La corrupción inunda toda la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). En el último mes salía a la luz que la hasta hace poco ministra de Sanidad del PSOE, Carmen Montón, también se benefició de los favores que prestaba el Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC. Los casos de Cifuentes, Casado y Montón han mostrado a ojos de todo el mundo cómo la universidad regalaba abiertamente títulos a los que más y mejor han colaborado en transformar la universidad pública en su cortijo privado.

No es la primera vez que estallan escándalos de este tipo, son de sobra conocidos los plagios del exrector Fernando Suárez (30 profesores le acusaron de haber plagiado hasta en 11 publicaciones), el borrado por arte de magia de miles de correos del IDP o el nepotismo que impera en la universidad, con altos cargos contratando a familiares a dedo. Pero, ahora, al calor de todos estos hechos se ha destapado una auténtica olla podrida en el seno de la URJC. Una trama cuyo alcance aún es imposible medir.

En estos días también se ha descubierto la trama montada entre el Instituto de Derecho Público de la URJC y supuestas agencias de formación italianas para facilitar a estudiantes italianos colegiarse como abogados sin cumplir los requisitos. En el Estado Español, tras la aplicación del Plan Bolonia, no basta con haber terminado el Grado en Derecho para colegiarse, hay que realizar un máster (que incrementa los costes como mínimo 4.000 euros) y un examen de acceso. Sin embargo, mediante el pago de 11.000 euros al IDP las agencias italianas garantizaban a los estudiantes volver a Italia colegiados sin realizar ni el máster ni, por supuesto, el examen de acceso. Pero el sistema no afecta sólo a la URJC, sino que otras universidades —privadas, en este caso— como la católica de Ávila o la de Murcia están siendo investigadas por este motivo.

La URJC, un ejemplo emblemático de la política educativa del PP

Los mismos que se llenaban la boca con la cultura del esfuerzo, los mismos que justificaban la subida de la nota para poder obtener una beca o que defendían a capa y espada la subida de las tasas y que han expulsado de la universidad a más de 10.000 estudiantes por motivos económicos, se beneficiaron durante años de las corruptelas y de la política de amiguismo en las altas esferas de la universidad. Ni clases, ni exámenes ni nada de nada. Obtuvieron su título sin mover un solo dedo. Mientras, los estudiantes que provenimos de familias trabajadoras tenemos que ir a clase, estudiar, hacer trabajos y esforzarnos genuinamente para obtener nuestros títulos. No sólo académicamente sino con enormes sacrificios económicos, nuestros y de nuestras familias, para poder pagar unas tasas desorbitadas.

Un buen ejemplo de esta doble vara de medir se ve en el recorte brutal de dinero público a la universidad y en el incremento de los precios de las matrículas que contrastan con los regalos en forma de subvenciones públicas que llegaban al IDP. Los 370.000 euros que la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, entregó a Álvarez Conde, responsable del instituto y cabecilla de la trama, entre 2009 y 2012 son un buen ejemplo. El PP y sus amigos empresarios han convertido la universidad en su cortijo privado, entregado subvenciones a espuertas y sin ningún control —como refleja que, más allá de la expedición de títulos fraudulentos, se cargaran a la tarjeta del IDP 100.000 euros en marisquerías, hoteles de lujo, tiendas de ropa…, incluso en periodos no lectivos— y creado una camarilla corrupta que hace y deshace a su antojo sin ningún rubor.

Con las empresas privadas o con la educación pública, ¿de qué lado está el gobierno de Sánchez?

No se trata de hechos aislados o casualidades, sino que son una consecuencia directa de la dinámica que genera la política de privatización salvaje de la universidad aplicada por el Partido Popular (con las universidades madrileñas como blanco más directo), pero que ya comenzaron bajo los gobiernos del PSOE con la aprobación del Plan Bolonia en 2007.

Es un completo escándalo que, a estas alturas, el actual gobierno del PSOE, lejos de tomar medidas para limpiar la universidad de esta lacra, salga públicamente a decir que hay que confiar en el método de entrega de títulos del sistema universitario. ¡Qué cinismo! Si hasta vuestra exministra se benefició de las corruptelas montadas por el PP en la universidad. ¡Basta ya de echar balones fuera! El gobierno de Pedro Sánchez nos dice que defiende la educación pública pero a la hora de la verdad se pliega a los intereses de quienes entienden la educación como un negocio y ¡hasta se benefician personalmente! Con sus actuaciones no está haciendo otra cosa que permitir que las garras de las empresas privadas y los chiringuitos en la sombra como el Instituto de Derecho Público se repitan. 

¡Por una universidad 100% pública!

La única forma de acabar con ésta y otras tramas que puedan existir es tener una universidad 100% pública, democrática y de calidad. El nuevo gobierno del PSOE debe dejar de ponerse de perfil y asumir, con hechos, su responsabilidad, comenzando por revertir todas las privatizaciones que han llevado a esta situación, y continuando por reducir drásticamente las tasas e incrementar la financiación de las universidades públicas de cara a que las y los jóvenes de familias humildes y trabajadoras no seamos discriminados por motivos económicos a la hora de acceder a los estudios superiores.

Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos la formación inmediata de una comisión democrática formada por estudiantes y trabajadores de la universidad para depurar todas las responsabilidades de esta trama corrupta que ha actuado durante años con impunidad, y la expulsión fulminante de la universidad de todos aquellos que por activa o por pasiva consintieron esta situación, comenzando por el actual rector Javier Ramos, que evidentemente ha tapado y consentido todo. También exigimos la dimisión de aquellos políticos que se han beneficiado de esta trama corrupta, comenzando por Pablo Casado. ¡No se van a reír del esfuerzo de miles de estudiantes honrados!

La mejor forma de defender nuestra universidad pública y nuestros derechos es a través de la movilización y la lucha más contundente posible. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a la huelga general estudiantil en la URJC el pasado 27 de septiembre en la que estudiantes y trabajadores, con la solidaridad de jóvenes y profesores de otras universidades hemos dejado claro que no vamos a permitir que un puñado de mafiosos convierta la universidad pública en un coto privado para ricos y privilegiados. ¡Con la lucha y la organización podemos vencer!