Las medidas anunciadas tras el Consejo de Ministros del 29 de junio por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, son un nuevo y brutal ataque contra la educación pública y una profundización de su política de recortes que, desde abril, ascienden a 4.000 millones de euros con los que la escuela pública no contará el curso que viene.
El gobierno del Partido Popular continúa en su intento por expulsar de la universidad a los jóvenes de familias trabajadoras y de las capas más humildes de la sociedad. En los últimos meses hemos ido conociendo nuevas trabas para acceder a las becas universitarias —no en pocas ocasiones, la última garantía para que muchos jóvenes puedan permanecer, acabar o matricularse por primera vez en la universidad— y que han culminado con un verdadero chantaje a los estudiantes. El decreto ley aprobado en Consejo de Ministros establece que los estudiantes que reciben la beca-salario y que no superen el 50% de los créditos tendrán la obligación de devolver la beca recibida. Familias en las que sólo tiene empleo uno de los progenitores, o que sobreviven con la ayuda de los 400 euros o de algún tipo de pensión, son a las que el PP quiere disuadir de enviar a sus hijos a la universidad.
El PP declara la guerra a la educación pública
Además, Wert anunció los ejes de una nueva contrarreforma educativa que pretenden aprobar antes de que termine el año 2012. Uno de los ataques más graves es la creación de un itinerario, desde tercero de la ESO, para acceder directamente a la Formación Profesional de Grado Medio. Esta medida es la implantación del ansiado “itinerario basura” que ya trató de imponer el gobierno de José María Aznar en 2002 y que, de la misma forma que entonces, pretende que a los 15 años ya se decida de manera determinante si un estudiante debe cursar el Bachillerato, encaminándose a la universidad, o ir directamente a un FP de baja cualificación y al mercado laboral.
Una medida completamente segregadora y clasista. En lugar de incrementar la inversión en la enseñanza pública, reducir los ratios, contratar más profesorado, impulsar los desdobles con la intención de dar una atención más individualizada, especialmente a los estudiantes con más dificultades de aprendizaje, se apuesta directamente por convertirles en mano de obra barata para expulsarles lo antes posible al mercado laboral que, además, en un contexto de precariedad y paro masivo como el que vivimos, significa negar un futuro digno a decenas de miles de jóvenes de familias humildes y trabajadoras.
Por último, pero de una gravedad extrema, está el anuncio de la implantación de tres reválidas, al terminar primaria, secundaria (ESO) y bachillerato. Los estudiantes que hayan aprobado la ESO, tendrán que superar un examen de reválida, si quieren optar por continuar sus estudios de bachillerato o FP. Además, los estudiantes de bachillerato tendrán que superar una nueva reválida si quieren acceder a la enseñanza superior (ya sea universidad o ciclos formativos de grado superior) con el agravante de que si no la aprueban ni siquiera obtendrán el titulo de Bachiller. Una verdadera carrera de obstáculos, cuyo único objetivo es dejar fuera del sistema educativo al máximo de estudiantes, y no la demagogia que utiliza el PP sobre la obtención de un sistema de mayor calidad y excelencia. Para los empresarios y sus representantes políticos, el PP, siempre ha sido un objetivo adecuar el sistema educativo a las necesidades del mercado laboral; por eso para ellos una educación pública de calidad para la inmensa mayoría es un lujo inadmisible, con una pequeña élite bien formada tienen más que suficiente. De ahí todos sus intentos de expulsarnos a través de trabas económicas o académicas de los estudios superiores.
Es un auténtico escándalo que el ministro de Educación no haya hecho ninguna referencia a los entre 40.000 y más de 100.000 profesores que va a perder la educación pública de un curso para otro, y que a su vez va a implicar una caída de la calidad de la enseñaza pública y una grave masificación de las aulas en primaria y secundaria. A todo esto se le suman las medidas anunciadas en algunas comunidades que supondrán un nuevo empobrecimiento de las familias trabajadoras, ya que mientras ven cómo las facturas de la luz, el gas y el transporte no paran de subir, se encuentran con que las becas de comedor y libros para los estudiantes de primaria y secundaria en comunidades como Madrid desaparecen de un plumazo o, en el caso de Catalunya y Madrid, aparecen nuevas tasas para la matriculación en Formación Profesional de Grado Superior (la que permite una cualificación decente), de 300 y 250 euros respectivamente. Con estas reformas, en la práctica, la educación pública deja de ser gratuita y se avanza con claridad en su privatización.
Ante esta catarata de ataques sin precedentes, desde el Sindicato de Estudiantes redoblamos nuestro llamamiento a las direcciones de CCOO y UGT, así como al conjunto de la comunidad educativa, para que este inicio de curso se organicen desde el primer día de clase acciones de protesta contundentes, unificadas a nivel estatal, organizando a padres, madres, profesores y estudiantes en comités en defensa de la enseñanza pública para preparar y convocar en las mejores condiciones, un calendario ascendente de movilización, empezando con una huelga general estatal de 48 horas en todos los tramos educativos para defendernos del intento de desmantelamiento de la educación pública de la derecha.
