El presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, árbitro designado por el Gobierno en el conflicto entre los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa Eulen, hizo entrega a las partes, el jueves 31 de agosto, del laudo con el que pretende poner fin a dicho conflicto.
Los aspectos más destacados del mismo son: Eulen deberá pagar a sus trabajadores un complemento de 200 euros por 12 mensualidades; en el aspecto de la organización del trabajo, se establece que en temporada alta haya 5 trabajadores por filtro de seguridad, con un refuerzo de 25 en horas punta, y que no pueda haber más de 50 empleados de vacaciones por mes. También se plantea que ambas partes “no deberán adoptar nuevas medidas de conflicto y huelga relacionadas con las materias del laudo” y “no deberán producir efectos las medidas disciplinarias adoptadas en relación con el desarrollo del conflicto”.
Los trabajadores, reunidos en asamblea el pasado 4 de septiembre, tomaron una serie de importantes decisiones. En primer lugar, rechazaron unánimemente el laudo. Lo consideran ilegal* y denuncian que las medidas que contempla son totalmente insuficientes, considerando que es “un cortapega de la mediación de la Generalitat, pero empeorando su contenido”. Señalan, por ejemplo, que la Generalitat habla de un incremento de 200 euros por persona y mes más el IPC anual, mientras que en el laudo se ha quitado el apartado del mantenimiento del poder adquisitivo. Para exigir a la empresa que al menos cumpla las medidas que recoge el laudo, decidieron convocar una nueva huelga a partir del 6 de octubre. Por otro lado, desconvocaron la huelga prevista a partir del 8 de septiembre al considerar que el laudo deja sin efecto las sanciones impuestas por la empresa a algunos trabajadores.
El gobierno del PP y la Generalitat unidos contra los trabajadores
Los trabajadores de Eulen de El Prat se convirtieron este verano en un auténtico ejemplo de cómo luchar contra las condiciones de precariedad y salarios de miseria que sufrimos cada día millones de trabajadores. Por esta razón, el gobierno del PP junto a la Generalitat de Puigdemont planificaron la intervención de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra en el conflicto, vulnerando así el derecho de huelga de los trabajadores, y demostrando que sus diferencias pasan a un segundo plano cuando lo que peligra son los negociaos y las cuentas de resultados de las grandes multinacionales.
El mecanismo del laudo, al que recurrió el gobierno del PP y que fue aplaudido por el de la Generalitat, fue el último episodio de una multitud de medidas que han convertido el derecho a huelga —que todos, PP, Generalitat, Eulen…, cínicamente dicen reconocer— en papel mojado. Servicios mínimos del 90%, amenazas constantes de despido, culminando todas ellas con la sustitución de los trabajadores por agentes de la Guardia Civil.
Los trabajadores de Eulen en El Prat, con salarios que oscilan entre los 800 y los 1.100 euros, con jornadas extenuantes de hasta 16 horas y sin poder acudir en ocasiones al baño o a comer durante siete horas, ya que no hay plantilla para sustituirles, estallaron y dijeron ¡basta!
Ante las muestras de simpatía hacia esta lucha proveniente de trabajadores de numerosos aeropuertos, y ante la clara posibilidad de la “propagación del incendio”, se encendieron todas las alarmas en los despachos del Gobierno y de sus aliados en el conflicto. Optaron por intentar poner fin al conflicto lo antes posible atacando los cimientos del derecho a huelga, anulándolo en la práctica.
Derecho a huelga bajo ataque
El PP y el Govern lanzaron un órdago contra los trabajadores. Lamentablemente, el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Ada Colau, no sólo no se posicionó del lado de los trabajadores y sus reivindicaciones, sino que apoyó las medidas de Rajoy y Puigdemont. Un grave error que sitúa a Ada Colau en el campo de esa “vieja política” que dice una cosa antes de las elecciones para acabar actuando como la derecha por “razones de Estado”.
Si el Gobierno central y el de la Generalitat militarizaban la seguridad del aeropuerto, imponían un arbitraje obligatorio para los trabajadores, y lanzaban una campaña a través de los medios de comunicación criminalizando a los trabajadores, la repuesta de los máximos dirigentes de CCOO y UGT debería haber sido dirigirse a los trabajadores de Eulen y del resto de contratas en todo el Estado para que la huelga se extendiera a todos los aeropuertos del país. Este llamamiento, sin duda, hubiera sido recogido con fuerza por muchos trabajadores del sector. Las condiciones de trabajo tan duras que existen en El Prat son las mismas en todos los aeropuertos. Además, se podrían haber repartido miles de panfletos, en distintos idiomas, explicando los motivos de la huelga.
El Ayuntamiento de Barcelona, Podemos, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, podían y debían haber impulsado estas medidas para llevar adelante una campaña de solidaridad que fortaleciera la lucha de los trabajadores y contribuyera a su victoria.
Aquí se encuentra la clave del conflicto. A pesar de las muestras de simpatía de los trabajadores del sector (y de los trabajadores en general) hacia los de El Prat, hacia su decisión y valentía, a pesar de las claras muestras ofrecidas por los trabajadores en numerosos aeropuertos de querer incorporarse a la lucha, las direcciones sindicales, después de algunos amagos, no convocaron ninguna movilización para unificar la lucha en todos los aeropuertos, orientando su “acción sindical” a negociaciones centro a centro, aislándolos unos de otros, dejando solos en el momento crítico a los trabajadores de El Prat y facilitando al Ministerio de Fomento su objetivo de cerrar ese conflicto y hacer encallar en negociaciones eternas el ambiente reivindicativo que la lucha del aeropuerto barcelonés.
Los dirigentes sindicales defienden la paz social contra viento y marea. Presionados por el ambiente generado entre los trabajadores del sector la huelga del Prat prometieron movilizaciones (eso sí, un mes más tarde) que, una vez más, desactivan cuando tienen ocasión. Como muestra un botón: “El Ministerio de Fomento recibió ayer un balón de oxígeno (¡esto lo dice el propio El País, 31/08/2017!). Los sindicatos del grupo Aena, CCOO, UGT y USO, suspendieron la huelga que iba a comenzar el 15 de septiembre en los aeropuertos de la red de Aena”.
La lucha sirve y es el único camino
Los trabajadores ya rechazaron en su día la propuesta del mediador de la Generalitat, por considerarla totalmente insuficiente. Hoy es lo que tratan de imponerles. Independientemente de que al final el Gobierno, Eulen y la Generalitat lo consigan, debemos tener presente dos cuestiones importantes. En primer lugar, que con una dirección sindical que, con los trabajadores de El Prat como punta de lanza, hubiera impulsado la lucha a nivel estatal, se podían haber superado todas las medidas represivas impuestas por el Gobierno y hacer posible el vuelco claro en las condiciones laborales por el que se peleaba. Y en segundo lugar, sin la decisión, la voluntad de lucha demostrada por los trabajadores de El Prat, hubiera sido impensable que incluso las insuficientes concesiones que recoge el laudo se hubieran puesto encima de la mesa. La lucha sirve, es el único camino.
Teniendo esto claro, otra de las lecciones de esta lucha es que necesitamos reconstruir una dirección sindical que esté a la altura de las tareas que la crisis capitalista nos impone a los trabajadores para conquistar unas condiciones de vida dignas y civilizadas.
* El comité de huelga interpuso ante el Tribunal Supremo, el 28 de agosto, una demanda de impugnación contra el laudo al considerarlo ilegal y un flagrante atentado contra el derecho a huelga.
