El pasado 19 de septiembre tuve que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputado. ¿El delito? Participar en la lucha por la mejora de un sistema de protección de menores que hace aguas por todas partes y denunciar públicamente las irregularidades y vulneración de derechos que se cometen en los llamados centros terapéuticos de protección de menores, especialmente en los centros gestionados por la Fundación O’Belen.
En estos centros destinados al internamiento de menores supuestamente afectados por un trastorno de conducta pero que no han cometido ningún delito, se ordenan privaciones de libertad sin tutela judicial, se utilizan celdas de aislamiento y se producen vejaciones de todo tipo, según han denunciado entre otros el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional. Incluso ha intervenido el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, alarmado por las situaciones que se viven en los centros de menores del Estado español.
Finalmente, tras todas estas denuncias y una movilización social sostenida, varios de los centros de O’Belen fueron clausurados y su presidente, Emilio Pinto, tuvo que dimitir. Se produjeron cambios normativos a nivel interautonómico (como la elaboración de un nuevo protocolo para este tipo de centros, aunque no es de obligado cumplimiento) y en Castilla-La Mancha estos menores pasaron a ser atendidos directamente por la administración. Incluso se iniciaron trámites legislativos en el Parlamento para garantizar que se respetan los derechos de los menores, pero estos cambios se han visto paralizados y revertidos tras la llegada al poder de Cospedal y Rajoy.
Basta de acoso
Mi imputación se produce tras la denuncia interpuesta por Javier San Sebastián (actual presidente de O’Belen) y Paloma Martín (exgerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y actual directora general de ordenación e inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid), en la que también se ha personado la Comunidad de Madrid. Esto se produce tras la oleada de demandas contra mi persona interpuestas por gente vinculada a O’Belen, por lo que ya he tenido que personarme unas veinte veces en juzgados de Móstoles, Madrid y Guadalajara. La mayoría de los denunciantes tuvieron la desvergüenza de ni siquiera presentarse.
Acudí a declarar arropado por las decenas de personas que secundaron la concentración de apoyo frente a los juzgados convocada por la Federación de Enseñanza de CCOO. Durante la misma, los compañeros del Sindicato de Estudiantes repartieron un panfleto donde exigían el archivo de la causa, el fin del acoso contra los trabajadores que denuncian irregularidades y el fin de los malos tratos y vulneración de derechos en los centros de menores. También participaron en la concentración representantes del SOMOS (Socialismo Mostoleño) y de colectivos que trabajan por la inclusión social efectiva en los barrios de los chavales con problemas, como Raíces.
Ahora toca esperar la decisión del juzgado de instrucción y seguir luchando por el establecimiento de mecanismos eficaces de protección social de las personas más vulnerables, lo que inevitablemente pasa por acabar con la privatización de recursos y los recortes en servicios sociales. Los sindicatos de clase tienen que ponerse a la cabeza de la lucha por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad. Porque sí se puede, como han demostrado los compañeros del grupo municipal de IU en Villaverde del Río en Sevilla: basándose en la democracia obrera, han municipalizado el servicio de Ayuda a Domicilio, mejorando tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales, al eliminar al empresario que lo gestionaba.
