Mafia y comisiones millonarias en el gran negocio de la educación privada concertada
El PP de la Comunidad de Madrid ha sido históricamente la punta de lanza de la privatización de los servicios públicos. También de la corrupción y los favores a los empresarios cercanos, como demuestra la Operación Púnica. Las noticias de las últimas semanas amplían el círculo (mafioso) a la educación concertada. Tal y como ha sido revelado, las mordidas que se embolsaba Francisco Granados —hasta junio de 2011 consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP en Madrid— de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por centro1, son la piedra sobre la que se edificaba la supuesta “libertad” de elección de centros en la Comunidad de Madrid. Corrupción, constructoras y privatización en una trama en la que participaban como colaboradores necesarios David Marjaliza, con su constructora Obrum, y Alfedel, una empresa dedicada a promover colegios privados concertados.
Así funciona la privatización
El negocio de la privada se nutre de la degradación de la educación pública, que está siendo estrangulada por la falta de medios, deterioro de infraestructuras, falta de profesorado, supresión de becas... Esto se combina con la paralización de nuevos colegios e institutos públicos en la Comunidad. Hay 12 barrios en Madrid capital que no tienen un instituto público al que acudir, afectando a más de 7.000 alumnos2. Al mismo tiempo, desde el año 2000 se han cedido más de 82 parcelas para centros privados3, del Opus Dei y otras sectas ultrarreligiosas, amigos y amiguetes del PP, algunas a precios tan irrisorios como los 34 céntimos al mes por metro cuadrado que ha pagado Arturo Fernández, antiguo presidente de la patronal madrileña, usuario de las tarjetas black y amigo del pequeño Nicolás. Su empresa, Grupo Cantoblanco Catering Service, llegó a tener tres colegios en Madrid antes de declarar el concurso de acreedores. Esperanza Aguirre, por supuesto, no sabía nada.
A mitad de precio (16 céntimos por mes al año) le ha salido el metro cuadrado a Antana Educación, empresa propiedad de Jorge López del Hierro, que, casualidades de la vida, es el sobrino del marido de Mª Dolores de Cospedal, y además dueño de la cervezera Mahou. Como fabricar cervezas tiene mucho que ver con la educación, Antana tiene tres colegios en Madrid, en Paracuellos, Leganés y Villanueva del Pardillo4, este último con cesión gratuita de terreno a 75 años, que ha sido declarada ilegal pero cuya sentencia no ha sido aplicada, ni parece que haya prisa por hacerlo. Al igual que ocurre con los trabajadores de Coca-Cola, si la justicia va contra los intereses de los poderosos se pospone sine die.
Más recientes aún han sido las cesiones en Móstoles de una parcela de 20.000 metros cuadrados en el PAU 4 (pendiente de adjudicar) y la del antiguo colegio público Tierno Galván a la universidad Francisco de Vitoria, vinculada a los Legionarios de Cristo.
Al mismo tiempo la Comunidad de Madrid se ha gastado 2,7 millones de euros5 en promover la “libertad de elección” de centro entre los padres, o lo que es lo mismo, en hacerle la publicidad a la privada, porque ¿en qué consiste esa libertad?
Libertad para discriminar
La mentalidad del PP es clara: la educación es un negocio, por tanto sólo me interesan los alumnos rentables. La forma más efectiva de hacerlo son las famosas cuotas. Aunque en teoría están prohibidas, los colegios se las apañan para disfrazarlas de aportaciones “voluntarias” o como “actividades extraescolares”. Atendiendo a mi propia experiencia como profesor en la educación privada, he visto personalmente pagos por “mantenimiento de patio e infraestructuras”, cuotas de 50 euros de material escolar que dan derecho a un archivador y 10 folders, tener que utilizar obligatoriamente cuadernos con el logotipo del centro que cuestan cinco veces el precio en cualquier otro lado (si un alumno no usaba esos cuadernos, suspendía), uniformes obligatorios que sólo se venden en el propio colegio, organizar los horarios del centro para que sea prácticamente obligatorio quedarse al comedor (unos 100 euros más al mes, ¡¡nueve!! euros por día suelto).
En los colegios dependientes de Alfedel se llegan a cobran 180 euros al mes como “complemento formativo”, dos horas extras de refuerzo de inglés e informática, metidas en medio de la jornada escolar. Los que no pagan deben permanecer esa hora en el centro, pero ¡no pueden estudiar ni adelantar trabajo, para no tener ventaja respecto a sus compañeros! Los profesores tienen orden de la dirección de no dejar estudiar en esas horas. Este “complemento” también da derecho a participar en actividades extraescolares y se utiliza como criterio para organizar las aulas: los que pagan en unas clases, los que no en otras. He llegado a escuchar a jefas de departamento decir, sobre el un grupo de la ESO que no pagaba complemento: “Esos no se pueden quejar de nada, encima de que no dan un duro al centro”. Un criterio muy pedagógico.
Libertad para explotar
Otro de los argumentos que utiliza la patronal de la privada es que el coste por alumno es menor que en la pública: 4.185 euros por alumno al año en la pública frente a 2.944 en la concertada. Pues bien, esta diferencia se explica únicamente por dos factores: la pública es quien recibe el doble de alumnos con necesidades educativas especiales y el 82% de los alumnos inmigrantes; y las peores condiciones laborales de la concertada, el coste medio anual por profesor en la privada concertada es de 5.808 euros menos que en la pública, por enseñar las mismas asignaturas con una jornada laboral más larga6. Por si fuera poco, el convenio firmado el pasado año, rápidamente y al calor de la LOMCE, dura hasta 2020, con retroactividad desde 2009, ¡11 años de convenio!
Con suelo gratuito o casi regalado, selección del alumnado, peores salarios y todo pagado del erario público, muy inútil tiene que ser el empresario para perder dinero. ¡Toda una lección de “emprendimiento”! El requisito más complicado para poder empezar es conocer a algún político del PP que esté dispuesto a aceptar sobres… y no parece muy complicado.
¿Paralizar los conciertos o acabar con la concertada?
Ante este panorama, es de vital importancia para garantizar el derecho de la clase obrera a una educación y a un futuro digno tener muy clara una postura frente a la educación concertada. No valen medias tintas. El negocio de la educación privada concertada depende de la agonía de la educación pública. No puedes tener uno sin lo otro. Entre la educación como derecho y la educación como negocio no hay vía del medio.
Un gobierno de izquierdas debe defender abierta y claramente la única salida posible: no se trata de paralizar los conciertos educativos sino de acabar con ellos, integrando toda la red privada concertada en la educación pública para dar salida a las enormes necesidades de las familias trabajadoras que ven, día tras otro, como el Partido Popular pretende hacer de la educación pública un derecho en extinción.
1. goo.gl/IwovMc.
2. goo.gl/Fdlnlk.
3. goo.gl/fdNX1V.
4. goo.gl/Jf7L51.
5. goo.gl/owHHAb.
6. ‘El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada’, Educación IU, junio 2014.
