El 13 de noviembre de 2013 tuvo lugar una reunión de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 con la ministra de Fomento, con el fin de trasladarle sus reivindicaciones. En el comunicado de valoración de dicha reunión, la Plataforma denunció sentirse engañada por Ana Pastor. La ministra se negó a la formación de una comisión de investigación parlamentaria para aclarar toda la verdad sobre aquel trágico accidente en el que murieron 81 personas y quedaron heridas 130.

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PLATAFORMA VICTIMAS ALVIA 04155

La Plataforma Víctimas Alvia 04155, como afectados directamente por el accidente y como ciudadanos españoles, manifestamos cuáles son nuestras reivindicaciones concretas ante el Ministerio de Fomento, al margen del proceso judicial que sigue su curso de forma independiente.

Estas reivindicaciones se basan en tres principios fundamentales:

1º.- El derecho a conocer todos los datos en torno al accidente, que ha costado la vida a 81 personas  y ha dejado heridas, algunas con graves lesiones, a 130 y la obligación del Gobierno de ser transparente con sus ciudadanos, tal como corresponde a una democracia.

2º.- La asunción de responsabilidades por parte de todos los cargos, políticos o técnicos, en base al puesto que ocupan o hayan ocupado relativo a la seguridad de los viajeros en la línea en que se produjo el accidente.

3º.- La obligación de la clase política y especialmente del Gobierno de ejercer como verdaderos representantes de los ciudadanos, en este caso de las víctimas, investigando en el lugar de representación de todos, con luz  y taquígrafos, todas las circunstancias que han favorecido, intervenido o propiciado el trágico accidente.

Por todo ello, nuestras reivindicaciones son las siguientes:

1º.- Crear una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia para poder conocer la verdad y depurar todas las responsabilidades políticas

Esta exigencia tiene su base en una serie de declaraciones contradictorias realizadas por distintos responsables y que se han demostrado falsas:

• El exministro de Fomento, José Blanco, acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, inaugura la Línea de Alta Velocidad A Coruña-Santiago de Compostela-Ourense el 10 de diciembre de 2011, destacando en su nota de prensa “ el incremento de la seguridad mediante el uso de tecnologías punta en los sistemas de conducción automática de trenes”. Y, tras el accidente RENFE y ADIF, responsabilizan sólo al maquinista, mientras a los viajeros nos ocultaron que nuestra seguridad, en un tren que podía alcanzar los 250 km/hora, solo dependía de la pericia de una persona.

• Después del accidente, el 26 de julio, el Presidente de RENFE, Julio González Pomar, declara que “no es un accidente de la alta velocidad española”.

• En la grabación del tren siniestrado el maquinista repite en varias ocasiones “Ya lo dije a seguridad, que esa curva era peligrosa.”

• Dado que las empresas implicadas (RENFE y ADIF) forman parte de la estructura del Ministerio de Fomento y sus Presidentes son cargos nombrados por el ejecutivo, existen claramente responsabilidades políticas.

• Hay 81 fallecidos y 130 heridos, algunos con gravísimas lesiones, en el accidente ferroviario más grave en los últimos 40 años, lo que, por respeto a las víctimas,  requiere una investigación política.

• El Congreso de los Diputados es la representación del pueblo español y el Parlamento de Galicia la del pueblo gallego.

• La negativa, por parte del Gobierno, a que se lleve a cabo dicha Comisión de Investigación nos hará deducir a las víctimas y al resto de la opinión pública que existen aspectos que se desean ocultar.

2º.- Solicitar una Comisión de Investigación Técnica formada varios peritos (al margen de la pericia judicial), que se demuestre es verdaderamente independiente, pagada por el Ministerio de Fomento y aceptada previamente por las víctimas.

• Esta Comisión Técnica ha de ser auténticamente independiente, tal como señala la normativa europea, por lo que deberán excluirse todos aquellos que formen parte del Ministerio (funcionarios o cargos), ya que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo.

3º.- Modificar el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI), que resulta absolutamente ridículo y desfasado después de 24 años desde que se aprobó.

4º.- Que las víctimas de accidentes colectivos gocen de los mismos derechos que las víctimas del terrorismo, ya que ambas somos víctimas inocentes y las pérdidas y el sufrimiento es el mismo.

5º.- Que se lleve al Congreso de los Diputados una Ley sobre Responsabilidad Civil que prevea multas millonarias para las empresas, públicas o privadas, cuando ocurran accidentes, de manera que para dichas empresas resulte más rentable gastar en seguridad que tener que pagar las indemnizaciones, tal como ocurre en otros países como Estados Unidos.

6º.- Que la Oficina de RENFE, responsable del accidente por el mero hecho de transportar al pasajero, tal como estable la normativa de la OTIF y de la Unión Europea, de solución en un máximo de 48 horas a todos los problemas sanitarios, administrativos o legales que tengan cada una de las víctimas como consecuencia del accidente, haciéndose cargo inmediato del coste de los mismos.

7º.- Que le Ministerio de Fomento de contestación de forma inmediata a todas las preguntas de las víctimas sobre el accidente, al margen de la vía judicial, ya que somos los directamente afectados por la tragedia y tenemos derecho a ello.

COMUNICADO DE PRENSA SOBRE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN "PLATAFORMA VÍCTIMAS DEL ALVIA 04155" CON LA MINISTRA DE FOMENTO

¡ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MENTIRAS!

Las víctimas nos sentimos engañadas por la Ministra Ana Pastor:

- No es cierto que exista ya una comisión en el Parlamento tal y como nos aseguró.

- Ni el Ministerio, ni Adif, ni Renfe están colaborando con la justica, tal y como nos informó la ministra, ya que ayer mismo el Juez Alaez criticó en su auto los “silencios” de Adif y Renfe.

Ayer, día 13 de noviembre de 2013, tuvo lugar una reunión de la Asociación "Plataforma Víctimas del Alvia 04155" con la Ministra de Fomento con el fin de trasladarle nuestras justas reivindicaciones.

La Ministra, aunque aparentemente mostró una postura colaboradora, se negó a atender la reivindicación más importante para nosotros, que era la creación de una Comisión Parlamentaria para investigar las responsabilidades políticas a que hubiera lugar en el citado accidente. Argumentó que ya existían dos comisiones: una comisión parlamentaria para analizar el sistema ferroviario y una comisión de investigación de accidentes ferroviarios que, según nos dijo, era completamente independiente.

Sin embargo hoy, al informarnos sobre quién formaba parte de las citadas comisiones y cuál era su funcionamiento, hemos averiguado lo siguiente:

1º.- Que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es una comisión cuyos miembros (un presidente, cinco vocales y un secretario) están todos nombrados por el Ministerio de Fomento y su sede se encuentra en el propio Ministerio de Fomento, tal como indica su propia página web, aunque hay un detalle que se les ha "olvidado" poner y es el nombre de sus miembros. Y, naturalmente, nosotros nos preguntamos: ¿una comisión nombrada por el Ministerio puede hacer informes que vayan en contra de quien los ha nombrado?. Es realmente difícil de creer.

2º.- La otra comisión a la que se refirió la Ministra no es una comisión sino una subcomisión parlamentaria para el estudio y análisis del sistema ferroviario español, no sobre el accidente de Santiago en concreto y está formada por 15 miembros: 4 del PP, 3 del PSOE, 2 de Izquierda Plural, 2 de CIU, 2 del Grupo Mixto, 1 del PNV y 1 de UPyD.

Pero lo peor de este caso es que hay una solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de creación de una subcomisión para el estudio y análisis del accidente ferroviario ocurrido el 24/07/2013 en Santiago de Compostela, así como para la mejora de la seguridad ferroviaria (num. expte. 158/36), que no prosperó por la negativa de la mayoría absoluta del Partido Popular. Ese dato no nos lo facilitó la Ministra.

También se nos dijo que el Ministerio, Renfe y Adif estaban colaborando con total transparencia y diligencia con la justicia. Sin embargo, al día siguiente de oír estas palabras por parte de la ministra, el Juez Luis Aláez se queja en su auto de los informes técnicos remitidos por Renfe y Adif.

Tampoco hubo respuesta por parte de la Ministra a algunas preguntas concretas como:

• Sobre la nota de prensa que sacó el propio Ministerio de Fomento en la anterior legislatura en relación a la alta velocidad y la afirmación en dicho comunicado de que los sistemas de conducción automática estaban instalados en la línea accidentada, cosa que se ha demostrado era falsa.

• Sobre los 164 millones de euros, de los impuestos de todos los ciudadanos, gastados en el sistema ERTMS y que nunca funcionó porque eran incompatibles los sistemas informáticos instalados en los trenes y en las vías.

Es cierto que la Ministra se comprometió a resolver los problemas sanitarios y administrativos que cada una de las víctimas tuviera a título particular, ya que han existido numerosas dificultades con los seguros, así como a revisar el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI), cuyas coberturas son absolutamente insuficientes, ya que se encuentra regulado por un Real Decreto de 1989.

Pero esa "buena intención", que por otra parte no es más que una obligación legal y humana, queda totalmente eclipsada cuando descubrimos la clara intención de engañarnos en algo esencial para nosotros: conocer las causas reales del accidente y las responsabilidades de los altos cargos.

Esta plataforma, por la dignidad de sus miembros y por respeto a sus muertos, queremos saber con exactitud todo lo que ha pasado, queremos que todos los ciudadanos conozcan los nombres y apellidos de los  responsables de esta tragedia y no estamos dispuestos a tolerar NI UNA MENTIRA MÁS.

Sra. Ministra, los 81 muertos y los 130 heridos tenemos derecho a ello.

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Teléfonos de contacto: 676 39 57 31/ 671 57 64 23/ 600 07 52 77