En los últimos años hemos asistido en la ciudad de Málaga a un rosario de luchas y movilizaciones que se incrementó de forma exponencial a lo largo de 2015. La Junta de Andalucía, capitaneada por Susana Díaz, ha agudizado sus políticas privatizadoras con el resultado de un aumento, como nunca, del número de empresas privadas gestionando los servicios públicos. Estas empresas que se llevan dinero público a espuertas —a veces lo reinvierten en comprar más concesiones como es el caso de FCC, accionista mayoritaria de Limasa— degradan los servicios públicos y destruyen las condiciones laborales de las plantillas.
Empresa a empresa hemos contestado cada ataque con movilizaciones y huelgas, como la que han protagonizado las trabajadoras intérpretes de lengua de signos en educación los días 17, 18 y 19 de mayo o la emblemática huelga indefinida de los compañeros de Limasa.
Pero no sólo luchamos contra los accionistas y la dirección de nuestras empresas. Luchamos también contra el pacto social impuesto por las direcciones de CCOO y UGT, contra la atomización que necesitan para mantener el statu quo. Así que hemos dicho ¡basta! y, de momento, trabajadores de 11 empresas y colectivos nos hemos puesto manos a la obra y hemos formado la Plataforma de Colectivos en Lucha (Valoriza, Limasa, Catsa, Intérpretes de Lengua de Signos, 061, Limpiadores de hospitales públicos, Parados en Movimiento, Trabajadores de los polideportivos de Trinidad y el Torcal, CIMI San Francisco, impulsores de la lucha por el deporte adaptado para personas con diversidad y el Sindicato de Estudiantes).
En la última reunión acordamos ampliar el manifiesto en defensa del sector público a la privada, y creamos dos comisiones: de Comunicación y acciones y de Ampliación del manifiesto. Vamos a inundar cada mitin electoral de la izquierda con nuestras reivindicaciones, a exigir el compromiso de los partidos y a obligar a las direcciones sindicales a unificar las distintas reivindicaciones y luchas en una huelga general para reconquistar los derechos perdidos estos años.
Trabajadoras de dos de estos colectivos nos cuenten su experiencia.
Juani Martínez (CIMI San Francisco de Asís)
El Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) San Francisco de Asís es el único de titularidad pública que queda en Andalucía. En 2015 varias decenas de trabajadores fuimos despedidos de forma encubierta. Hemos trabajado en el centro durante años (algunos desde 1997) con contratos de distinta duración, por lo que deberíamos ser reconocidos como personal laboral indefinido no fijo; sin embargo, al no ser contratados en 2015 en la práctica hemos sido despedidos por la Junta.
Nos vimos obligados a acudir a los tribunales para exigir que se reconozca legalmente que somos personal laboral indefinido no fijo de la Junta de Andalucía y que seamos readmitidos.
Sabemos que nuestra situación no es un hecho aislado, sino que responde a las políticas de recortes y privatizaciones de la Junta en todo el sector público. Por eso, la única forma de revocar nuestros despidos encubiertos es acompañar nuestras demandas judiciales con la movilización en la calle junto al resto de trabajadores del sector público y el conjunto de los usuarios de la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Así surgió la idea de la Plataforma. Hicimos un llamamiento a todos los colectivos en lucha para unirnos en defensa de nuestros derechos y servicios públicos de calidad. El balance es muy positivo ya que desde las primeras concentraciones donde participamos cuatro o cinco colectivos, ahora hemos conseguido involucrar a trabajadores de once empresas.
Trabajadoras de Limasa
Las trabajadoras y trabajadores de Limasa (limpieza y mantenimiento) somos personas honradas, trabajadoras y responsables, que desempeñamos nuestra labor, penosa y peligrosa, en condiciones deplorables, expuestos a los elementos y a agentes infecciosos que ponen en riesgo nuestra salud a diario.
Desde 2010 tenemos nuestros sueldos congelados. Desde entonces intentamos negociar un nuevo convenio colectivo que el Ayuntamiento se niega a aceptar aunque hay una sentencia judicial que le obliga a ello.
Queremos que se municipalice el servicio, y que el ahorro que esto supondría (estimado, a la baja, en unos 10 millones de euros anuales) se utilice en mejorar las condiciones del servicio y de otras partidas municipales, que haya un servicio democrático que no favorezca a unos barrios en detrimento de otros, un servicio respetuoso con el medio ambiente, y que se nos devuelva nuestra imagen dañada durante estos años.
Durante mucho tiempo hemos delegado, por eso se hace imprescindible nuestra reacción, la de la clase trabajadora que aún posee recursos para defenderse. Todos juntos, uniendo esfuerzos y recursos, podemos hacer que el cambio sea posible, pero para ello debemos hacer un frente común y señalar al enemigo, posicionarnos de una vez y decidir en qué bando estamos, para que cuando golpeemos lo hagamos todos a la vez. De ahí la importancia de la Plataforma de Colectivos en Lucha. Al mismo tiempo debemos mantenernos unidos y no ser excluyentes, olvidar las rencillas y prejuicios, tejer redes solidarias y a través del esfuerzo y la creatividad construir alternativas tangibles a este perverso sistema.
www.colectivosenlucha.wordpress.com
