El 22 de febrero el Ministerio de Educación presentaba su segundo borrador de propuestas para un Pacto Educativo. A pesar de las críticas recibidas por parte de algunas organizaciones de izquierdas como la CEAPA, Izquierda Unida, STEs y el Sindicato de Estudiantes, el nuevo borrador mantiene los aspectos más retrógrados y lesivos para la enseñanza pública y que son la consecuencia de hacer concesiones al programa político que el PP viene enarbolando tradicionalmente, y contra el que la comunidad educativa se manifestó masivamente cuando la derecha gobernó. El ministro de Educación habla de diálogo mientras se pone los tapones ante las críticas que le vienen de la izquierda, en quien debería apoyarse para frenar las embestidas, exigencias y presiones de la derecha y la patronal de la enseñanza privada concertada.
El 22 de febrero el Ministerio de Educación presentaba su segundo borrador de propuestas para un Pacto Educativo. A pesar de las críticas recibidas por parte de algunas organizaciones de izquierdas como la CEAPA, Izquierda Unida, STEs y el Sindicato de Estudiantes, el nuevo borrador mantiene los aspectos más retrógrados y lesivos para la enseñanza pública y que son la consecuencia de hacer concesiones al programa político que el PP viene enarbolando tradicionalmente, y contra el que la comunidad educativa se manifestó masivamente cuando la derecha gobernó. El ministro de Educación habla de diálogo mientras se pone los tapones ante las críticas que le vienen de la izquierda, en quien debería apoyarse para frenar las embestidas, exigencias y presiones de la derecha y la patronal de la enseñanza privada concertada.
En el nuevo texto se conserva y defiende la necesidad de segregar a los estudiantes con más dificultades desde 3º de la ESO, generalizando la inserción en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) a los que no logren superar este curso en primera opción. La segregación continuará en el curso siguiente, haciendo que los alumnos "más brillantes" se mantengan en una modalidad de 4º de la ESO que dará posibilidades de acceder al bachillerato en mejores condiciones. Mientras que para los estudiantes con peores resultados, que hayan superado 3º, se habilitará un 4º de la ESO orientado directamente al mercado laboral, ya que desembocará en que esos estudiantes vayan a un ciclo formativo de grado medio, cuya titulación está devaluada en el mundo laboral.
El Ministerio de Educación asume una filosofía educativa completamente reaccionaria y similar a la de la derecha más tradicional. Pretenden etiquetar a los estudiantes desde los 13 años en "tontos" y "listos", en "los que sirven para estudiar" y "los que sirven para trabajar", en lugar de combatir decididamente las desigualdades sociales, económicas, de aprendizaje, mejorando la calidad de la enseñanza pública, invirtiendo en aumentar la plantilla de profesores, reduciendo el número de estudiantes por aula para que quien necesita más atención pueda recibirla y sea incentivado, haciendo desdobles, garantizando en todos los centros públicos gabinetes de psicólogos, logopedas..., para hacer un seguimiento serio de los estudiante con mayores dificultades, etc. Pero no, la opción que se adopta es la que marca la patronal. Reducción al máximo del gasto educativo, puesto que para ellos no es rentable. Con un mercado laboral donde el paro juvenil alcanza un escandaloso 40%, para qué malgastar en la formación de los jóvenes, argumentan.
Endurecimiento de los ataques a la educación pública
Por si no fuera suficiente, en el actual borrador se da una vuelta de tuerca más. Se profundiza en la posibilidad de entregar títulos académicos sin recibir la formación necesaria, con la devaluación del sistema educativo que esto implica y la caída en la formación de los futuros trabajadores. Esto para la educación Infantil significará legitimar la situación actual, en la que muchas de las personas que trabajan en este sector carecen de los conocimientos necesarios para realizar su trabajo con las mejores garantías para los niños, en lo referente a los procesos de aprendizaje y de sociabilización.
Respecto a la campaña de desprestigio de la juventud hay un endurecimiento del lenguaje a la hora de justificar la necesidad de "reforzar la autoridad y asistencia legal del profesorado", refiriéndose a los estudiantes como si de auténticos delincuentes se trataran. Por último, se plantean realizar cuatro pruebas de diagnóstico-evaluación, superando las dos que reclamaba el PP.
El camino emprendido por el gobierno sólo significa una cosa: allanar el terreno para una progresiva y mayor privatización y elitización de la educación pública. Algo que ya ha sucedido especialmente allí donde gobierna la derecha; en la ciudad de Madrid la escuela privada y privada-concertada acoge al 65,5% del alumnado total y en el País Vasco, donde el PNV ha gobernado a lo largo de décadas, esta cifra alcanza un 51,4%.
La farsa de la negociación y la necesidad de la movilización de la izquierda
Aunque formalmente el proceso de "negociación" continúa abierto, en la práctica éste ya está cerrado desde hace mucho tiempo. Si todavía no se ha hecho público el documento definitivo, no es porque el ministro "esté valorando todas las aportaciones recibidas", sino porque responde a una campaña propagandística calculada, con la que reforzar la idea de que el gobierno tiene un talante dialogante y negociador.
La auténtica negociación se ha producido con el PP, que en un primer momento debió quedarse sorprendido al comprobar que el 90% de sus demandas de legislaturas pasadas aparecían recogidas fielmente en la propuesta de Gabilondo. Si el PP ha mantenido una actitud de cierta tensión con el gobierno no es porque no estén conformes con el documento, sino porque en sus cálculos electorales éste no es el momento de aparecer respaldando ninguna decisión clave. De esta forma el desgaste político sólo será del PSOE y le habrá trillado ya buena parte del camino que ellos quieren recorrer.
Con la CEAPA, Izquierda Unida y el Sindicato de Estudiantes lo único que ha existido ha sido una reunión protocolaria y testimonial para poder decir que se ha escuchado la voz de padres, alumnos y partidos políticos. Con CCOO y UGT se han producido algunos contactos más, pero en esencia para "trabajar" sobre las líneas ya marcadas por el PP, cosa que la dirección de estos sindicatos han aceptado. Aquí el problema no ha sido que el gobierno no escuche a los sindicatos, sino que éstos apoyan completamente la filosofía de esta contrarreforma educativa. De hecho, el Sindicato de Estudiantes ha sido la única organización que nos estamos oponiendo frontalmente a estas medidas y hemos comenzado una campaña de explicación en los centros de estudio. Además hemos propuesto a los sindicatos de profesores, la CEAPA e Izquierda Unida la necesidad de convocar una huelga general de toda la comunidad educativa para forzar al PSOE a cambiar de rumbo.
En el nuevo texto se conserva y defiende la necesidad de segregar a los estudiantes con más dificultades desde 3º de la ESO, generalizando la inserción en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) a los que no logren superar este curso en primera opción. La segregación continuará en el curso siguiente, haciendo que los alumnos "más brillantes" se mantengan en una modalidad de 4º de la ESO que dará posibilidades de acceder al bachillerato en mejores condiciones. Mientras que para los estudiantes con peores resultados, que hayan superado 3º, se habilitará un 4º de la ESO orientado directamente al mercado laboral, ya que desembocará en que esos estudiantes vayan a un ciclo formativo de grado medio, cuya titulación está devaluada en el mundo laboral.
El Ministerio de Educación asume una filosofía educativa completamente reaccionaria y similar a la de la derecha más tradicional. Pretenden etiquetar a los estudiantes desde los 13 años en "tontos" y "listos", en "los que sirven para estudiar" y "los que sirven para trabajar", en lugar de combatir decididamente las desigualdades sociales, económicas, de aprendizaje, mejorando la calidad de la enseñanza pública, invirtiendo en aumentar la plantilla de profesores, reduciendo el número de estudiantes por aula para que quien necesita más atención pueda recibirla y sea incentivado, haciendo desdobles, garantizando en todos los centros públicos gabinetes de psicólogos, logopedas..., para hacer un seguimiento serio de los estudiante con mayores dificultades, etc. Pero no, la opción que se adopta es la que marca la patronal. Reducción al máximo del gasto educativo, puesto que para ellos no es rentable. Con un mercado laboral donde el paro juvenil alcanza un escandaloso 40%, para qué malgastar en la formación de los jóvenes, argumentan.
Endurecimiento de los ataques a la educación pública
Por si no fuera suficiente, en el actual borrador se da una vuelta de tuerca más. Se profundiza en la posibilidad de entregar títulos académicos sin recibir la formación necesaria, con la devaluación del sistema educativo que esto implica y la caída en la formación de los futuros trabajadores. Esto para la educación Infantil significará legitimar la situación actual, en la que muchas de las personas que trabajan en este sector carecen de los conocimientos necesarios para realizar su trabajo con las mejores garantías para los niños, en lo referente a los procesos de aprendizaje y de sociabilización.
Respecto a la campaña de desprestigio de la juventud hay un endurecimiento del lenguaje a la hora de justificar la necesidad de "reforzar la autoridad y asistencia legal del profesorado", refiriéndose a los estudiantes como si de auténticos delincuentes se trataran. Por último, se plantean realizar cuatro pruebas de diagnóstico-evaluación, superando las dos que reclamaba el PP.
El camino emprendido por el gobierno sólo significa una cosa: allanar el terreno para una progresiva y mayor privatización y elitización de la educación pública. Algo que ya ha sucedido especialmente allí donde gobierna la derecha; en la ciudad de Madrid la escuela privada y privada-concertada acoge al 65,5% del alumnado total y en el País Vasco, donde el PNV ha gobernado a lo largo de décadas, esta cifra alcanza un 51,4%.
La farsa de la negociación y la necesidad de la movilización de la izquierda
Aunque formalmente el proceso de "negociación" continúa abierto, en la práctica éste ya está cerrado desde hace mucho tiempo. Si todavía no se ha hecho público el documento definitivo, no es porque el ministro "esté valorando todas las aportaciones recibidas", sino porque responde a una campaña propagandística calculada, con la que reforzar la idea de que el gobierno tiene un talante dialogante y negociador.
La auténtica negociación se ha producido con el PP, que en un primer momento debió quedarse sorprendido al comprobar que el 90% de sus demandas de legislaturas pasadas aparecían recogidas fielmente en la propuesta de Gabilondo. Si el PP ha mantenido una actitud de cierta tensión con el gobierno no es porque no estén conformes con el documento, sino porque en sus cálculos electorales éste no es el momento de aparecer respaldando ninguna decisión clave. De esta forma el desgaste político sólo será del PSOE y le habrá trillado ya buena parte del camino que ellos quieren recorrer.
Con la CEAPA, Izquierda Unida y el Sindicato de Estudiantes lo único que ha existido ha sido una reunión protocolaria y testimonial para poder decir que se ha escuchado la voz de padres, alumnos y partidos políticos. Con CCOO y UGT se han producido algunos contactos más, pero en esencia para "trabajar" sobre las líneas ya marcadas por el PP, cosa que la dirección de estos sindicatos han aceptado. Aquí el problema no ha sido que el gobierno no escuche a los sindicatos, sino que éstos apoyan completamente la filosofía de esta contrarreforma educativa. De hecho, el Sindicato de Estudiantes ha sido la única organización que nos estamos oponiendo frontalmente a estas medidas y hemos comenzado una campaña de explicación en los centros de estudio. Además hemos propuesto a los sindicatos de profesores, la CEAPA e Izquierda Unida la necesidad de convocar una huelga general de toda la comunidad educativa para forzar al PSOE a cambiar de rumbo.
