La Delegación del Gobierno en Galicia está llevando acabo una política represiva, propia de la oscura era Fraga. Penas de cárcel a obreros del naval que participaron en la huelga de mayo de 2006, carga policial salvaje contra las trabajadoras de la limpieza y los trabajadores de Pull and Bear en huelga...., y una oleada de multas a todas aquellas organizaciones de la izquierda que luchan por mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y los trabajadores. El Sindicato de Estudiantes en Galicia está recibiendo una montaña de multas con el único fin de ahogar económicamente a la organización estudiantil más combativa.
El Sindicato de Estudiantes está en el punto de mira del delegado del Gobierno. Con las multas persigue atemorizarnos e impedir que sigamos batallando en defensa de una educación pública digna para los hijos de los trabajadores.
Durante el transcurso de una manifestación de estudiantes convocada por el SE el 13 de noviembre en Pontevedra, la policía siguió a varios estudiantes que llevaban una pegatina de nuestro sindicato. Los retuvo, procedió a identificarlos y llamó a sus padres para ¡informarles de que sus hijos habían participado en una manifestación! Los agentes también identificaron a unas estudiantes de O Grove que portaban una bandera republicana, informándoles de que esa bandera ¡era ilegal!
Hay que echar atrás las multas
Poniendo por escusa un supuesto corte de tráfico en la ciudad de Pontevedra, ahora el subdelegado del gobierno en la provincia, Delfín Fernández, ha decido imponer multas a las tres estudiantes antes señaladas, así como a Juan Ramón de la Torre, responsable del Sindicato de Estudiantes en Pontevedra y a Lucas Picó, responsable del SE en Galicia. En total, las multas ascienden a 3.250 euros. Es un escándalo que una Xunta de izquierdas se dedique a perseguir a aquellos que luchamos por nuestros derechos.
No son estas las únicas multas recibidas por el SE. El 5 de noviembre la Subdelegación del Gobierno en A Coruña notificó al responsable del SE en Galicia su intención de multarle con otros 500 euros por haber legalizado, el 7 de mayo, una manifestación en Compostela en contra de la eliminación del Tren Rexional.
Se nos multa (casi seis meses después) por haber variado el recorrido de la manifestación, y sin embargo, ¡¡el cambio de recorrido fue acordado previamente con la policía, que estuvo de acuerdo en todo momento y cortó el tráfico por las calles del nuevo recorrido!!
El movimiento obrero y estudiantil debe responder con firmeza a estos ataques. Desde el SE hemos empezado ya una campaña de denuncia y de envío de resoluciones de protesta en Galicia y en todo el Estado. Si las multas no son retiradas de inmediato continuará con movilizaciones contundentes.
Solicitamos la solidaridad de todos jóvenes, trabajadores y de las organizaciones de la izquierda para parar este brutal ataque.
