La Generalitat, igual que muchos ayuntamientos (varios, entre ellos el de Gandía, el tercero de la provincia de Valencia, han quebrado), vive permanentemente en el filo de la navaja. El 28 de enero se hizo público el dato del cumplimiento del déficit hasta noviembre pasado; el límite impuesto por Hacienda es del 1% del PIB, pero la Generalitat dobla ese porcentaje. De hecho, es la segunda comunidad autónoma más deficitaria, después de Murcia. Y es el tercer año consecutivo de incumplimiento. El Consell deberá recortar aún más los presupuestos de este año, en mil millones de euros, para llegar al objetivo. Fabra ya ha anunciado que, sin una ayuda adicional de 1.500 millones desde el Ministerio de Hacienda, será imposible cuadrar las cuentas.
Las dramáticas consecuencias de la crisis, el paro y los recortes no dejan de crecer. El servicio público de empleo ha gastado un 10% menos en 2013 que en 2012, gracias a aumentar en 22.000 personas la cifra de desempleados sin prestación (suman 250.000, el 54% del total de parados valencianos). 200.000 inmigrantes subsisten sin asistencia sanitaria pública. Mil personas malviven en las calles. Y nada menos que un millón de valencianos (casi uno de cada cinco) vive por debajo del umbral de la pobreza, según la asociación Gestha (técnicos del Ministerio de Hacienda); el número ha crecido un 50% en seis años. Mientras esto ocurre, nueve valencianos afortunados se sitúan en la lista de los cien españoles más ricos; estos tipos acumulan unos 11.000 millones de euros, un 10% del PIB valenciano. Sólo con ese dinero se podría duplicar el presupuesto actual de la Conselleria de Sanitat, o triplicar el de Educació…
La corrupción, sólo una parte del saqueo
Las externalizaciones; las subvenciones escandalosas y avales a Terra Mítica, a los clubs de fútbol (unos 400 millones) o a Ford (y a innumerables intermediarios); los 72 millones pagados a Ecclestone (como compensación por no celebrar en 2013 y 2014 la Fórmula 1 en Valencia); todo eso será o no legal, o corrupción, pero sí es un saqueo descarado, de clase, al patrimonio (y a las condiciones de vida) de la clase obrera.
En estos momentos se celebra el juicio del exconseller de Cooperació, Rafael Blasco, acusado de desviar fondos de la cooperación a operaciones inmobiliarias. De hecho, el pago de seis millones de euros a la red Gürtel, con la excusa de la visita papal a Valencia, y la inminente investigación al respecto en los archivos de RTVV, fue un poderoso argumento para la liquidación sin piedad del ente de comunicación pública.
Alberto Fabra, que se presentó como adalid de la limpieza y la honradez, tiene un grupo parlamentario que sigue cobijando a diez imputados por corrupción, empezando por Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante (por el caso Brugal). Y Camps y Rita Barberà (alcaldesa de Valencia) pueden ser imputados en cualquier momento… Ante recientes denuncias, el president ha emprendido una caza de brujas en el mismo Palau de Manises. Los funcionarios del Departament de Contabilitat están siendo sometidos a exhaustivos interrogatorios para averiguar quién es el topo que difunde informes internos. Un método macartista que refleja bien el nerviosismo que afecta al entorno fabrista…
Ambiente general de oposición y rabia
El cierre de Canal Nou y Ràdio Nou ha sido un hito en el desgaste pepero. La desaparición del ente no es sólo el cierre de una empresa pública y el despido de 10.000 trabajadores (entre directos e indirectos), es también la desaparición de un símbolo de la autonomía conquistada en la transición, y de uno de los principales medios vehiculares del valenciano (nombre tradicional dado aquí al catalán). Hoy, tras el cierre de RTVV, de los repetidores de TV3, y (hace poco) de los de Catalunya Ràdio, no existe ningún medio de importancia, escrito o audiovisual, en la lengua oprimida. No es de extrañar que el 64% de la población rechace el cierre, incluyendo la mitad de los votantes del PP.
La dirección de los grandes sindicatos (CCOO, UGT e Intersindical) conscientemente no ha jugado el papel de fomentar la lucha obrera, de extenderla, y de hacerla confluir con movimientos combativos. De esta forma ha impedido (de momento) que toda la rabia ante esta política antiobrera y antisocial se exprese con toda su enorme fuerza potencial en la calle.
Actualmente todos los sondeos indican la pérdida de mayoría absoluta del PP (con un descenso en votos ¡de hasta el 50%!, una bajada menor (pero no por ello menos significativa) del PSOE y un fuerte aumento del voto a las dos opciones más a la izquierda: Compromís y Esquerra Unida. La expectativa de desalojar al PP del Palau de Manises (a través de un acuerdo entre las tres fuerzas que se reclaman de izquierdas) es alta. El 65% de los encuestados valoran mal o muy mal la gestión del PP.
La ocupación de las instalaciones de Canal Nou por los trabajadores y el control de la emisión durante casi un mes, no sólo dio un vuelco al panorama informativo sino que tuvo un impacto eléctrico en la sociedad. Generó un amplio movimiento de solidaridad con los trabajadores que rápidamente confluyó en la exigencia de la dimisión del gobierno de Fabra. De hecho, si los dirigentes sindicales hubieran convocado una huelga general en la comunidad, unificando todos los conflictos abiertos y rechazando las políticas de recortes sociales, este objetivo hubiera sido bastante factible.
En la Comunidad Valenciana, que antaño fue un bastión del PP, se vive un clima de fin de época. La rebelión contra la represión policial en la conocida como primavera valenciana hace dos años fue un síntoma del profundo malestar social existente que ahora ha vuelto a manifestarse y que sin duda tendrá nuevas y contundentes expresiones en el futuro.
