El sector postal español se encuentra totalmente liberalizado desde la aprobación de la Ley Postal 2010, hija aventajada de la III Directiva Postal de la Unión Europea; esas sacrosantas directivas con las que la burguesía europea se está llenando los bolsillos a base de acabar con los sectores públicos. Con su puesta en marcha, la mayor empresa pública del Estado español, Correos, pierde el monopolio que ostentaba sobre una amplísima cantidad de productos postales (notificaciones administrativas, giros, etc.).
Entre otras lindezas, la Ley Postal permite el acceso gratuito de los operadores privados a la red pública (los trabajadores públicos llevamos productos postales de estas empresas); fija unas tarifas para Correos mientras a los privados se les permite depreciarlas sobre la base del dumping laboral, y obliga a la empresa pública a ser el único prestador del Servicio Postal Universal (SPU). Esto último significa que está obligada a llegar a todos los buzones del territorio cinco días a la semana y con rigurosos tiempos de entrega que de no ser cumplidos acarrean sanción de la UE. La obligación por parte de los operadores privados respecto a Correos, por ser este el prestador del SPU, se limita a la aportación de un ridículo 1% de sus beneficios si estos superan los 50.000 euros; fácilmente sorteable cuando se trabaja a base de franquicias y subrogación de empresas.
Por si la Ley Postal no significase suficiente ataque contra el operador público en beneficio de los privados, el Gobierno del PP, al servicio de los empresarios, se encarga de hacer el resto. Por un lado, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha convertido a Correos en la empresa más multada tras Telefónica (muy por encima de las eléctricas o las petroleras, con problemas de competencia más evidentes y graves que los de Correos). Por otro lado, desde el Gobierno se está impulsando la sustitución de la factura física (carta) por la electrónica, sustitución que no beneficia en nada a los ciudadanos (internet solo llega a un 60%) sino a los planes de ahorro de los grandes clientes (el correo de 189 de ellos significa el ¡85% de la facturación de Correos!). Y qué decir de la “neutralidad” que la Administración está teniendo a la hora de volver a adjudicar contratos (los últimos los de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social) a operadores privados como Unipost, que han demostrado reiteradas veces que no tienen capacidad para cumplirlos.
Y mientras esto ocurre los voceros de la derecha, como El Mundo, a base de mentiras y al servicio de determinados intereses empresariales van creando en sus páginas la opinión de que Correos es una rémora para la economía nacional.
Plan estratégico
Estos descarados ataques al operador público en beneficio de los lobbies privados muestran las intenciones del gobierno respecto a la mayor empresa estatal: su privatización.
De la mala situación económica de la empresa (consecuencia de su nefasta gestión), que ha dado pérdidas en 2012 y que espera un raquítico beneficio para 2014, se puede deducir que su venta no se producirá mañana. Antes hay que hacerla atractiva a futuros inversores saneándola con dinero público para después trocearla. De ahí la “sorpresiva” inyección estatal de 318 millones de euros este año y de 518 millones más para 2014 en concepto de deuda acumulada por la prestación del SPU.
Y con ese mismo objetivo nace el Plan Estratégico presentado recientemente por la dirección de la empresa a bombo y platillo: llevar a cabo una total reconversión de Correos a la vez que se intenta conseguir cuota de mercado en la paquetería (segmento del mercado postal con más futuro y donde Correos ostenta una ridícula cuota del 4%).
Desde la puesta en marcha de este plan de “viabilidad” se ha podido apreciar un notable incremento de la destrucción de puestos de trabajo con la consiguiente pérdida de calidad en el servicio; se han sacado a subasta con una consultora externa 112 inmuebles (extraña actitud la de vender patrimonio cuando se nos dice que vamos a crecer) y se ha iniciado un proceso de cierre de oficinas y de centros de tratamiento automatizado del correo. Ni más ni menos que el mismo camino que ha recorrido el Royal Mail británico y que ha finalizado hace unos meses con su salida a Bolsa tras el despido de miles de trabajadores y el cierre de miles de oficinas.
Degradación del servicio
y de las condiciones laborales
Sus consecuencias tanto para trabajadores como para usuarios serían terribles. No tenemos que ir muy lejos para comprobarlo. Unipost, la otra gran empresa postal (privada) dedicada al correo tradicional (no a la paquetería), amenaza actualmente a su plantilla con un cuarto ERE en un tiempo récord en su corta existencia. La última propuesta de la empresa consiste en 500 despidos (sobre una plantilla de 2.600 trabajadores y 2.000 subrogados), rebaja salarial del 10%, movilidad forzosa sin indemnización, conversión sin límite de jornadas completas a parciales con reducción salarial y cargarse el actual convenio de empresa pasando al de Entrega Domiciliaria, hecho que supondría un recorte de hasta un 30% del salario.
La pérdida continua de contratos por parte de Unipost al incumplir los plazos de entrega habla por sí solo del tipo de servicio que se ofrece cuando lo único que se persigue es el beneficio económico.
Estas mismas serían las consecuencias inmediatas de la privatización de Correos: la sobreexplotación de sus trabajadores con pérdidas salariales y de derechos y la drástica caída en la calidad del servicio. El impacto que sufrirían las zonas rurales, deficitarias por naturaleza desde un punto de vista empresarial, sería un auténtico desastre.
Y es que no son nuevas las “bondades” de la liberalización de sectores estratégicos de la economía y la privatización de las grandes empresas públicas. Ejemplos harto elocuentes los encontramos en el sector eléctrico y en el de las telecomunicaciones. Todos los beneficios prometidos a los ciudadanos se han quedado, tras su venta a precio de saldo al gran capital, en un empeoramiento del servicio y un escandaloso aumento de los precios; basta ver las facturas del teléfono, la luz o el agua, que se llevan buena parte de nuestros salarios. Quienes se benefician realmente son las empresas compradoras y los políticos que impulsan estos procesos y que acaban en sus consejos de dirección con salarios astronómicos en pago a los servicios prestados.
Enorme potencial de lucha de la mayor plantilla estatal
Los trabajadores a través de la lucha organizada debemos de echar atrás las liberalizaciones de los sectores estratégicos, para así poder disfrutar de servicios públicos baratos, de calidad y con condiciones dignas de trabajo. En el sector postal mantener a Correos como una empresa pública no es suficiente para ello. El Correo francés (La Poste) lo es y además ha recibido fuertes inversiones estatales que han logrado ganar cuota de mercado en el terreno de la paquetería a un ritmo acelerado; pero, a la vez, ostentaba hace dos años un número de suicidios entre sus trabajadores superior a la tristemente famosa France Telecom. Esta situación es producto del incremento de los ritmos de trabajo y del ataque a las condiciones laborales que el operador público se ve “obligado” a realizar para competir con el resto de operadores privados que tiran los precios en base a la precariedad de sus trabajadores: subrogados con convenios lamentables, autónomos que trabajan de sol a sol, etc.
Por eso el monopolio estatal se convierte en necesario para conseguir un buen servicio, barato y realizado dignamente. Además, sólo con el control obrero por abajo se podrá atajar la corrupción, los privilegios y la mala gestión burocrática.
Los trabajadores de Correos debemos recuperar el terreno perdido y hacer frente a los ataques que ya estamos sufriendo y que se irán incrementando más pronto que tarde. No podemos consentir que con la excusa de hacernos más competitivos pisoteen nuestros derechos y salarios. La empresa no se vende, se defiende. El potencial de lucha de la mayor plantilla estatal (54.000 trabajadores según la SEPI, actual propietario), con implantación en todo el territorio es absolutamente demoledor; y lo podemos multiplicar exponencialmente si nos unimos al resto de empleados públicos, porque la lucha es la misma: la defensa de unos servicios públicos y de calidad para toda la población.
¡Correos se salva luchando!
