Tamara y Ana participaron en la huelga de 2010 de instalaciones deportivas, exigiendo un convenio propio y llegar a los mil euros de sueldo. Durante la huelga fue derramada pintura en una piscina y, aunque nadie fue acusado ni identificado, estas dos compañeras, participantes en el piquete informativo, fueron juzgadas y condenadas. En 2008, Carlos y Serafín se dirigían a una asamblea durante la huelga provincial del trasporte, cuando fueron identificados por la policía. Fueron condenados por un delito contra “la libertad de los trabajadores”
Complicidad de la Fiscalía con los empresarios
En ambos casos, la fiscalía actuó con auténtica saña contra los trabajadores, demostrando que está firmemente al servicio del Partido Popular y de los empresarios
Tamara y Ana fueron inicialmente sancionadas con seis meses de cárcel. Pero a la Fiscalía esto no le pareció suficiente y presentó un recurso solicitando la pena máxima de tres años de prisión; aceptada por la Audiencia Provincial. Ahora, podrían entrar en prisión si la petición de indulto realizada es rechazada. En el caso de Carlos y Serafín la Fiscalía actuó con el mismo odio de clase. El juzgado número 1 de Vigo primero, y la audiencia provincial después, les condenaron a 3 años de prisión, por lo que su entrada en la cárcel era inminente. Los sindicatos hicieron entonces una petición de indulto para los dos trabajadores. El clamor social en la comarca de Vigo obligó al Juzgado a suspender la ejecución de la sentencia hasta que el Consejo de Ministros resolviera la petición de indulto. Sin embargo, la Fiscalía, deseosa, al parecer, de ver a huelguistas entre rejas, recurrió esta decisión.
La entrada en prisión de estos cuatro compañeros y compañeras es una posibilidad más que real, si la movilización social no lo impide. En el último período estamos sufriendo un incremento de la política represiva del Gobierno, en todos los terrenos. Petición de cárcel para cientos de trabajadores (como los 8 de Airbús, de Madrid, entre muchos otros), represión policial, endurecimiento de las leyes, control de internet… La burguesía ha lanzado una guerra unilateral contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y cuando ésta se defiende, lanza contra ella toda su artillería represiva, amparándose en leyes que cada vez se parecen más a las del franquismo. Leyes que, desde luego, no son neutrales. Tal y como afirma Suso Seixo, secretario xeral de la CIG, el Código Penal “está claramente orientado a favorecer los intereses de una clase, la burguesía, frente a clase trabajadora”
De hecho, por si la legalidad burguesa no fuese suficiente para intentar frenar la respuesta de los trabajadores, el Gobierno y los empresarios no le hacen ascos a otro tipo de medidas: La CIG acaba de denunciar la práctica de firmas falsas en denuncias policiales contra trabajadores. Tal y como recoge el Diario de Pontevedra, una multa de 1.200 euros contra un sindicalista tuvo que ser retirada “por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tras advertir varias «irregularidades» en los análisis practicados por un perito caligráfico del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Este no pudo descartar que se tratase de firmas «ficticias» realizadas por una tercera persona, lo que motivó la anulación de la sanción” (Diario de Pontevedra, 21/05/2014)
“Non pode ser, non pode ser, obreiros na cadea e corruptos no poder”
Los tres sindicatos mayoritarios de Galicia, CCOO, CIG y UGT han realizado múltiples actos de protesta, incluyendo concentraciones, manifestaciones, recogida de firmas y mociones en ayuntamientos contra su encarcelación y se despertado una enorme solidaridad. Ha habido manifestaciones con miles de personas, en las que se coreaba a todo pulmón “Non pode ser, non pode ser, obreiros na cadea e corruptos no poder” [No puede ser, no puede ser, obreros en la cárcel y corruptos en el poder]. La disposición de la juventud y la clase trabajadora a hacer frente a la represión está fuera de duda. El próximo 30 de junio ya se han convocado por parte de los tres sindicatos concentraciones en toda Galicia contra la represión sindical. Hay que inundar de propaganda previamente las calles, y organizar asambleas de delegados en todas las comarcas para que la información llegue y se discuta en las empresas. Si los cargos contra estos compañeros no son retirados es necesario empezar a preparar paros, comenzando por los sectores en los que trabajan los represaliados y preparando el terreno para acciones más contundentes, como una huelga general en Galicia. Nos jugamos mucho.
