¡Ni incremento de las tasas, ni privatización! Todos a la movilización el 14 de marzo
En abril de 2012 el PP aprobaba un Real Decreto que suponía la mayor subida de tasas universitarias nunca vista, nada menos que un escandaloso 66%, llegando a duplicar en algunos casos el precio de las carreras, a la vez que se dificultaba el acceso a las becas generales. Tras este primer golpe, ahora llega el segundo: una propuesta de reforma universitaria que profundiza en la privatización y elitización de la universidad pública, bastante avanzada ya a causa de la puesta en marcha de los planes de Bolonia. Para justificar esta nueva contrarreforma ya se ha publicado un informe elaborado por una comisión de “expertos” designada a dedo por el PP.
‘Calidad’ y ‘competitividad’, excusas para reducir centros universitarios
Según estos “expertos” los problemas de la universidad pública se pueden resumir en dos puntos principales: hay demasiadas universidades y muy pocas son de excelencia investigadora. Su solución, sencilla: por una parte, restringir el número de centros universitarios y, por otra, vincular los que queden directamente a las necesidades de las empresas. Es decir, cerrar facultades y campus a diestro y siniestro y garantizar que las universidades que queden respondan, no a las necesidades sociales existentes, sino a los intereses privados de grandes empresarios y sus negocios.
Para medir la calidad de las universidades los mencionados “expertos” dicen que la mejor forma de saber esto es fijarse en la capacidad de financiación privada que cada universidad sea capaz de atraer, y en función de la cantidad conseguida se recibirá un mayor apoyo económico por parte del Estado; es decir, se completa la mercantilización de la universidad pública.
Siguiendo esta lógica, si una universidad pública pone la alfombra roja a los grandes empresarios para que utilicen a placer y en beneficio propio sus laboratorios, instalaciones o incluso se les permita diseñar los programas de estudio, lógicamente lograrán financiación privada de algunas de estas grandes empresas. Si, por el contrario, una universidad pública prioriza una oferta educativa diversa con la que dar cabida al mayor número de estudiantes atendiendo a su vocación, elabora programas de estudio centrados en ampliar el conocimiento y fomenta el uso de las instalaciones por parte de la comunidad educativa, nos podemos imaginar que no será la que reciba la “estrella de la calidad” que promueve el PP. Lo que se propone es abrir una brecha entre universidades de primera y de segunda.
El Ministerio de Educación ha venido machacando con la idea de que sobran universidades, que los estudiantes deberíamos estudiar “en función de la empleabilidad” y que tenemos que acostumbrarnos a la movilidad, a desplazarnos lejos de casa para poder cursar nuestros estudios. Sin embargo, los mismos que dicen esto son los que dificultan el acceso a las becas de movilidad, suprimen las becas Séneca y recortan la dotación de las Erasmus.
Todos a la huelga y las manifestaciones para defender la universidad pública
El citado comité de “expertos”, en sintonía con lo que se dicta desde el despacho del ministro Wert, propone la reducción de centros universitarios y el número de estudiantes matriculados, un incremento aún más salvaje de las tasas económicas y por dar un peso preponderante a los Consejos Sociales en el gobierno de las universidades —es decir, que los representantes de las grandes empresas privadas puedan ser en última instancia quienes decidan planes de estudio, grados que se imparten, coste de matrículas y tasas, así como la utilización de equipamientos de las facultades y normas de permanencia—. Como se puede ver, al Gobierno del PP lo único que le interesa es expulsar de la enseñanza superior a cientos de miles de jóvenes de familias trabajadoras que no podrán permitirse el lujo de pagar matrículas de miles de euros en un contexto en el que las becas quedarán reducidas a la mínima expresión. Al fin y al cabo, razonan Rajoy, Wert y la CEOE, si las tasas de desempleo juvenil se acercan al 60%, qué mejor momento para poner punto y final a nuestro derecho a recibir una enseñanza universitaria digna, y que tendría que ser gratuita, para convertir este derecho en un gran negocio al estilo de lo que ocurre en EEUU y en Gran Bretaña. Los que puedan pagarlo, que lo hagan. Y los que no ya saben: las colas del paro, los trabajos precarios, y los salarios miserables.
Por todas estas razones desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a participar activamente en las movilizaciones convocadas para el 14 de marzo en defensa de la universidad pública —que en numerosas zonas del Estado se concretarán en huelgas y manifestaciones—, confluyendo con otros colectivos y organizaciones estudiantiles. ¡La unidad hace la fuerza y es fundamental para vencer al PP!
