¿A qué esperan los dirigentes de CCOO y UGT para convocar una nueva huelga general?

A mediados de septiembre el gobierno de Rajoy dio un nuevo paso en su política de ataque a las condiciones de vida de la clase trabajadora, fijándose esta vez como objetivo la bajada sistemática de las pensiones a lo largo de los próximos diez años. Con un cinismo absoluto la ministra Fátima Báñez ha presentado esta reforma como una garantía de que “las pensiones subirán siempre” y que a partir de ahora ningún gobierno las podrá congelar.

Esto es completamente falso. De entrada, ella misma reconoció la dureza del recorte (presentado como “ahorro”) al cuantificarlo en alrededor de 4.000 millones de euros anuales durante los próximos nueve años, cifra que en todo caso será realmente muy superior. Teniendo en cuenta los datos económicos de la última década y los mecanismos de cálculo establecidos por el gobierno, con lo que nos encontramos es que los recortes serán de más de 9.000 millones de euros anuales, lo que equivale a que en los próximos diez años las pensiones perderán algo más del 25% de su poder adquisitivo.

Los factores de cálculo

Lo que se persigue con esta reforma es empobrecer aún más a los pensionistas, y garantizar que ese empobrecimiento continúa durante décadas. Para ello, el gobierno del PP plantea introducir en los cálculos de las pensiones dos nuevos factores. El primero es el Factor de Sostenibilidad, que vincula la cuantía de la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida, de tal modo que si, a través de los recortes en sanidad y del deterioro general de las condiciones de existencia de las familias con menores niveles de ingresos, no consiguen acortar nuestras vidas una vez que ya no somos útiles para la explotación, pues nos lo harán pagar colectivamente con una rebaja general de pensiones.
El segundo factor es la sustitución de la vigente revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo por la aplicación de un nuevo Índice de Revalorización que considera otras variables que, como los ingresos en el Sistema de la Seguridad Social, dependen de decisiones que toma el propio gobierno, de manera que se aseguran de que pueden mantener el gasto total en pensiones en la cuantía previamente decidida. Eso sí, para poder proclamar que no hay “congelación”, anuncian una raquítica revalorización del 0,25% anual, que es un insulto a los jubilados. Una pensión de 600 euros se revalorizará en 1,50 euros al mes, cuando el mantenimiento de su capacidad adquisitiva exigiría una subida de 15 euros. La negra nube de la pobreza extrema se cierne sobre varios millones de familias del Estado español.

¿Cuáles son los objetivos del gobierno?

El gobierno proclama que su objetivo es asegurar que el sistema de pensiones sea “sostenible” a lo largo de las próximas décadas, es decir, que pueda financiarse íntegramente con las cuotas de la Seguridad Social. Pero esas cuotas son parte de la masa salarial total y en consecuencia disminuyen en similar proporción a como lo hacen el número de trabajadores con empleo y la cuantía de sus salarios. Por eso, bajo un sistema capitalista incapaz de sostener el nivel de empleo, en un sistema que convierte cada euro detraído al gasto social o a los salarios en un euro que incrementa los beneficios capitalistas, las pensiones no podían ser una excepción.
Y este es el verdadero objetivo del PP: reducir la parte de la masa salarial total que se destina a pensiones para transferir toda esa riqueza a los bolsillos de los potentados. Y como objetivo secundario, difundiendo el temor a una vejez con ingresos miserables, el gobierno intenta fomentar los planes de pensiones privados, para asegurar a la banca uno de sus negocios más rentables cuando otras fuentes de beneficio, como las vinculadas a la especulación inmobiliaria, se han agotado.
La perspectiva dramática que nos dibuja el PP —pocos trabajadores en activo y muchos jubilados— es totalmente engañosa. Los continuos avances de la productividad del trabajo (3,7% de incremento medio anual en los últimos años, según el BBVA) permitirían unas condiciones de vida decentes a toda la población trabajadora. Sin la terrible carga que significa el mantenimiento de los beneficios parasitarios de la burguesía, bajo un sistema socialista que dedique los recursos que hoy atesoran bancos y grandes empresas a crear empleo destinado a satisfacer las necesidades sociales democráticamente decididas, ni las pensiones, ni los salarios ni el gasto social sufrirían amenaza alguna de “insostenibilidad”.

Es necesaria una respuesta contundente

Este ataque no puede coger por sorpresa a nadie. Es parte integral de los recortes del gasto social que la derecha está emprendiendo en todos los ámbitos y, además, es la continuación lógica de la reforma de las pensiones aprobada en abril de 2011, después de un vergonzoso pacto de los sindicatos CCOO y UGT con el gobierno de Zapatero. Ese acuerdo, que según las valoraciones de las direcciones sindicales, “blindaba las pensiones” e incluso “mejoraba la protección social”, no ha tenido otro efecto práctico que atrasar la edad de jubilación a los 67 años y rebajar la cuantía de las pensiones al endurecer las condiciones de cálculo de su importe. Eso sí, al ser pactado con los dirigentes sindicales consiguió debilitar aún más la confianza de los trabajadores en sus organizaciones, como lo demuestra la persistente caída de la afiliación sindical tanto en CCOO como en UGT.
Como reiteradamente hemos señalado, pese a su profundo desgaste, el PP sigue impávido en su política de ataque frontal a la clase trabajadora en todos los frentes porque tiene detrás el apoyo de la burguesía española y europea, que lo animan a aprovechar su mayoría absoluta para llevar lo más lejos posible las políticas destinadas a hacer recaer sobre las espaldas de los trabajadores el coste de la crisis capitalista, quedando en un segundo plano sus efectos electorales. Pero esto sólo es posible porque las políticas de las direcciones sindicales y de la dirección del PSOE operan como una auténtica tabla de salvación para el gobierno, al que proporcionan una y otra vez los balones de oxígeno necesarios para sobrevivir.
Es inaceptable la escandalosa pasividad con la que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT contemplan los despidos masivos, la caída de los salarios o los nuevos recortes del gasto social. Apenas unas declaraciones en la prensa manifestando su desagrado ante las medidas del PP y amargas quejas sobre el poco caso que se hace a los sindicatos. Pero ni una palabra sobre pasar a la ofensiva, ni una palabra sobre poner ya punto y final a las políticas de pacto social que han facilitado la ejecución de los ataques a nuestros derechos y condiciones de vida.
Sólo con una movilización contundente y continuada, que tenga como punto de arranque una huelga general —que ponga sobre la mesa la derogación de todas las contrarreformas y recortes, la dimisión de este gobierno y la convocatoria de elecciones generales que de paso a un gobierno de izquierdas con una política realmente de izquierdas—, se puede poner fin a esta pesadilla. Los jóvenes y trabajadores tenemos la fuerza para hacerlo.