La trama de corrupción destapada a raíz de la investigación del Instituto Nóos, a través de la cual Diego Torres e Iñaki Urdangarin recibían ayudas públicas multimillonarias de los gobiernos autonómicos balear y valenciano del PP, y que luego desviaban en su propio beneficio a través de un entramado de empresas, ha situado a la corona española en el ojo del huracán de la corrupción política y empresarial.
Tras la escandalosa e insólita “desimputación” de la infanta el año pasado, las investigaciones sobre sus actividades a través de la empresa Aizoon SL (que comparte al 50% con su marido) han proseguido. Y si en aquella ocasión la Audiencia de Palma consideraba que la infanta “no podía tener conocimiento de las actividades ilícitas de la empresa de la que era socia”, ahora el juez Castro afirma en el auto de su segunda imputación que Urdangarin “difícilmente” pudo haber defraudado a Hacienda “sin cuanto menos el conocimiento y aquiescencia de su mujer”. Además, señala que “no consta que ejerciera el menor control sobre la actuación de su marido, sino que hay sobrados indicios de que colaboró activamente con este”.
De esta forma, la infanta se habría beneficiado personalmente de los fondos que irregularmente recibía esta empresa a través del Instituto Nóos. Aunque la empresa Aizoon SL daba pérdidas, se le cargaban gastos personales de los duques: viajes al extranjero, la rehabilitación, decoración y suministros del palacete de Pedralbes (su vivienda en Barcelona), los costes de seguridad social y salarios de los empleados del servicio doméstico. Facturas de 6.600 euros de exclusivos vinos, alquileres de estufas de jardín, libros, flores o relojes aparecen como gastos de esta empresa familiar que supuestamente no tenía ningún beneficio que declarar a Hacienda.
Así, aunque uno de los abogados de la infanta, Jesús María Silva, se despachaba afirmando que “amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles”, con el fin de mantenerla al margen de la trama y de colocar el peso de la responsabilidad exclusivamente en Urdangarin, este “argumento” sólo ha provocado una mezcla de hilaridad e indignación social.
De comparecencia ‘voluntaria’, nada
La defensa —encargada a Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución— ha dado un giro en su estrategia, tratando de presentar a una infanta linchada pública e injustamente, que no tiene nada que ocultar y que, motu proprio, quiere comparecer y aclarar “malentendidos” defendiendo que nunca cometió delito fiscal. En esta línea anunciaron que no recurrirá el auto y que además la infanta comparecería “de forma voluntaria”.
Pero, nada más lejos de la realidad. Los obstáculos y las presiones para evitar esta declaración han sido muchos. El último intento ha sido el escrito presentado por el propio fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, en el que acusa al juez Castro de dejarse llevar “por una teoría conspiratoria, absurda y denigrante para inculpar a la infanta Cristina”. Si bien en esta ocasión el fiscal no ha recurrido, sí ha llamado a declarar a inspectores de Hacienda que sostienen que la infanta no cometió delito fiscal, para ir preparando el terreno. Respecto a la “voluntariedad” en la declaración el propio José Castro respondía que “no se trata de ninguna comparecencia voluntaria, puesto que ya había sido citada por el propio juez” y que “para llamar a una persona a prestar declaración en calidad de imputada, trámite este que por millones se viene llevando a cabo cada día en los juzgados de España (…) se ha precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal”. Es obvio que la justicia no es igual para todos.
Aunque la crisis y los enfrentamientos en el aparato judicial son muy fuertes (y así lo revela el propio hecho de que la infanta termine sentada en el banquillo), todo parece apuntar a que será Urdangarin el único afectado de la Casa Real por el Caso Nóos. No obstante, pase lo que pase con esta declaración, hay un hecho innegable: por más esfuerzos que se hagan en restaurar la autoridad de la monarquía, esta ha quedado tocada de muerte. El descrédito de la monarquía corre en paralelo al de todas las instituciones burguesas y al de un sistema capitalista en crisis que solo beneficia a una ínfima minoría social y que tarde o temprano tendrá el mismo destino: el basurero de la historia.
