Las trabajadoras de ayuda a domicilio de ASISPA hemos comprobado en nuestras nóminas que en los últimos meses se han producido modificaciones sustanciales en nuestras condiciones laborales sin contar con nuestro consentimiento. Los cambios, que afectan a 2.000 trabajadoras, consisten en el traslado de las trabajadoras del convenio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Madrid a la ley de la dependencia en pueblos de la Comunidad de Madrid.
A pesar de que no se ha reflejado en un cambio en nuestros salarios, en las nóminas actuales no se recoge ni la jornada, ni el distrito, ni el horario. Este cambio ha coincidido con el bloqueo, durante tres meses, de las terminales de nóminas, de forma que muchas afectadas no han podido tener conocimiento a tiempo real de dichas modificaciones. Y aquí es cuando salta la voz de alarma ya que cuando las trabajadoras somos subrogadas a otra empresa las condiciones laborales que se nos respetan son las que hemos tenido durante los últimos tres meses, y si no se ha denunciado este cambio en los veinte días posteriores a su modificación, serán estas nuevas condiciones las que la nueva empresa nos tendrá en cuenta.
Basta de ataques a nuestras condiciones laborales
Nuestra preocupación se basa, además, en que en el último periodo la empresa está inflando las plantillas con múltiples contrataciones que no se corresponden con un incremento del trabajo a desempeñar, por lo que tememos que se estén creando listados ficticios de trabajadores y que en poco tiempo esto se traduzca en que, con el argumento de que no hay trabajo, ésta u otra empresa a la que se nos subrogue, despida a las trabajadoras con mejores condiciones laborales para sustituirlas por otras en peores condiciones.
Nos consta que los sindicatos no han dado ninguna importancia a este tema, pero sabemos que hechos de este tipo han concluido en otras empresas con EREs de extinción de empleo, por lo que varias trabajadoras ya hemos denunciado este cambio de modificaciones sustanciales en nuestras condiciones laborales sin nuestro consentimiento ante los tribunales, y consideramos que debemos tomar medidas colectivas para evitar que se produzca un ERE encubierto en nuestra empresa.
Además, nuestras condiciones laborales están deteriorándose progresivamente, y la empresa ha restringido otros derechos: quitándonos pruebas médicas (radiografías o mamografías), o dificultándonos los permisos por ingresos hospitalarios de familiar, exigiéndonos informes médicos en muchos casos imposibles de conseguir.
Ante la falta de respuesta por el momento de los sindicatos, hemos decidido dar un paso al frente y convocar una reunión en la que todas las afectadas podamos participar y poner toda la información en común.
¡Ni despidos ni sanciones!
Delegados de Personal del CA La Rosa y Comité de empresa del CA Juan Luis Vives (ASISPA - Madrid)
Las plantillas del Centro Abierto La Rosa y del Centro de Acogida Juan Luis Vives, de la red municipal de atención a personas sin hogar de Madrid, llevamos años sufriendo los efectos de la privatización de los servicios sociales. Años de precariedad laboral y de medios materiales que afectan directamente a los usuarios.
Las empresas del sector de la intervención social (muchas de ellas disfrazadas de entidades sin ánimo de lucro) llevan décadas actuando como si los servicios sociales fueran su cortijo. Y en la práctica así es. No se cumplen los pliegos contratados con la administración, muchas empresas se niegan a aplicar el convenio de Acción e Intervención Social, la prevención de riesgos laborales es un paripé, la formación del personal una tomadura de pelo..., como es de esperar cuando lo único que importa es el lucro económico.
ASISPA, empresa que gestiona ambos centros, es un ejemplo paradigmático de lo expuesto. Se niega a aplicar el convenio, la precariedad laboral es la tónica general (aproximadamente la mitad de la plantilla tiene un contrato temporal, y más de la mitad un contrato a tiempo parcial) y los sueldos son de mera subsistencia. Además, su gestión es profundamente autoritaria, llegando a extremos como negarse a abonar los festivos trabajados o a reconocer el permiso por hospitalización de familiar (¡ésta es su sensibilidad!).
Ante esta situación, la plantilla está reclamando sus derechos. Como respuesta, la empresa ha optado por la represión, despidiendo a seis compañeras del CA La Rosa con la forma de la no renovación, y abriendo expedientes sancionadores a miembros del comité de empresa del CA Juan Luis Vives. Para colmo, ha intentado silenciar a los trabajadores y a los usuarios arrancando con sus propias manos una directiva de ASISPA pancartas y carteles contra los despidos, en un patético acto de soberbia.
¡Contra la represión patronal, municipalización!
No lo podemos permitir. Por eso vamos a pedir amparo frente a la patronal al gobierno municipal de Ahora Madrid, porque es NUESTRO ayuntamiento. Y también vamos a recordarle que la municipalización de los servicios públicos va en su programa electoral. Llamamos a participar en la manifestación por la remunicipalización de los servicios públicos del 9 de junio a las 19h., desde la Plaza de la Villa. Manuela, lo prometido es deuda.
