No en vano Jordi Pujol fue nombrado español del año en 1986 por el diario Abc. Ahora, la burguesía española y el aparato del Estado, implicados también en esa corrupción estructural, han decidido jugar esta carta, el caso Pujol, para “ablandar” a CiU en la negociación que están manteniendo en secreto sobre la cuestión del referéndum, el reparto presupuestario y otros temas.
Diversas organizaciones, entre las que se encuentra Guanyem Barcelona, Podemos o ICV-EU, han presentado una querella contra la familia Pujol y el entramado empresarial (hasta 50 empresas) y elites económicas, como la familia Sumarroca, organizadores durante años de este tremendo expolio. Los mismos que han arengado e impulsado la privatización de la sanidad o la educación o reformas laborales para poder despedir gratis, alegando que es necesario hacer sacrificios, amasaban sus fortunas mediante un auténtico expolio de los recursos públicos.

La corruptas tradiciones de la familia Pujol…
y del resto de la clase dominante

Un buen ejemplo es el de Banca Catalana, fundada por Jordi Pujol y su padre, y que supuso un auténtico fiasco, quebrando finalmente la entidad y requiriendo ser rescatada por parte del Estado español mediante una inyección de 300.000 millones de pesetas de dinero público. Eso sí, los directivos, entre los que se encontraba la familia Pujol, pudieron salvar los muebles. Se calcula que 1.200 millones de pesetas (7 millones de euros) del dinero de Pujol en Andorra procede de este escándalo financiero. El fiscal del caso en aquel momento, Jiménez Villarejo, pidió la imputación de Pujol, pero finalmente la Audiencia de Barcelona la desestimó no juzgándose ni condenándose a nadie por esta multimillonaria quiebra fraudulenta. Nada distinto de lo ocurrido con Bankia y resto de entidades financieras en la actual crisis económica.
Sin embargo no fue esta la primera aventura financiera de la familia Pujol. El padre del expresident, Florenci Pujol, hizo su fortuna traficando con divisas durante la dictadura franquista, hasta el punto de ser incluido en una lista de evasores fiscales con cuentas en Suiza en el año 1959. Dicha lista incluía, junto al nombre de Pujol, a los Botín, Ybarra, Villalonga u Oriol y muchas otras grandes familias de la burguesía catalana, vasca y española, junto a dirigentes del régimen franquista convertidos en grandes capitalistas. A pesar de haberse evadido 400 millones de dólares de la época (las reservas exteriores del Estado eran de 45 millones), la publicación fue un auténtico paripé del régimen franquista para lavarse la cara, ya que todos los afectados siguieron con sus negocios tras afrontar multas irrisorias de 10.000 pesetas. Prácticamente los mismos que aparecían en esa lista de 1959 son hoy las familias que manejan el poder económico y político en Catalunya y en el resto del estado. No es casual que la memoria histórica no quiera ser desenterrada.
La trama Pujol ha continuado además con los hijos. Oriol, exsecretario general de CDC, está imputado actualmente por el caso de las ITV e hizo fabulosos negocios concediendo subvenciones y prebendas a multinacionales por quedarse en Catalunya, desde su posición en el Parlament, mientras su mujer trabajaba para la empresa de un íntimo amigo que asesoraba como deslocalizarlas (So-ny, Sharp y Yamaha). Por otro lado Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, llegó a acumular según la UDEF 32,9 millones de euros, estando imputado actualmente por blanqueo de capitales y delito fiscal. La lista continúa, pero no sólo con la familia Pujol, sino con lo más granado de las élites económicas y empresariales, y no sólo de Catalunya. En el fondo el caso Bárcenas o el caso Pujol, son parte del mismo entramado heredado del franquismo tras la Transición, donde siguen mandando y haciendo negocio los mismos de siempre.

Una nueva Diada masiva

Con respecto a la consulta, como era de esperar el gobierno del PP ha reiterado su intención de recurrir la ley de consultas que, casi con toda seguridad, aprobará el Parlament el 19 de septiembre, de cara a darle soporte jurídico. Sin embargo un Tribunal Constitucional deslegitimado, situado al margen de cualquier control democrático y completamente ligado a los sectores más reaccionarios del aparato del Estado, la declarará ilegal. El PP y el aparato del Estado muestran su verdadero rostro, herederos del régimen franquista, negando los derechos democráticos de las nacionalidades oprimidas. Sabemos que la legalidad del PP, a la que tanto apelan, está hecha a medida, a su medida, como ahora con la reforma electoral, para tratar de mantener su chiringuito. Esta actitud reaccionaria del PP, junto al malestar social general por la crisis, ha sido el principal factor movilizador de la Diada, que ha vuelto a ser masiva.

CiU, por su parte, por más que intente aparentar que seguirá la ruta “hasta el final”, ha dado muestras cada vez más evidentes de que acatará la decisión del TC. El 11 de agosto, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, dijo claramente que la consulta se aplazaría si fuese declarada ilegal por el TC, algo que es obvio que se va a producir. Sus declaraciones no fueron desautorizadas por Mas ni por ningún otro miembro del Govern. También dijo: “Yo trabajo por ese 9 de noviembre, y si no, habrá otro 9 de noviembre”. Joana Ortega incluso advirtió a ERC que si aspiraba a ser un partido de gobierno no podía incumplir las leyes. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Villa, dijo muy claramente en una entrevista a TV3: “En un Estado de derecho es muy importante que todo el mundo, desde la ciudadanía de base hasta, lógicamente, su Gobierno siempre tengan cuidado de ser muy respetuosos con la ley que ampara a todos”.
La hoja de ruta de CiU es que la ley de consultas se apruebe solemnemente en el Parlament, que luego se convoque oficialmente la consulta y para finalmente aceptar su suspensión tratando de disfrazar lo mejor posible su traición. No hay nada sorprendente en ello ya que, desde el principio, Artur Mas supeditó la convocatoria de la consulta a dos factores: a la aprobación o el consentimiento por parte del PP y al apoyo de ERC a su política de recortes. Sin embargo, no por previsible debemos dejar de resaltar la actitud sumisa de CiU al poder estatal, su cinismo y su cobardía. El esquema de fondo ha sido el de siempre: jugar, sin ningún reparo, con los sentimientos democráticos del pueblo catalán para afianzar los intereses de la clase que representa: la burguesía catalana. Los banqueros y los grandes empresarios catalanes no quieren la independencia, quieren el pacto fiscal y más palancas de control político, los llamados “mecanismos de Estado”.
La propia consulta, aunque se llevase a cabo, tendría, efectivamente, un carácter meramente consultivo, no vinculante, lo cual daría mucho margen para nuevas maniobras y cambalaches por parte de CiU. Sin embargo, la realización de una votación en abierto desafío a la decisión del TC podría tener un impacto político de consecuencias más difíciles de controlar, sobre todo en un contexto de malestar social generalizado y profunda deslegitimación de los partidos e instituciones que han sostenido el sistema capitalista en las últimas décadas.

¡Por un Frente de Izquierdas para echar a CiU de la Generalitat!

Es obvio que, desde un principio, CiU ha tenido no sólo un plan B sino un plan C, D y E para afrontar la previsible “no convocatoria” de la consulta. El más “filtrado” ha sido el de dar a las próximas elecciones autonómicas un carácter plebiscitario tratando de agotar la legislatura hasta 2016 de cara a completar la tarea de destrucción de la sanidad, la educación y los servicios públicos. La formación de un gobierno de “emergencia nacional” hasta la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias, con la entrada de ERC y de la CUP, es compatible con la opción anterior.
Sin embargo, lo que se perfila en los últimos meses es una recomposición de las relaciones con el PP. La cordial reunión de Mas con Rajoy en julio tuvo como claro objetivo reestablecer los puentes. La reiterada oferta del PSC y del PSOE de apoyar un gobierno de CiU en solitario o la “reforma federal” de la Constitución, si CiU abandona su pretensión de realizar la consulta, es una muestra evidente de la implicación de la socialdemocracia en esta maniobra.
¿Cuál tiene que ser la prioridad de la izquierda que aspira a un cambio realmente profundo en Catalunya? Utilizar las lamentables maniobras de CiU, su traición y su escandalosa y reveladora implicación en la corrupción, para desalojarla de la Generalitat. Derrotar a la derecha, tanto catalana como española, así como su muleta, la socialdemocracia, en las urnas y en la calle. Luchar por una Generalitat de izquierdas con un programa realmente de izquierdas, que lleve a la práctica genuinamente el derecho de autodeterminación vinculado a un programa de transformación socialista de la sociedad.


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