Un nuevo ataque a los servicios sociales en la Comunidad de Madrid
Los servicios sociales continúan siendo la diana del ataque indiscriminado de las políticas de recorte del PP en la Comunidad de Madrid. A fecha de 15 de junio de 2016 la Dirección General de Salud Pública de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha considerado extinguido el convenio suscrito con la Asociación Punto Omega para el desarrollo del programa de atención a drogodependientes en Instituciones Penitenciarias. La contradicción es evidente cuando a fecha de 15 de junio, lo considera extinguido “retroactivamente”, desde el 31 de diciembre de 2015, habiendo seis meses de funcionamiento en 2016 que para la Administración no han existido, ni existen.
Actualmente a través de este programa se está desarrollando el tratamiento con 140 presos y sus familias, siendo de media 277. Hasta ahora el programa venía siendo renovado tácitamente de forma anual desde 1994, salvo denuncia expresa por escrito con dos meses de antelación, una denuncia que nunca se ha producido hasta el momento, y así lo reconoce la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, considera que la prórroga queda supeditada a la existencia de crédito presupuestario. Es decir, después de 22 años el programa de atención a drogodependientes en Instituciones Penitenciarias en el C.P. Madrid IV-Navalcarnero no dispone de asignación presupuestaria y por tanto debe cerrar. El criterio, para la Comunidad de Madrid, para que exista o deje de hacerlo, son razones económicas y no de necesidades sociales.
Sin duda ese no fue el criterio por el que se creó. Fue una conquista de los movimientos sociales que lucharon por garantizar la existencia de una red de atención que cubriera las necesidades sociales detectadas, obligando al Estado y a las distintas administraciones a destinar una parte del dinero público a desarrollar políticas de bienestar social.
La necesidad sigue existiendo. De hecho, el problema de la drogodependencia está ampliamente extendido en los centros penitenciarios españoles. Aproximadamente un 76,2% de las personas que ingresan en estos centros reúnen en ese momento criterios para el diagnóstico de dependencia/abuso a alguna sustancia. Por tanto sus delitos están relacionados directa o indirectamente con el consumo de drogas, tratándose bien de delincuencia inducida, bien funcional. Diversos estudios demuestran la eficacia del tratamiento en la disminución de la reincidencia de las personas tratadas (15,64%), frente a aquellas que no han realizado tratamientos específicos (42,76), de lo que se deduce una reducción de un 85% de la reincidencia. Los resultados han demostrado que las derivaciones externas realizadas desde el Programa permiten que aumente la adherencia a programas de la red cuando el interno sale a la calle en tercer grado, artº 182 o libertad condicional, estando condicionado a seguir tratamiento. Por tanto, de manera indirecta, la sociedad en general es otra beneficiaria. La dimensión de los daños por el cierre es una cuestión político social.
Ni cierres ni recortes
El modelo de funcionamiento de los servicios sociales pervierte en origen el objetivo que deberían tener los mismos, la atención de necesidades individuales y sociales de las personas en dificultad, pasando a ser una fuente de negocio más para multitud de empresas privadas. La privatización de los servicios sociales está permitiendo que pueda ser desmantelada toda la red de atención con gran facilidad, por su funcionamiento a base de convenios que basta con no renovar para hacerlos desaparecer.
Este no es el primer caso, desde el 2007 la tendencia está siendo el desmantelamiento del sistema de protección social, con picos notables como el periodo entre 2010 y 2013 donde se perdieron 56.700 empleos (11,7%) en servicios sociales superando en 6,5 puntos porcentuales a la media total del Estado español, siendo el 85% del empleo destruido ocupado por mujeres y , entre las que quedan en activo hay una tasa de precariedad, temporalidad y parcialidad superior a la media estatal. Son ámbitos laborales donde las mujeres ocupamos la mayoría de los puestos de trabajo y no vamos a dejar de denunciar el continuo desprecio que la administración hace de nuestro trabajo. Nuestro sitio está aquí y no reducido al espacio privado de nuestros hogares como ya hemos tenido ocasión de escuchar en boca de algunos defensores de la discriminación laboral.
No parece casual que este sea uno de los sectores junto con sanidad y educación, que más está sufriendo amparándose en la necesidad de recortar. La enorme precariedad y atomización de las trabajadoras y trabajadores del sector dificulta la respuesta organizada contra los recortes y los cierres de recursos y nos limita en uno de los aspectos fundamentales de nuestra labor profesional que es la defensa de los intereses de las personas usuarias.
Por otra parte existen organizaciones sin ánimo de lucro que realizan una importante labor en este terreno están siendo ahogadas económicamente. Son fácilmente reconocibles y deben jugar un papel fundamental en el sistema de servicios sociales y la ejecución de dichos programas debe ser supervisada por ese mismo tejido asociativo, junto a la Administración y las figuras representantes de trabajadoras y trabajadores del sector. Estas entidades desarrollan la actividad que el sector público debería asumir directamente, subrogando a las plantillas y mejorando las condiciones laborales y del propio servicio con mayores dotaciones. También existen muchas entidades que, enfundadas en el nombre de “sin ánimo de lucro”, en la práctica son empresas donde sí hay lucro y donde lejos queda la defensa de la calidad del servicio, su carácter universal y la atención de necesidades. Dadas todas estas circunstancias los servicios sociales tienen un funcionamiento excesivamente rígido y burocrático, profundamente antidemocrático. En la práctica, la capacidad de control de la ciudadanía es nula.
Por la dignificación del sector
Fruto de esta extinción del convenio para el desarrollo de este proyecto los trabajadores y trabajadoras de la Asociación nos veremos ahora con seguridad envueltos en el procedimiento ordinario para un ERE de extinción de empleos habiendo hecho correctamente nuestro trabajo durante tantos años. Esto se debe precisamente a la precariedad instalada y al sistema de servicios sociales fundamentados en cuestiones económicas. Es urgente visibilizar la situación de nuestros servicios sociales. Mediante la unión y la organización podemos hacer que sea posible un cambio y conquistar la defensa de unos servicios sociales públicos y de calidad. La posición de la Administración es manifiesta, y es hora de que las trabajadoras y los trabajadores nos posicionemos y decidamos de qué lado estamos, si en el de las necesidades sociales o en la tarea de resolver la cuenta de resultados de gobiernos resultantes de políticas antisociales.
Las organizaciones vecinales, asociaciones y organizaciones políticas, así como sindicatos y distintos colectivos representativos del sector, deben denunciar esta situación y luchar por decidir en qué se gasta el dinero público, revertir los recortes y la inmediata aplicación de políticas en defensa de los intereses de la clase trabajadora. No hay ninguna razón que justifique que ante la situación descrita CCOO y UGT no hayan movilizado de forma contundente al conjunto del sector en todo el estado.
¡Basta de recortes! Ni cierres ni despidos. Contra el maltrato institucional
Por la defensa de unos servicios sociales democráticos y de calidad
