A raíz del terrible accidente ferroviario del pasado 24 de julio en Santiago de Compostela, donde fallecieron 79 personas, entrevistamos a Francisco Rafael González Escudero, secretario General del Sindicato Ferroviario.El compañero explica con profundidad y claridad la relación entre el accidente y la privatización del mantenimiento, así como los planes del gobierno para liberalizar el sector y las artimañas que pretenden emplear para beneficiar a los empresarios.

“La privatización del mantenimiento de las instalaciones de seguridad de esa línea también ha tenido influencia en que el accidente no se evitase”.

“El Sector Ferroviario se encuentra amenazado por las políticas neoliberales del gobierno (…) que permitirán la entrada de operadores privados para que especulen y obtengan pingües beneficios”

El Militante.- Desde el periódico El Militante queremos trasladar todo nuestro cariño y solidaridad a las víctimas del descarrilamiento, a sus familiares y amigos. También queremos trasladar nuestro afecto a todos los trabajadores del sector ferroviario afectados. La Xunta y el Gobierno pretenden acusar al conductor del tren de todo lo sucedido. En nuestra opinión, con independencia de si se produjo una negligencia, hay más factores que explican el accidente (ausencia de sistemas de seguridad adecuados, el trazado, la señalización…). Explícanos, con la información publicada hasta el momento y con tu experiencia como trabajador del sector, qué fue lo que ocurrió.

El sistema ferroviario en el Estado español es uno de los más seguros del mundo y así debería de haber sido también en la curva de Angrois, pero decisiones políticas lo impidieron. La seguridad ferroviaria está basada en sistemas redundantes, de manera que detrás de toda medida de seguridad existe otra que cubre cualquier fallo de la primera y viceversa, de esta manera los sistemas técnicos cubren posibles errores humanos y el factor humano cubre posibles errores técnicos y los sistemas técnicos se cubren entre sí ante posibles fallos, de manera que es imposible un fallo humano o técnico porque siempre hay otro elemento que lo cubre.

Sin embargo, la limitación de velocidad a 80 km/hora de la curva de Angrois tan solo tenía como protección la atención del maquinista, de manera que si, por cualquier circunstancia, esta se ve alterada, no existía nada que impidiese el fatal desenlace. Esa es la base fundamental del accidente, y sobre eso debe basarse la investigación, para determinar por qué estaba en esas condiciones de circulación una línea de nueva construcción, en pleno siglo XXI y con la multitud de sistemas de seguridad existentes y que, de haber estado instalados, hubiesen evitado el accidente.

La investigación debe llevarse hasta sus últimas consecuencias, averiguando quién decidió que la línea había que inaugurarla en esa fecha, y presionó para que se hiciese lo necesario para cumplir los plazos.

Por otro lado, la privatización del mantenimiento de las instalaciones de seguridad de esa línea también ha tenido influencia en que el accidente no se evitase. Las empresas privadas tienen en el primer lugar de sus objetivos la obtención de beneficios económicos, por lo que se ajustan a lo establecido en su contrato y no se preocupan de otras circunstancias, sin embargo, si ese tramo hubiese estado mantenido por el personal de ADIF, cuya prioridad es la garantía de la seguridad, se hubiese detectado la carencia de la línea y hubiese sido corregida de inmediato. Por tanto, también debería de averiguarse quién decidió esa privatización y evaluar su cuota de responsabilidad en el accidente.

EM.- ¿Cuales son las condiciones laborales en el sector? ¿Cómo están afectando los recortes sociales? ¿Cómo están afectando al empleo y a las condiciones de trabajo el cierre de estaciones y los intentos de privatización de RENFE?

FRGE.- El Sector Ferroviario se encuentra en estos momentos amenazado por las políticas neoliberales del gobierno. Sobre la mesa tenemos una agenda del Ministerio de Fomento que pretende liberalizar el sector, permitir la entrada de operadores privados para que especulen y obtengan pingües beneficios a costa de un derecho fundamental como el de la libre movilidad y poniendo en grave peligro el papel vertebrador del territorio que debe tener el ferrocarril, así como la calidad y la seguridad que solo desde una visión de prestación de servicio a la sociedad se puede dar, siendo la empresa pública la única garante de estas cuestiones.

Pero si grave es la pretensión de liberalizar el transporte ferroviario, más grave aún es cómo se pretende hacerlo. Por un lado quieren poner el patrimonio público al servicio de las empresas privadas, planteando la creación de una empresa de alquiler de vehículos ferroviarios que pondrá a disposición de los operadores privados los trenes comprados con el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, por un módico precio y evitando así que quienes quieren obtener beneficios del ferrocarril tengan que realizar una costosa inversión en comprar trenes. Por otro lado, quieren desmembrar las empresas públicas, ADIF dividiéndola en Red convencional y Alta Velocidad, para poner las líneas de alta velocidad construidas con el dinero de toda la ciudadanía al servicio de la empresa privada, concesionando su explotación para que empresas privadas se lucren explotando un patrimonio que es de todas y todos.

En el caso de RENFE pretenden dividirla en 4 sociedades anónimas (Viajeros, Mercancías, Talleres y Alquiler de Vehículos Ferroviarios) con capital 100% público pero listas, las cuatro empresas, para ser vendidas a los amigos de los poderosos.

El futuro del ferrocarril público está en peligro y con ello la seguridad en el ferrocarril, al permitir que, en un modo de transporte estratégico para cualquier estado, se priorice la obtención de beneficios económicos por encima de la seguridad, la calidad y la vertebración territorial.

EM.- ¿Se pudo haber evitado el accidente?

FRGE.- El accidente no debería de haber sucedido nunca si el trazado de la línea se hubiese ajustado a los criterios de seguridad redundante establecidos en todo el ferrocarril del estado español, pero espurios intereses políticos y partidistas primaron sobre la ejecución de la obra de construcción de la línea.

EM.- ¿Quieres añadir algo más?

FRGE.- Desde el SF-Intersindical nos gustaría que la sociedad tomase conciencia de la necesidad de defender el ferrocarril público y social como un servicio público para el conjunto de la ciudadanía y que es imprescindible su defensa frente a quienes quieren hacer negocio con algo que es de todas y todos los ciudadanos del Estado.