El ministro Wert se desmarcó antes de Navidades anunciando un nuevo borrador de la LOMCE (contrarreforma educativa) que supone otra vuelta de tuerca contra la enseñanza pública y una ofensiva brutal contra las lenguas cooficiales propias: catalán, gallego y euskera, que busca marginarlas del sistema educativo.
En nuevo borrador de la LOMCE reduce las lenguas cooficiales a la categoría de “especialidad”, equiparándolas en realidad a una materia optativa, sin un tiempo mínimo asignado para su aprendizaje y jerarquizándolas en cuarta posición tras el castellano y dos lenguas extranjeras. Además, basándose en varias sentencias reaccionarias de los tribunales, el nuevo borrador establece que la enseñanza de las lenguas cooficiales tiene que estar “equilibrada” en el número de horas lectivas, garantizando que los padres puedan elegir como lengua vehicular el castellano. En el caso de que no hubiera plazas públicas o plazas privadas concertadas en castellano, se subvencionaría la plaza en la educación privada de élite.
La LOMCE apoya por tanto la política reaccionaria en materia lingüística que lleva adelante la Xunta de Galicia (gobernada por el PP), que margina al gallego, y consagra el modelo de segregación en líneas lingüísticas del País Vasco, que divide a los estudiantes en castellanoparlantes y euskaldunes. Pero el verdadero objetivo de la LOMCE en materia lingüística es destruir el actual modelo de inmersión lingüística en catalán. Todas estas medidas supondrán introducir en Catalunya la segregación lingüística de los estudiantes.
El PP, una y otra vez, trata de presentar de manera distorsionada la realidad lingüística existente en Catalunya, donde no existe hasta el momento ningún problema lingüístico. La inmensa mayoría de la población catalana defiende el modelo de inmersión lingüístico conquistado en las luchas contra la dictadura franquista. Este modelo, que no impide el aprendizaje del castellano —como demuestra que todos los catalanes hablan y escriben perfectamente este idioma—, evita la segregación en líneas lingüísticas de los estudiantes y apoya un idioma como el catalán, que históricamente ha sido perseguido y que sigue en el punto de mira de la derecha españolista. Varias pruebas confirman este análisis: pese a toda la campaña propagandística del españolismo, sólo catorce familias de toda Catalunya han demandado a la Generalitat que la lengua vehicular de sus hijos en la enseñanza sea el castellano. Además, todas las pruebas de nivel, selectividad o pruebas externas demuestran que los estudiantes catalanes dominan el castellano tan bien como lo pueden hacer los estudiantes del resto del estado.
No nos engañemos. Al PP no le importa en absoluto el aprendizaje del castellano. El PP está impulsando brutales recortes a la educación pública en todo el Estado. Esos recortes sí que merman el aprendizaje del castellano. Esa es la verdadera naturaleza de la LOMCE, una ley con reválidas, itinerarios, religión obligatoria y un retroceso de la educación pública a los niveles de la enseñanza franquista.
CiU no es nuestro aliado
CiU, fiel representante de la burguesía catalana, no es nuestro aliado en la defensa de la educación pública en catalán y contra la segregación en líneas lingüísticas. CiU comparte con el PP el objetivo de privatizar la educación y degradar la educación pública. CiU, junto al PP, lleva dos años de continuos recortes, atacando la calidad de la educación pública y suprimiendo los derechos democráticos dentro y fuera de las aulas. Al día siguiente de las elecciones autonómicas, CiU anunció un recorte adicional de 4.000 millones de euros para 2013 que sin duda afectará una vez más a la educación pública.
El PP ataca los idiomas cooficiales propios para mantener agrupada a su base electoral más reaccionaria y tratar de que sus ataques y recortes sociales pasen más desapercibidos. Además, busca introducir el veneno reaccionario del españolismo distorsionando la realidad y engañando a la población de fuera de Catalunya. Pero a CiU también le interesa polarizar la vida política en líneas nacionales para ocultar sus propios planes de ataque y destrucción de lo público. Ambos partidos, que comparten la misma política económica y su servidumbre a los dictados del capital financiero internacional, buscan manipular y exacerbar los sentimientos nacionales para enfrentar y dividir a los trabajadores y los jóvenes.
Sólo la lucha y la movilización en la calle nos permitirá conservar nuestros derechos sociales y democráticos: es el único camino. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a las organizaciones de profesores, padres y estudiantes a que se sumen a la nueva semana de lucha (del 4 al 8 de febrero) convocada en todo el Estado en defensa de la educación pública, exigiendo la retirada de la LOMCE y la dimisión de Wert. A las reivindicaciones que ya nos sacaron a la calle en octubre, se suma ahora la defensa de las lenguas cooficiales propias y el rechazo absoluto a la segregación en líneas lingüísticas. No permitiremos que nos dividan, ni que nos segreguen, igual que no permitiremos que nos manipulen y que nos arrebaten un derecho que conquistaron nuestros padres y abuelos: una educación pública y de calidad para todos.
