A falta de tres meses para las elecciones generales, y más allá de los triunfalismos a los que nos tiene acostumbrados Rajoy, el balance de su gestión es claro: la desigualdad social en el Estado español aumentan en la misma medida en que disminuyen los derechos democráticos.
La realidad es tan abrumadora que ni siquiera sus propias estadísticas pueden ocultarla. Los últimos datos de la Contabilidad Nacional muestran, una vez más, que la recuperación económica de la que alardea Rajoy tiene unos beneficiarios muy concretos: así, en el 2º trimestre de 2015 las empresas ganaron 6.000 millones más que en el mismo periodo de 2011, y el número de multimillonarios (aquellos que declaran más de 6 millones de euros en patrimonio) se duplicó en los últimos siete años. Desde que el PP llegó al gobierno los salarios han retrocedido ininterrumpidamente: -1,9% en 2011, -3% en 2012, -1,5% en 2013, -0,6% en 2014; pero ni siquiera esa estadística refleja la realidad. Según la Agencia Tributaria en su último informe de Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo, un tercio de los asalariados españoles (34%), esto es 5,7 millones de trabajadores, ganan menos de 600 euros al mes.
Este trasvase directo de la renta de los trabajadores a los bolsillos de los empresarios se produce en un contexto donde el paro juvenil continúa por encima del 40%, y el número de desempleados de muy larga duración (más de tres años) ha pasado del 11% en 2011 al 25% en 2014 (1.940.000). Esta es la recuperación de la que se jacta la derecha: los ricos son más ricos, mientras la pobreza se extiende. Un reciente estudio de UNICEF sitúe al estado español como el tercer país de la UE y la OCDE donde más ha crecido la pobreza infantil, hasta llegar a los tres millones de niños y niñas, sólo por detrás de Letonia y Grecia.
En un nuevo ejercicio de demagogia, el gobierno del PP ha calificado sus presupuestos para 2016 —aprobados a marchamartillo cuando la legislatura está moribunda— como los más “sociales” de su mandato. La realidad es que no sólo no aumentan el gasto social como pretenden hacernos creer, sino que las cuentas para 2016 suponen un recorte del 0,7% respecto al 2015. Y si los comparamos con el de 2011 todas las partidas se han reducido salvo el gasto en pensiones que crece por el envejecimiento de la población. Si se elimina este concepto, el gasto social se reduce un 5,5% respecto a 2015 y ¡un 25% respecto a 2011! , pese a haberse ahorrado 8.000 millones de euros en prestaciones por desempleo e intereses de la deuda. Y por supuesto, partidas como las destinadas a Sanidad o Educación continúan muy lejos de recuperarse de los brutales recortes de los últimos años.
Como hemos señalado en tantas ocasiones, las medidas aplicadas por el gobierno no tienen el objetivo abstracto de “salir de la crisis”, sino garantizar la recuperación de la tasa de beneficios de los capitalistas y el rescate de la gran banca. Los recortes y la privatización de los servicios y prestaciones sociales, la prolongación de las jornadas y la reducción de los salarios, los derechos perdidos por las sucesivas contrarreformas laborales, los desahucios y las estafas legalizadas (como las preferentes y otros abusos que han quedado impunes) son una auténtica pesadilla. Poner fin a este gobierno del capital financiero, de los grandes empresarios y terratenientes, es la tarea inmediata.
Unidad popular en la calle y en las urnas
Si el PP es el máximo exponente de los intereses de los poderosos en el Estado español, la derecha nacionalista no le va a la zaga en cuanto a recortes sociales y ataques a los trabajadores en sus respectivas comunidades. Pero ni unos ni otros podrían sostenerse, en última instancia, sin la leal colaboración en todos los asuntos fundamentales de la dirección del PSOE, y la que prestan las cúpulas de CCOO y UGT.
Todos estos ingredientes son la base que explica la crisis del régimen. El desplome de la socialdemocracia en Europa y en nuestro país, y la irrupción de nuevas formaciones políticas a la izquierda, como PODEMOS, no caen del cielo; son el resultado de una profunda rebelión contra las medidas de austeridad que han desbordado la política de paz social. En esta gran escuela de aprendizaje, la conciencia de millones de personas ha experimentado un gran avance.
La profundidad de la movilización en la calle ha tenido su máxima expresión institucional en el triunfo de gobiernos municipales como los de Colau en Barcelona, o Carmena en Madrid por citar los dos ejemplos más relevantes. El avance de estas candidaturas refleja, no sólo la radicalización de millones de personas, sino el gran sentimiento de unidad que se ha gestado entre todos los sectores que hemos protagonizado estas luchas, y muy particularmente entre la mayoría de la clase trabajadora. Un movimiento vivo que continúa desarrollándose, y que tiene su expresión más reciente en la marea de solidaridad desatada con los cientos de miles de refugiados que llegan a Europa. El apoyo entusiasta y desinteresado de cientos, si no miles de familias, ofreciendo su casa, su tiempo, su energía y entendimiento para ayudar a las víctimas de la barbarie imperialista, es la mejor respuesta a la política xenofoba y racista desarrollada por el gobierno del PP. Estas fraternidad internacionalista de los oprimidos, por encima de diferencias nacionales, étnicas o religiosas, provoca escalofríos en la clase dominante.
Es esa unidad real, profunda, forjada en la lucha en la calle, cimentada en la experiencia de las diferentes mareas (sanitaria, educativa…), en plataformas ciudadanas como la PAH, en las recientes iniciativas de solidaridad con los refugiados, y en tantas y tantas luchas obreras y vecinales, la que ahora ha de verse reflejada también en un proyecto electoral capaz de trasladar a las generales la experiencia de las recientes elecciones municipales y autonómicas.
La actuación de Podemos, en cuanto eje fundamental de esa confluencia, es clave. En los meses pasados, la actitud de muchos de sus dirigentes, con Pablo Iglesias a la cabeza, negándose a ningún tipo de entendimiento con IU, o sus bochornosas declaraciones sobre los acontecimientos griegos, ha suscitado el rechazo de muchos trabajadores y jóvenes. Un rumbo hacia la derecha, muy lejos de la imagen y el discurso de Vista Alegre, que explica la tendencia a la baja que reflejan las últimas encuestas. Si de lo que se trata es de aspirar a las migajas que caen de la mesa de los poderosos, y abandonar el programa a la primera de cambio, para eso ya está el PSOE.
No obstante, la presión del movimiento por abajo es muy fuerte. La idea de que la Unidad Popular es patrimonio exclusivo de la dirección de Podemos hace agua por todos lados. Por eso en los últimos días se ha producido un cambio notable en el discurso de Pablo Iglesias, abriendo la posibilidad a la confluencia de la izquierda que lucha no sólo en Cataluña, Galicia o Valencia, sino en ciudades como Zaragoza o Madrid. Ese es el camino, y no hay ningún obstáculo fundamental que impida conseguir un acuerdo general en estas líneas.
El nombre que finalmente adoptará esa candidatura de Unidad Popular no será tan importante para lograr la victoria, como la política que defienda. La reciente y dolorosa experiencia de Grecia demuestra, una vez más, que para solucionar los problemas que oprimen a la mayoría de la población no valen los discursos ingeniosos, los gestos ni los golpes de efecto. La asunción y la defensa de un programa de transformación socialista, de ruptura con la lógica del capitalismo y la austeridad, es la única garantía para el cambio político.
