22 de octubre y 13 de noviembre: Huelga general de estudiantes. ¡Defendamos la educación pública!

Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid ha lanzado un órdago a la educación pública. Su partido ya ha anunciado que considera a la educación pública un "monopolio" que tiene que ser privatizado. La primer víctima está siendo la educación infantil. Si antes del verano aprobaba un "decreto de mínimos" que permitía a cualquier empresario montar su "guardería" en un garaje, ahora ha anunciado que eliminará la gratuidad de la etapa 0-3 años que disfrutaban las familias con menos renta. Todo ello mientras 35.000 niños madrileños se quedan sin plazas.
Madrid no es una excepción. En toda la ciudad de Valencia sólo existe un centro público 0-3 años. En todo el Estado proliferan guarderías asistenciales, en lugar de centros educativos, donde mezclan niños de distintas edades siendo atendidos por personal sin el título de magisterio o de FP de educación infantil.
Lo cierto es que el desastre que se está produciendo en educación infantil no es algo ajeno al gobierno central. La LOE del PSOE abría la puerta a la privatización de esta etapa educativa tal y como ahora se está demostrando.
Para la patronal esta etapa es crucial porque una vez matriculados los niños en un centro concertado (por no existir plazas públicas suficientes) es mucho más probable que continúe sus estudios sin cambiar de centro. Además la etapa 0-6 es cada vez más demandada por su importancia en el desarrollo del niño y por las necesidades de las familias obreras en el actual mercado laboral.
El gobierno ha respondido al enorme descontento expresado el curso pasado aprobando 1.087 millones de euros para crear plazas de infantil. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que estas plazas sean públicas. Todo lo contrario, hasta ahora el grueso del dinero invertido en infantil ha ido destinado a centros concertados en todas las Comunidades Autónomas, con el permiso del gobierno.El Sindicato de Estudiantes ha convocado dos jornadas de huelga con manifestaciones en todo el Estado. Serán los próximos 22 de octubre y 13 de noviembre. El motivo es denunciar el brutal proceso de privatización que está sufriendo la educación pública y responder a varios ataques de mucha gravedad que en los últimos meses se han lanzado. Desgraciadamente, no sólo en las comunidades gobernadas por la derecha se está apostando por la educación privada-concertada (Euskadi, Madrid y Valencia están a la cabeza en privatización), sino que allí donde gobierna el PSOE, nos encontramos con una política muy similar.
El curso pasado hubo movilizaciones de la comunidad educativa en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Ciento cincuenta mil personas salieron a la calle el 14 de febrero en Barcelona contra la Ley de Educación de Catalunya, que introduce la gestión privada de los centros públicos entre otros ataques. El 7 y el 21 de mayo fue en la Comunidad de Madrid donde se pararon las clases en protesta contra la política privatizadora de Esperanza Aguirre. En la manifestación del 21, más de 90.000 profesores y estudiantes colapsaron en centro de Madrid. Pero también hubo movilizaciones en Galicia, Andalucía, Murcia... Todas estas luchas quedaron abiertas antes del parón de las vacaciones de verano.
Profesores, padres y estudiantes somos conscientes de que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay voluntad para luchar. Los dirigentes de CCOO y UGT tienen que dar continuidad a estos conflictos y la mejor manera sería unificándolos, ya que todos ellos responden a lo mismo: tratan de convertir la educación en un negocio. Precisamente para unificar todas las luchas abiertas y responder de la manera más contundente posible el Sindicato de Estudiantes ha convocado las jornadas de huelga del 22 de octubre y 13 de noviembre.
No sólo nos enfrentamos a los ataques particulares de distintos gobiernos de las Comunidades Autónomas. Hay encima de la mesa una batería de medidas contra la educación pública cuya responsabilidad descansa directamente en el gobierno de Zapatero.

Planes de Bolonia

mienzan a implantarse este curso, supondrán la elitización de la universidad pública. Los estudiantes que quieran tener un título que le permita aspirar a un puesto de trabajo digno se verán obligados a cursar los postgrados, cuyo acceso será prohibitivo: además de una prueba de acceso, el estudiante tendrá que desembolsar más de 1.500 euros al año en estos nuevos estudios. Algunas universidades ya han anunciado que algunos de sus másters costarán 3.500 euros al año, un precio imposible para las familias obreras.
No será con las actuales becas como el estudiante podrá cubrir semejante desembolso. Éstas siguen siendo absolutamente insuficientes, pero además, la apuesta del gobierno para el postgrado son los préstamos bancarios, que, por supuesto, tendrán que ser devueltos al terminar los estudios.
La ministra de Ciencia e Innovación ya ha anunciado su intención de que sean las empresas las que financien la universidad pública. Ha señalado recientemente que debemos ir hacia el modelo americano, donde las empresas aportan más del 30% de esa financiación. Hoy por hoy eso está provocando en Norteamérica que la universidad se haya convertido en un negocio redondo para los bancos que ganan suculentos beneficios a costa de los estudiantes. A nadie se le escapa en qué estudios van a invertir las grandes empresas y en cuáles no. ¿Para qué quiere Telefónica o Repsol invertir en magisterio o filología?
Con Bolonia, además, las universidades competirán entre ellas para ofertar los másters más prestigiosos. Tendrán ventaja de partida aquellas universidades con más financiación. Así que la diferenciación entre universidades de primera y universidades de segunda crecerá.

Contrarreforma en FP

La última perla ha sido el anuncio del Ministerio de Educación de una nueva contrarreforma de la FP. La elaborarán este curso pero ya han anunciado lo que según ellos es la medida estrella: se dará el título de FP a aquellos trabajadores que acrediten tres años de experiencia laboral.
Pero la reforma planteada por el gobierno lo que provocará es que muchos jóvenes dejen de cursar la Formación Profesional. Al fin y al cabo si con tres años de trabajo le van a dar el título, ¿por qué no incorporarse lo antes posible al mercado laboral? Todos los años faltan plazas públicas de FP. De esta manera, al desincentivar la matriculación, el gobierno se ahorrará construir las plazas públicas necesarias, ahondando en el negocio que ya tienen las academias privadas. Y de paso, más jóvenes abandonarán los estudios para, sin ninguna formación, ser explotado a placer en el mercado laboral.
Nosotros no despreciamos la experiencia laboral de un trabajador. Pero en la FP también se imparten conocimientos teóricos muy importantes. Con esta medida, lejos de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores sin cualificación, se deteriorará la de aquellos que tengan un título de FP. Efectivamente, se irá hacia dos títulos de Formación Profesional, uno el concedido en la FP de primera, en las costosas academias privadas, y otro de segunda, reservado para aquellos jóvenes y trabajadores que no tengan ni dinero, ni tiempo para estudiar.
El Estado debe dar toda las facilidades del mundo a un trabajador para obtener el título de FP. Podría ser a través de una FP para adultos pública y de calidad y de becas-salario dignas que permitiera al trabajador acudir a las clases.

Privatización de la educación infantil

Endurecimiento de la selectividad

La última semana de julio, el gobierno del PSOE presentó un decreto para endurecer el acceso a la universidad. Por supuesto ha tratado de presentar este ataque como todo lo contrario, destacando que será un examen más flexible, con más facilidades para el estudiante... ¡Qué lejos de la realidad!
Para empezar la nueva selectividad incluirá una prueba oral de inglés. Si ya de por sí es una pesadilla jugarte el acceso a la universidad en tres días de exámenes, ahora además se incluye esta prueba. Argumentan que es para dar "calidad" al bachillerato porque "mejorará las clases de inglés". Pero sin los recursos necesarios en la educación pública, los únicos que podrán salir ganando serán aquellos que puedan permitirse costosas academias privadas.
Pero el ataque más profundo se da en la propia estructura de la prueba. El gobierno instaura nuevos exámenes "voluntarios" de las asignaturas de modalidad (aquellas que no son comunes en el bachillerato). Estos exámenes en la práctica serán obligatorios para aquellos estudiantes que quiera acceder a las carreras más demandadas. Podrán sumar hasta cuatro puntos adicionales a la nota que al estudiante le quede después de hacer la selectividad. Esta medida devalúa el bachillerato y es un regalo para las academias ya que ya no importará lo que el estudiante haga durante los años de instituto, sino lo bien que se prepare las pruebas "voluntarias".
Además será cada universidad la que establezca qué asignaturas de modalidad puntuarán más de cara a acceder a un determinado grado (una sutil manera de seleccionar al alumnado). Como un estudiante tendrá que especializarse más y más para poder optar a la carrera deseada (y presentarse a los exámenes "voluntarios" de las asignaturas elegidas por la universidad), si no logra acceder a la misma (porque le falten unas centésimas necesarias), tendrá más dificultad para acceder a otra carrera porque las asignaturas "premiadas" no tienen que ser las mismas en todas las universidades o carreras. Así, el estudiante tendrá menos capacidad para elegir carrera y podrá quedarse sin opciones.