Al día siguiente, el 12 de febrero, el director y el jefe de estudios, ambos religiosos, fueron también detenidos. Posteriormente fueron puestos en libertad con cargos por posible encubrimiento del agresor. Según fuentes policiales, el jefe de estudios declaró que sabía lo que había estado ocurriendo y que se lo comunicó al director pero no tomaron ninguna medida. Otro de los encargados de velar por el bienestar de los alumnos de este centro religioso, el psicólogo del Valdeluz, se ha acogido al secreto profesional para no declarar ante la fiscalía.

La Comunidad de Madrid tuvo conocimiento también de esta terrible situación hace seis años. Fue a través del Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil dependiente del Instituto del Menor y de la Familia y de la Consejería de Asuntos Sociales, cuyos especialistas dictaminaron que una alumna había sufrido abusos.

Así pues, muchos lo sabían pero ninguno hizo nada para evitar que estas agresiones se prolongaran durante años, permitiendo que decenas de niñas y jóvenes fueran víctimas propicias de un crimen. Es escalofriante leer las declaraciones de padres que explican como sus hijas perdieron el interés por la asignatura que impartía el presunto agresor, y se resistían a asistir a clases particulares en las que se quedaban a solas con él.

Aunque sea una realidad brutal, los pederastas existen. Puede pasar y pasa, que este tipo de agresores se camuflen entre profesores y monitores, profesionales indispensables para el desarrollo educativo de niños y jóvenes, en busca de víctimas. A su vez, todos damos por supuesto que el rechazo y la consternación que este tipo de actos provoca entre los hombres y mujeres que integramos la población adulta, actúa como un escudo protector que puede limitar al máximo los daños que un crimen de esta naturaleza puede infringir. Pero, no siempre es así.

Defienden embriones mientras pisotean los derechos de los niños

Seguramente, todos los adultos que tenían conocimiento de estos hechos y que, por su posición en el centro de estudios Valdeluz o en la Comunidad de Madrid, estaban obligados a intervenir y no lo hicieron, forman parte del movimiento antiabortista, ese entramado que acusa a quienes defendemos el derecho al aborto y que las mujeres podamos decidir sobre nuestra propia maternidad, de ser inhumanos y egoístas, cuando no de terroristas y asesinos. La defensa de la infancia y el derecho a la vida llega a ser un concepto tan extraordinariamente elástico para los representantes de la Iglesia católica y los dirigentes del PP que se acaba convirtiendo en una estafa.

En realidad, estos incansables “adalides” de los derechos de los niños cargan sobre sus espaldas una gigantesca responsabilidad en el sufrimiento de cientos de miles de menores. Según los portavoces de la Iglesia católica y del PP, si se trata de un feto de pocas semanas de gestación, es decir, de un embrión que carece de conciencia y de todos los atributos que nos hacen realmente humanos, la vida se convierte en un bien inviolable. Pero, si en vez de ser un embrión, que todavía no siente ni padece, se trata de un niño completamente desarrollado y fuera del útero materno, que tiene capacidad de sufrimiento físico y psicológico, que necesita ser alimentado, un techo bajo el que cobijarse y un entorno familiar estable que le garantice unas condiciones de vida dignas, las cosas cambian drásticamente. Entonces sí, los menores pueden ser víctima por ejemplo, de un desahucio. A finales de 2012, la PAH denunció que el número de desahucios superaba los 171.110 desde el comienzo de la crisis en julio de 2008 y, según el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2013 se ejecutaron 19.468 desahucios, lo que arroja una media diaria de 216.

Ser niño tampoco es una garantía para escapar de las garras de la pobreza, y menos bajo las políticas dictadas por la derecha y bendecidas por la Madre Iglesia. La ONG Save the Children cifra en 2.826.549 los niños en riesgo de pobreza en el Estado español. Muchos menores conocen también en primera persona las desgarradoras consecuencias materiales y emocionales de vivir en una familia asfixiada por el desempleo. En 2013 los hogares con todos sus miembros en paro eran 1.807.700.  Los parlamentarios del PP, tan preocupados por el sufrimiento de los nonatos, no tuvieron el menor escrúpulo moral en votar contra una propuesta destinada a impedir los cortes de luz por impago durante los meses de invierno, a pesar de que son muchos los niños que se incluyen en los más de 4 millones de personas que sufren la llamada pobreza energética y pasan frío.

Cientos de miles de niños son también los destinatarios directos de los recortes en un ámbito tan decisivo para la infancia como es la escuela. Desde el año 2011, 70.000 menores residentes en la Comunidad de Madrid han perdido las becas de comedor y, en 2013, alrededor de 600.000 alumnos se quedaron sin becas para libros de texto en todo el Estado. Por no hablar de los menores con necesidades educativas especiales. Dificultades de aprendizaje que sufre un alto porcentaje de la población escolar y que tienen una relación directa con el fracaso académico como la dislexia, fueron retiradas de la cobertura de la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid hace unos años, obligando a las familias a pagar el tratamiento de su bolsillo siempre y cuando puedan permitírselo.

La lista es muy larga, demasiado. Si, por ejemplo, en el núcleo familiar de un menor hay un miembro dependiente, probablemente algún abuelo, podrá asistir en primera persona a la desesperación de su familia porque un ser querido no puede recibir los cuidados que requiere. El Observatorio Estatal para la Dependencia ha concluido que el sistema de atención a dependientes está “colapsado” y ha llegado a un “punto total de estancamiento” con 190.000 personas en espera de prestación. El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez Navarro, ha manifestado que “morirán entre 60.000 y 70.000 dependientes con derechos reconocidos, mientras esperan una residencia o una ayuda”.

Amparando culpables

Es precisamente la práctica de esta doble moral hipócrita hasta la extenuación, la que puede explicar realidades como la del colegio religioso Valdeluz. En la práctica, la bandera de la protección de la infancia que agita la cúpula de la Iglesia católica y los dirigentes del PP no sirve para proteger a los niños, pero si de coartada para justificar el recorte de los derechos de las mujeres. Sólo así podremos entender que quienes ordenan la caza y captura, moral y penal, de las mujeres que no desean llevar a término un embarazo, encubran sin mayor problema a los pederastas.

Se podría argumentar que, utilizando un incidente aislado, se pretende condenar injustamente a toda la cúpula de la Iglesia y sus destacados valedores del PP. Se podría, pero sería otra gran mentira. Partiendo de que es necesario diferenciar entre la base de la comunidad cristiana[1], que se indigna ante el maltrato a la infancia como cualquier agnóstico o ateo, y la jerarquía católica que siempre está presta a darnos lecciones de moral, el encubrimiento de los abusos sexuales contra menores es una de sus más arraigadas tradiciones que encuentra su epicentro en el mismo Vaticano.

Analicemos uno de los casos que más ruido han hecho en los medios de comunicación, el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo en 1941. Esta organización en la que se encuadran miles de sacerdotes con presencia en 18 países, tiene en el Estado español una de sus plazas fuertes. Entre sus apoyos destacan el de los cardenales Antonio María Rouco, Antonio Cañízares y Agustín García-Gasco, y políticos del PP como Ana Botella y Ángel Aceves. Cuenta también con una potente red educativa: la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y la red de colegios Everest y Cumbres. Como la información es poder, posee también la agencia de noticias Zenit. El fundador de esta poderosa orden, íntimo amigo del papa Juan Pablo II que llegó a decir de él que era “un guía eficaz de la juventud” y que celebró sus 60 años de sacerdote en el Vaticano en un acto al que asistieron el propio papa y su secretario de Estado, era un pederasta y depredador sexual. A pesar de que decenas de denuncias de seminaristas de los que abusó cuando eran niños llegaron a manos del entonces cardenal Joseph Ratzinger y, posteriormente, papa Benedicto XVI, se tomó la decisión de no perjudicar la imagen del fundador de los Legionarios de Cristo. Todos sus crímenes se encubrieron, todos quedaron impunes.

No estamos ante hechos marginales o casos aislados. Que lo sucedido en el colegio Valdeluz de Madrid no es la excepción que confirma la regla, sino la norma, es una opinión compartida hasta por la ONU. Recientemente se ha hecho público un informe de su Comisión sobre los Derechos del Niño en el que se acusa a la Santa Sede de no haber reconocido jamás “la magnitud de los crímenes sexuales” cometidos y de “no haber tomado las medidas necesarias para proteger a los menores”. Según la comisión, los abusos “se siguen cometiendo de forma sistemática mientras la inmensa mayoría de los culpables disfruta de total impunidad”. Por ello, exige al Vaticano que “destituya de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores”. Lamentablemente, la actual cúpula vaticana bajo la dirección del Papa Francisco ha respondido a este informe acusándolo de constituir un ataque contra la libertad religiosa.

Condenando inocentes

Esta reprochable actuación frente a la pederastia, contrasta con la persecución de la homosexualidad. Mientras la mayoría de los religiosos denunciados por abusos sexuales contra menores se ocultan bajo el manto protector de la Iglesia para impedir su juicio y castigo, la intimidad y libertad sexual de millones de hombres y mujeres inocentes no sólo es invadida por curas, obispos, cardenales y Papas, sino que es milagrosamente transformada en un crimen.

Durante la Semana Santa del año 2012, la segunda cadena de la TVE pública retransmitió en directo un mitin contra la homosexualidad. Nos referimos a la misa oficiada por el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla. En ella, Reig, afirmó que el “principal enemigo de la iglesia católica es la ignorancia”, siendo necesario estar alerta sobre aquellas personas que, “llevadas por tantas ideologías”, acaban por “no orientar bien” la sexualidad humana y piensan “ya desde niños que tienen atracción por las personas de su misma sexo”. El obispo continuó con su discurso del odio: “A veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. ¿Os pensáis que Dios es indiferente ante el sufrimiento de todos estos niños?”. También aprovechó la ocasión para denunciar el aborto, explicando que cuando una joven o una mujer  “va a abortar a una clínica, sale destruida, porque ha destruido una vida inocente y se ha destruido a sí misma”. Este antiabortista amante de la vida, no por casualidad, es un ferviente admirador del golpe fascista del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista. En 2009, presidió una misa de homenaje a los caídos delante de una bandera franquista colocada en el altar. ¿Es el obispo Reig una excepción? Por supuesto que no. En el mes de febrero de este año, la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano rehusaron realizar una valoración sobre las declaraciones al diario Sur del nuevo cardenal español, Fernando Sebastián, en las que equiparó la homosexualidad como una enfermedad que necesita “tratamiento”.

El binomio aborto-asesinato tampoco es patrimonio exclusivo de cargos de la Iglesia o radicalizados militantes del PP. A finales de enero, al calor de un debate parlamentario, el Ministro de Justicia del PP, Ruiz Gallardón, afirmó: “No podemos tener una postura profundamente egoísta consistente en sólo valen mis derechos, porque si usted 'ese sólo lo mío' lo ejerce frente a un concebido o no nacido, quién me dice que después en otra legislación no lo va a intentar ejercer frente a una persona que efectivamente ha nacido”

¿Cómo pueden convivir esta inquina contra la homosexualidad y el derecho al aborto con semejante laxitud frente a temas tan brutales como la pederastia? Todos aquellos derechos e ideas que contribuyen a hacer más libres a las personas, entre los que se encuentran también disfrutar libre y plenamente de la sexualidad, son considerados una amenaza por la derecha y la jerarquía católica. No vaya a ser que mujeres y hombres que se sienten libres e iguales sin importar su raza, sexo, creencias u orientación sexual, se cansen de esperar hasta la muerte para disfrutar del paraíso y pretendan edificarlo en esta tierra acabando con la opresión social, derribando un sistema que en su caída arrastraría los muy terrenales privilegios de la jerarquía católica.

Defender la escuela pública, defender los derechos de los niños

¿Puede haber o hay casos de pederastia en la escuela pública? Desgraciadamente sí.  Pero, difícilmente un crimen de esta naturaleza podría alcanzar semejante dimensión y prolongarse durante tantos años si fuera conocido por numerosos adultos con responsabilidades en el ámbito educativo. Semejante afirmación, no se basa, por supuesto, en presuponer una bondad universal a agnósticos y ateos a la par que una maldad inherente a los religiosos. Muchos ateos disfrutamos de la amistad de bellísimas personas que creen en Dios y viceversa. La cuestión de fondo es que estamos ante dos modelos educativos completamente distintos, tanto en su concepción como en su funcionamiento cotidiano.

Un centro de estudios concertado o privado es ante todo un negocio, lo que convierte a los alumnos y sus familias en clientes y a los docentes en asalariados y subordinados de un propietario. Muchos, sino la mayoría, de los centros concertados y privados son además propiedad de congregaciones religiosas, lo cual implica el obligado cumplimiento de preceptos religiosos e ideológicos muy estrictos, así como una lealtad incuestionable a los dictados de la cúpula de la Iglesia. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es fácil imaginar algunos de los motivos que posibilitaron el encubrimiento del pederasta del colegio Valdeluz durante tantos años. Haber hecho públicos los abusos se hubiera convertido en mala prensa para el negocio, así como un golpe para la imagen de la Iglesia, rodeada ya de numerosos escándalos de pederastia. En lo que respecta al profesorado, es muy importante destacar que las relaciones laborales a las que están sometidos están muy cercanas a las de una empresa, es decir, el trabajador se encuentra en manos de un gerente que puede dar al traste con su futuro laboral. Por si existen dudas en como se comporta la Iglesia cuando le toca asumir el papel de patrono, recordemos los numerosos casos de profesores de religión de la escuela pública que, al ser trabajadores dependientes del obispado y no de la administración pública, han sido despedidos por el delito de divorciarse o casarse por lo civil[2].

Por el contrario, un centro público de enseñanza es una institución cuya existencia nace del reconocimiento de un derecho: la educación es un bien universal del que deben disfrutar todos los niños y jóvenes. Su funcionamiento nada debe tener que ver con el lucro y los balances de beneficios, sino con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura y la ciencia de todos por igual. Es más, los defensores de la escuela pública, tan brutalmente golpeada por el gobierno del PP, consideramos que los colegios y los institutos públicos deben ser un espacio para luchar activamente contra las desigualdades sociales, garantizando que todos los niños y jóvenes puedan acceder a una educación de calidad sin importar su raza, sexo, creencias o circunstancias económicas.

Partiendo de este modelo educativo, no es casual que el movimiento asociativo de padres y madres de alumnos de la red pública tenga un marcado contenido reivindicativo, puesto que estas asociaciones son el lugar en el que los trabajadores participamos activamente en la educación que reciben nuestros hijos. El papel activo del profesorado en la enseñanza pública tampoco es producto de la casualidad. Los trabajadores de la enseñanza pública no actúan como meros asalariados sometidos a un patrón que impone su criterio y dicta su ideología particular, sino como profesionales de la docencia cuya labor es despertar en los niños el interés por el conocimiento y la cultura, alimentando las ideas de la solidaridad y la igualdad de derechos entre las personas, desarrollando en nuestros hijos un espíritu crítico.

Es cierto que en los últimos años las carencias y dificultades de la enseñanza pública se han incrementado. Pero esto tampoco es producto del azar, sino de las políticas del actual gobierno del PP y, también, del anterior del PSOE. Después de todo, la escuela pública no es una burbuja, existe en el mundo real en la que imperan las leyes capitalistas. Así, con el estallido de la crisis económica, los gobiernos que aceptan la lógica del capitalismo han infringido terribles y brutales recortes a nuestra escuela pública. Ahora mismo, se enfrenta a las fórmulas neo franquistas del Ministro Wert, cuyo objetivo no es otro que convertir los colegios e institutos públicos de nuestros hijos en una especie de guetos marginales, cediendo en bandeja a la educación concertada y privada, mayoritariamente religiosa, el grueso de la formación de las jóvenes generaciones y de los recursos económicos del Estado. En definitiva, volver a las viejos tiempos que muchos padres y madres de alumnos vivimos en nuestra infancia, en la que sólo había colegios de curas y monjas.

La enseñanza pública tiene problemas, claro que sí, pero éstos se resuelven invirtiendo dinero y recursos humanos, dotando a la vida interna de los centros de garantías de funcionamiento democráticas, no como piensa el PP y la Iglesia católica, imponiendo la asignatura de religión, despidiendo a 50.000 profesores y recortando el presupuesto. Ya sabemos, porque somos trabajadores, que para los empresarios y banqueros amigos del PP gastar dinero público en la formación de los hijos de los trabajadores es un despilfarro, como la sanidad pública o las pensiones. Pero ellos son una minoría, y no tienen derecho a decidir sobre el bienestar y futuro de millones. Somos nosotras, las familias trabajadoras, las que con nuestra organización y nuestra lucha debemos conseguir un giro de 180º en la actual política educativa para conseguir una educación pública gratuita, de calidad, laica, democrática y científica para nuestros hijos.