El gobierno del PP ha demostrado una vez más su carácter reaccionario y su desprecio absoluto por la vida de los miles de inmigrantes africanos que cada año intentan cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla en busca de un futuro mejor. Además del endurecimiento de las leyes antiinmigración o de privarles del derecho a asistencia sanitaria pública, ahora el gobierno ha dado un paso más. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, responsable también del infame proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, anunció la instalación en la frontera de Melilla de alambre con cuchillas, conocidas como concertinas.
Nada extraño si tenemos en cuenta los antecedentes personales y políticos de un ultrarreaccionario como Jorge Fernández Díaz. Hijo de un militar franquista que en los años sesenta fue el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, es conocido por su ferviente militancia católica. Ayudó a crear la asociación Familia y Dignidad Humana, que forma parte del lobby antiaborto, incluso hace unos meses llegó a comparar el aborto con ETA. Es también uno de los firmantes del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de matrimonio homosexual porque “no garantizaba la pervivencia de la especie”. Por no hablar del uso que ha hecho de la represión policial desde que llegó al cargo. Basta con recordar la brutal intervención policial en la manifestación del 25-S y su posterior felicitación a la “policía que actuó extraordinariamente bien”. Su defensa del franquismo quedó en evidencia cuando apeló a la “libertad de expresión” durante la polémica por la publicación del Diccionario Biográfico Español que ensalzaba la figura de Franco. La misma “libertad de expresión” que ahora pretende asfixiar en nombre del “estado de derecho”.
‘Erosiones superficiales’
El anuncio de la instalación de las concertinas ha recibido un aluvión de críticas, no sólo procedentes de asociaciones de derechos humanos o de inmigrantes, sino incluso de los sindicatos policiales que expresaron sus dudas sobre la efectividad de esta decisión ya que no evitaría que los inmigrantes continuaran saltando la valla. Ante las críticas, el ministro dijo que “sólo producen erosiones leves y superficiales” y que es “difícil de entender” que “particulares e instituciones empleen este sistema para proteger propiedades privadas” y que el Estado “no pueda utilizarlo para proteger sus fronteras”. Más escandalosa, si cabe, ha sido la actuación del presidente del Gobierno, pidiendo un informe a Interior porque: “no sé si pueden producir efectos sobre las personas”, para a continuación señalar con todo el cinismo del mundo que “todos los accidentes que ha habido hasta ahora han sido por saltar la valla”.
Parecen olvidar que en 2009 un inmigrante murió en la valla de Ceuta desangrado tras seccionarse una arteria con las cuchillas. De hecho, en 2006 se retiraron de la valla de Melilla por las graves heridas que provocaban a miles de inmigrantes cuando intentaban cruzar la frontera.
El PSOE rápidamente ha mostrado su oposición a esta medida, pero en este caso no puede dar ninguna lección de moralidad, su posición resulta hipócrita si tenemos en cuenta que fue el gobierno de Zapatero el que aprobó el 14 de octubre de 2005 “por vía de urgencia” la instalación de bayonetas y concertinas en las dos fronteras.
