Este mensaje es el que desde el Sindicato de Estudiantes hemos defendido insistentemente desde el pasado 24 de octubre, día en el que culminó la huelga de tres días convocada por nuestra organización y en la que confluimos con padres y profesores con el tremendo resultado de más de dos millones de personas en las calles de todo el Estado. Pusimos el acento en la necesidad de dar continuidad a aquella explosión de participación con una nueva huelga general de 72 horas de padres, profesores y estudiantes, pero lamentablemente los dirigentes de CCOO, UGT y CEAPA hicieron oídos sordos a las demandas del movimiento.
Este bloqueo por parte de las direcciones sindicales ha sido un regalo para que el Ministerio pudiera, hasta cierto punto, recomponerse del duro golpe que supuso la huelga del 24-O. Tras la aprobación de la LOMCE en el Congreso estos dirigentes han decidido terminar con las movilizaciones masivas en las calles y pasar a otro plano de la protesta, una de “de bajo perfil”. Es un grave error aceptar que porque una ley esté aprobada, ya no se puede hacer nada. Precisamente los ejemplos de la limpieza viaria en Madrid, Gamonal o la sanidad madrileña demuestran que esa idea es completamente falsa.
Wert continúa al ataque
No solamente se trata de la aprobación y aplicación de la LOMCE (retrasada, por cierto, gracias a la lucha). Cada semana el Ministerio nos sorprende con algún nuevo ataque a la educación pública. Comenzaron por el imperativo de cambiar todos los libros de texto para hacer de oro a las grandes editoriales a la vez que reducían en un 40% las ayudas a libros de texto. Siguieron con los ataques continuados a las becas Erasmus, que han tratado de camuflar con un nuevo nombre para este programa, (“Erasmus Plus”). Con este nuevo programa —que se lanza tras haber recortado en 16 millones de euros (un 47%) la dotación a estas ayudas y de haber reducido el tiempo de estancia en el extranjero a la mitad— se establecen dos cuantías diferentes de ayudas: una común para todos los que obtengan la beca y que será de 250 euros a cargo de los fondos europeos y otra para los “excelentes” que contarán con una ayuda complementaria de 100 euros a cargo del MEC. Los requisitos para esta ayuda extra serán tener un nivel del idioma extranjero que no se imparte ni en los institutos ni en la universidad pública, además de tener 60 créditos completos de una carrera. Lógicamente se trata de una medida elitista que beneficia y premia a los alumnos con más poder adquisitivo, los que pueden aprender idiomas en academias privadas o viajando al extranjero, y dificulta el acceso a los estudiantes con menos recursos económicos.
Paralelamente a esto, hemos podido conocer por boca del propio ministro Wert y la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, que este año tienen preparados nuevos ataques de calado: la reforma universitaria, que supondrá el cierre de facultades, la subida de tasas y la privatización de los órganos de gobierno de la universidad pública, y el Estatuto Docente, que pretende destruir las condiciones laborales de los profesores.
Por si esto no fuera suficiente, también estamos asistiendo a una retahíla de casos de estudiantes en todo el estado que denuncian la denegación de las becas del MEC, incluso cumpliendo todos los requisitos. Algo que contrasta enormemente con la campaña publicitaria que el ministro se empeña en repetir allí por donde pasa, en la que se resalta la subida de 246,3 millones de euros para becas este año. Lo que nunca menciona el ministro es que con esta subida seguimos estando casi 200 millones de euros por debajo del presupuesto para becas que había antes de la llegada del PP al gobierno, en el año 2011.
Sigue la política de ‘españolización’ de los catalanes
A todas estas medidas hay que añadir la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que, siguiendo el objetivo de “españolizar” a los estudiantes catalanes declarado por Wert en el más puro estilo franquista, supone un nuevo ataque a la enseñanza en catalán y alimentar la división de los estudiantes en líneas lingüísticas. El Tribunal Supremo exige ahora que un 25% de las clases impartidas a un alumno sean en castellano para la totalidad del aula “si lo pide un alumno”, intentando así cargarse el modelo de inmersión lingüística asumido por la inmensa mayoría de la sociedad catalana. La sentencia del TSJC es el resultado de una denuncia presentada por ¡cinco familias! en toda Catalunya, una clara demostración de la inexistencia de un problema que el PP trata de crear para azuzar el odio en líneas nacionales y desviar la atención de su política de recortes.
Está claro que el PP tiene por objetivo emplearse a fondo en lo que le queda de legislatura y acometer ataques aún más fuertes a la educación pública. Por eso y tras la demostración práctica de fuerza que la Marea Verde ha hecho en las calles en el último curso no se puede sacar otra conclusión diferente a que ganar es completamente posible. Tenemos fuerza para ello y razones más que de sobra. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes volvemos a insistir a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública en la necesidad de retomar la movilización con más fuerza que nunca, con una huelga de 72 horas de toda la comunidad educativa. La estela de la Marea Blanca es la que debemos seguir para evitar un retroceso de décadas en la educación.
