puede ahorrar? Los que más ganan. El resto, que serán la mayoría, con unos niveles salariales medios, tendrán que arreglarse con una pensión raquítica”, encaminándonos “hacia un modelo con pensionistas de primera y segunda clase”.
Esta brutal ofensiva para liquidar el sistema de pensiones no encuentra una respuesta contundente por parte de la dirección del PSOE, ni de las organizaciones sindicales. Todo lo contrario, tanto la dirección de CCOO como la de UGT han asumido completamente el discurso de la burguesía, renunciando a defender radicalmente los derechos de los trabajadores, lo que les llevó a firmar la última contrarreforma de las pensiones, impulsada por el gobierno de Zapatero, o a que CCOO proponga ahora un incremento de las cotizaciones sociales (incluidas las de los trabajadores) para incrementar los recursos de la Seguridad Social.

Escandalosa postura del represetante de CCOO

Pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de muchos trabajadores ha sido la postura del representante de CCOO en este último comité de expertos, votando a favor de un ataque de dimensiones históricas. Ante el escándalo mayúsculo, desde la dirección del sindicato se ha hecho pública una resolución que, aun cuando se desmarca del citado informe, en absoluto está a la altura de lo que esperamos los afiliados, ni en la contundencia a la hora de condenar esta actitud y tomar las medidas pertinentes, ni en cuanto a la crítica al propio informe.
De hecho, en la resolución se justifica la presencia de CCOO en tal comisión basándose en las “mejoras” que su representante ha podido incorporar al documento final: “… No obstante, y a tenor de la imagen proyectada, la Dirección Confederal asume que cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada...”. Además, frente a las medidas propuestas, desde CCOO no se “rechaza”, sino que se “cuestiona” la idoneidad de desligar las pensiones del IPC o de rebajar su cuantía en función de la esperanza de vida, tal como se refleja en la edición especial de Gaceta Sindical de junio de 2013.
Es decir, en lugar de lanzar el mensaje de que vamos a combatir este atropello, se nos prepara para un intercambio de opiniones en la mesa de negociación, a fin de conseguir un acuerdo al precio que sea. Así se recoge en la citada edición de Gaceta Sindical: “CCOO cree que lo fundamental es que las reformas estructurales del sistema público de pensiones se construyan sobre el mayor consenso posible, lo que debe alcanzarse, en el plano político, en el marco del Pacto de Toledo y en el social a través del diálogo con empresarios y sindicatos.”

El pacto solo es posible sobre el cadáver de las conquistas históricas del movimiento obrero

A la luz de estas declaraciones, la afirmación de Toxo de que “no estamos dispuestos a avalar una reforma de las pensiones que suponga bajadas para las pensiones presentes y futuras” inspira muy poca confianza, por más que insista en que no se sienten vinculados con el informe. De hecho, es imposible evitar un retroceso en las pensiones si no es con la lucha y la movilización más profunda y masiva, pues el gobierno está decidido a enjugar una parte sustancial del déficit público y garantizar el pago de intereses de la deuda pública a la gran banca a costa del dinero de los pensionistas. Por eso tiene tanta urgencia en aprobar la reforma y se niega a recurrir al fondo de reserva de las pensiones ya que automáticamente esto computaría como déficit.
Teniendo esto en cuenta, ¿a qué tipo de pacto se puede llegar con el Gobierno y la patronal, deseosa de hacer negocio con las pensiones? A ninguno que no tenga como consecuencia trasladar el peso de la crisis a las espaldas de los trabajadores. En esta situación, la actitud pactista de las direcciones sindicales solamente beneficia a la burguesía, que de esta forma intenta trasladar la imagen de que “todos estamos en el mismo barco” minando la resistencia de los trabajadores ante los ataques. Pero la realidad es muy distinta. Lo estamos viendo en relación a absolutamente todas y cada una de las conquistas de la clase obrera: los derechos laborales, la sanidad, la educación, los servicios sociales… una ofensiva total a nuestras condiciones de vida. Los trabajadores intentan una y otra vez oponerse a ella con todas sus fuerzas: luchas en la sanidad, la industria, la educación, etc., que ilustran claramente esta afirmación.
En contraste, la política de las direcciones sindicales es la de dividir, parcelar, atomizar la fuerza del movimiento en centenares de movilizaciones parciales, sectoriales, locales… Lejos de esto, lo que necesitamos es unir toda esta energía en un gran movimiento que refleje la verdadera correlación de fuerzas que hay en la sociedad. Para ello, la huelga general es el camino. Pero una huelga general que no sea una simple fecha en el calendario para soltar presión y poco más, sino una huelga general que defina claramente sus reivindicaciones (entre otras, la retirada de todas las reformas del gobierno: laboral, sanitaria, educativa, etc.) y que tenga perspectiva de continuidad. La huelga debe extenderse, endurecerse, planteándose la ocupación de los centros de trabajo, de estudio, en definitiva, romper con la actual dinámica sindical de pactos para abordar con firmeza y determinación la defensa de nuestro futuro, de nuestras familias y de nuestras vidas. Lógicamente, la lucha contra las medidas y recortes del PP está ligada a la de echarle del gobierno y a la formación de un gobierno de la izquierda con un programa de izquierdas de verdad, es decir, en beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad y enfrentado a los intereses del gran capital.

* España es uno de los países europeos con un menor porcentaje de planes y fondos de pensiones. Unos planes que, por otro lado, viven sus horas más bajas a consecuencia de la crisis. En 2012 solo se realizaron aportaciones por valor de 58 millones de euros, el dato más bajo de los últimos 25 años.

De los doce miembros del “comité de sabios”, ocho cobran de la banca y las grandes aseguradoras

Víctor Pérez-Díaz. Ha formado parte de los consejos asesores de Repsol, Fundación Caixa Galicia y Unespa, la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.
Rafael Doménech. Actual Jefe de Estudios del BBVA, miembro del Grupo de Reflexión de Unespa y del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los planes de pensiones privados
Manuel Lagares Calvo. Subsecretario de Estado de Economía con Adolfo Suárez, consejero de la aseguradora Mapfre, director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y miembro del consejo editorial de El Mundo.
Mercedes Ayuso. Miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter, IREA-UB).
Francisco Castellano Real. Jefe de la asesoría fiscal de la CECA.
José Ignacio Conde-Ruiz. Subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a grandes bancos y empresas españolas (Santander, La Caixa, Iberdrola, Repsol, Fundación Ramón Areces).
José María Marín Vigueras. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en mercados financieros.
José Enrique Devesa Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y Vida, que reúne a las mayores aseguradores del país (DKV, Caser, VidaCaixa).
Miguel Ángel Vázquez Burgos. Ha desarrollado casi toda su carrera en Unespa, donde actualmente es director de Análisis y Estudios.


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