“El derecho a huelga se consigue haciendo huelgas; el derecho de reunión, reuniéndose; el derecho de asociación, asociándose; y todos estos atributos de la libertad, es únicamente la acción de las masas la que puede acabar imponiéndolas”  Marcelino Camacho

El gobierno del partido de la patronal, los banqueros, los caciques, los corruptos y demás parásitos, está intentando imponer su programa de involución social, tratando de devolvernos a las condiciones de vida de su añorada década de los 50. Con la LOMCE pretenden volver a las aulas franquistas. La reforma laboral ha reforzado todavía más la dictadura patronal en las empresas. Y ahora también quieren echarnos de las calles. Ya se ven alzando las pezuñas cara al sol como en los buenos tiempos.

Reforma del Código Penal y nueva Ley de Seguridad Ciudadana

La burguesía es consciente de que para arrebatarnos los derechos sociales y las libertades democráticas que conquistó el movimiento obrero en lucha contra la dictadura, primero tiene que derrotarnos. Para lograrlo han apostado por aumentar la represión, que intentan justificar a través de la criminalización de la protesta, utilizando para ello a la Brunete mediática (la campaña de difamación permanente contra los sindicatos forma parte de esta estrategia).

El aumento de la represión en los últimos años es una realidad palpable. Casos de brutalidad policial, la cascada de multas para ahogar económicamente a los movimientos sociales, la detención de sindicalistas o la criminal persecución que está sufriendo el SAT dejan constancia de ello. Incluso la OSCE ha incluido al reino de España en la lista de países con libertades restringidas, junto a Uzbekistán o Kosovo. Pero como todavía quedan ciertas garantías democráticas (por ejemplo, muchas de las multas impuestas al 15-M han sido tumbadas en los juzgados), los demócratas de toda la vida se han puesto manos a la obra para eliminarlas. Fruto de este trabajo de cloaca surgen las propuestas de reforma del Código Penal y de nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

La trampa consiste en eliminar las faltas del Código Penal, convirtiendo algunas en delito y pasando a perseguirse vía administrativa las demás. Y de paso, se inventan nuevos delitos e infracciones. Por ejemplo, el nuevo Código Penal considerará delito la resistencia pasiva, la ocupación pacífica de locales públicos o privados y difundir convocatorias a través de las redes sociales. Además, será un agravante cometer delitos contra el orden público en una manifestación o reunión numerosa (ver El Militante nº 276).

Aún más descarado es el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, hecho a la medida de los movimientos sociales (como los trajes a Camps). En primer lugar, al perseguirse vía administrativa las infracciones, desaparecen las garantías procesales que conlleva todo procedimiento judicial. De esta forma, la Administración pasa a ser juez y parte, quedando el ciudadano en una situación de completa indefensión. En segundo lugar, se proponen sanciones tan desproporcionadas que arruinarían de por vida al represaliado. Y por último, sólo hace falta ver qué conductas serán infracciones para entender las verdaderas intenciones del Ministerio del Interior:

· Serán infracciones muy graves (multadas con entre 30.001 y 600.000 euros): grabar y difundir imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad; la perturbación del orden en actos públicos; las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado; las concentraciones no comunicadas ante infraestructuras críticas; los escraches.

· Serán infracciones graves (multadas con entre 1.001 y 30.000 euros): alterar el orden público encapuchado; amenazar o insultar a los agentes de las fuerzas de seguridad; obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres; escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse de los mismos.

Tampoco han desaprovechado para aumentar la recaudación y ahondar en la respuesta punitiva a problemas sociales (hasta 30.000 euros de multa para el botellón, la conducción de cundas o la tenencia ilícita y el cultivo de estupefacientes aunque no sea para traficar). A estas dos reformas, hay que sumarles las ordenanzas municipales de muchos ayuntamientos que ya sancionan duramente el reparto de panfletos, la pegada de carteles, hacer pintadas, coger comida de la basura, etc. Y no olvidemos que ya hay alcaldesas que rebuznan contra el derecho a huelga.

Todo indica que están preparando el aparato del estado para la represión a gran escala. Pero esto no refleja fortaleza de la derecha, sino miedo y debilidad. De hecho, la contestación social es cada vez más fuerte y está dando sus frutos. Gracias a la movilización social, la privatización de la sanidad madrileña está paralizada, la LOMCE no se ha aplicado este curso y se ha reactivado el tejido social de los barrios (15-M, PAH, comités de parados, Red de Solidaridad Popular, etc.). Por otro lado, los conflictos laborales que estallan se están radicalizando y politizando, como demuestran las luchas de Navantia y la huelga de limpieza viaria y jardinería de Madrid, que ha terminado en una gran victoria que puede suponer un punto de inflexión en las luchas obreras. Y ésta es precisamente la única manera de frenar la represión: organización, solidaridad y lucha. Ya tumbamos vuestra dictadura y podríamos volver a hacerlo. Pero no hará falta. Esta vez no pasaréis.