Las trabajadoras del servicio municipal de Dependencia de Villaverde del Río llevan dos meses sin cobrar. La sociedad municipal que gestiona el servicio ha sido llevada a concurso voluntario de acreedores por iniciativa del presidente de esta, el alcalde del PSOE y, a requerimiento de él mismo, un auto judicial ha abierto la fase de liquidación y cierre de la empresa. Las opciones que el PSOE ofrece a la plantilla son: que acepten la privatización o a la calle.
Esto es lo que pretende hacer el PSOE apenas año y medio después de hacerse con la alcaldía, mediante un pacto con el Partido Popular, con uno de los símbolos que ha caracterizado la anterior legislatura de gobierno obrero en Villaverde encabezado por lo que hoy es La Voz de Villaverde.
Un plan para privatizar la Dependencia
Todo responde a un claro objetivo: vender este recurso público a una empresa privada y presentar la privatización como única salida, culpando a la anterior corporación de la “ruinosa” situación en que se encuentra. De hecho, hemos asistido a una agresiva campaña de difamación y manipulación contra nosotros, intentando sepultar bajo una red de mentiras la experiencia de cuatro años de municipalización viable, estable y con derechos para las trabajadoras.
La justificación para este ataque se encuentra en una sentencia reciente que condena a la empresa municipal a pagar casi 100.000 euros a un constructor por unos trabajos realizados en 2006, que la coalición PP-PSOE encargó de palabra, sin proyecto ni presupuesto y no pagó.
Esta sentencia ha sido la coartada para meter a la empresa y al servicio de Dependencia municipal, en un concurso de acreedores completamente innecesario. Se trata, a través de esta estrategia judicial, de secuestrar la empresa, impedir que podamos intervenir en el procedimiento, dificultar la lucha y seguir maniobrando para privatizar el servicio por “decisión judicial”. Siempre hemos dicho que la legalidad burguesa está al servicio de los intereses del capital en todos sus niveles, y este procedimiento es prueba de ello. La Voz de Villaverde se ha personado en el procedimiento alertando al juez y al administrador de las graves consecuencias que están causando sus directivas emitidas a solicitud del alcalde. Con la firme determinación de liquidar la empresa, están impidiendo que se puedan hacer nuevos contratos de personal absolutamente indispensable para atender a los usuarios, poniendo en riesgo y dejando desamparadas a personas dependientes o que directamente se encuentran encamadas ¡y esto lo dicta un juez! Esa es la justicia.
Pero lo más grave es que se mantiene a las trabajadoras sin cobrar “porque las cuentas de la empresa están embargadas”. Están retenidos casi 150.000 euros, fondos que son exclusivos para el servicio de Dependencia y por lo tanto inembargables, y sin embargo, no se levanta el bloqueo judicial. En realidad, estamos ante un chantaje deliberado con el fin de ahogar económicamente a las trabajadoras y de quebrar su resistencia para que acepten entrar voluntariamente en la empresa privada.
Trabajadoras en lucha
La lucha es la clave de que la defensa de un servicio y unos contratos públicos siga aún viva, algo que no entraba en los cálculos de los que quieren la privatización. A pesar de la campaña de confusión y engaño, del chantaje, las amenazas y de las presiones económicas, la mayor parte de las trabajadoras ha elegido el camino de la movilización.
La Voz de Villaverde ha intervenido manteniendo presentes en la batalla los métodos clásicos de la lucha obrera, nos hemos posicionado participando en las acciones reivindicativas y hemos puesto nuestra organización al servicio de la movilización. Hemos presentado en el Pleno mociones de apoyo económico, pero desde luego son los métodos obreros y asamblearios los que han permitido impulsar concentraciones de trabajadoras y usuarios en la plaza del Ayuntamiento y, lo más importante, una huelga y manifestación el 23 de Enero con el lema “la Dependencia no se vende, se defiende”.
Estas acciones salieron adelante contra todos los obstáculos, desafiando las coacciones políticas y judiciales, ante el esquirolaje activo de una minoría de la plantilla y además, con los representantes provinciales de UGT y CCOO apostando por el diálogo y presionando a las trabajadoras para desconvocar la huelga y la manifestación.
A pesar de todas las adversidades, los cuatro años de gobierno obrero no caen en saco roto. Hay un grupo importante de trabajadoras que sabe que los derechos y los salarios que mantienen a día de hoy son posibles gracias a la municipalización que nuestro gobierno emprendió al llegar a la alcaldía. También son conscientes de que si finalmente se privatiza el servicio esos derechos se verán mermados, pero la presión es cada vez mayor y la última reunión convocada por el alcalde con las trabajadoras, a la que pudimos asistir, se desarrolló en un ambiente mafioso. Era una encerrona preparada con los elementos más atrasados de la plantilla, comandados por el delegado de UGT, para intimidar a las trabajadoras que siguen luchando. Y ni aún así ganaron la votación a favor de la privatización.
Sin duda, el tiempo corre contra la capacidad de resistencia y de lucha de las trabajadoras, ya hay muchas que han aceptado la privatización para salvar sus puestos de trabajo por la asfixia económica. Pero la batalla no ha terminado, un servicio público con derechos sigue siendo posible. Esto es lo que propondremos a las trabajadoras y lo que defenderemos en las instituciones y en la calle.
