El PP, jueces y fiscales quieren acabar con la libertad de expresión
Los presos políticos en el Estado español tienen nombres y apellidos. Algunos son sindicalistas o activistas de los movimientos sociales, otros, son simplemente personas a los que un tuit o haber publicado una opinión en Facebook, les ha arruinado la vida.
Antes de enumerar sólo una pequeña parte de los casos existentes, es necesario señalar que la “Justicia” no es igual para todos. Los jueces y fiscales son implacables con Alfon, con Andrés Bódalo, con los titiriteros, con Cassandra o con quienes de una u otra forma denuncian las injusticias a las que este sistema somete a la mayoría; mientras que con quienes roban a manos llenas dinero público, los doscientos fascistas que agredieron brutalmente a decenas de personas en la manifestación que celebraba en Valencia el día de la Comunidad Autónoma o con los policías municipales madrileños que en grupos de whatssapp vertían comentarios racistas y amenazas de muerte contra Manuela Carmena, se muestran magnánimos, comprensivos y pacientes.
El gobierno que bate récords por imputados en casos de corrupción, pretende aleccionar a todos los que luchamos, rescatando sin pudor los métodos de la dictadura.
A continuación exponemos algunos de los últimos “hitos” de la “Justicia” que demuestran que los presos políticos vuelven a ser una realidad cada vez más sangrante.
Ascensión López, la bebé robada que irá a la cárcel por denunciar públicamente a la monja que la vendió por 250.000 pesetas
Ascensión López descubrió por accidente que era una bebé robada, una más de los más de 300.000 casos que se calcula tuvieron lugar bajo la dictadura franquista, extendiéndose esta práctica aberrante hasta los 80. Estos niños robados provenían de familias humildes. Eran hijos, en su mayoría, de mujeres que habían terminado en la cárcel por ser anarquistas, comunistas, republicanas o simplemente por ser hija, mujer, hermana o esposa de milicianos. Eran humilladas, torturadas, encarceladas y en muchas ocasiones condenadas a muerte. Los hijos de las que daban a luz en prisión pasaban en la mayor parte de los casos, a manos de instituciones religiosas que apoyaban el régimen como por ejemplo el llamado Auxilio Social. Todo un entramado de monjas, curas, médicos y enfermeras fieles a la dictadura, se encargaban de “colocar” a estos niños en familias “de bien”. Más adelante, esta trama siguió funcionando a través de los hospitales controlados también por la Iglesia. A las madres les decían que sus bebés habían nacido muertos y no les dejaban verlos. Con la venta de estos bebés hacían suculentos negocios.
Aunque hay actualmente más de 2.000 denuncias de casos de bebés robados, que son una ínfima parte de los cientos de miles que se calcula existen, no hay ni un solo juzgado ni encarcelado. Ascensión López fue vendida a su “familia adoptiva” por una monja a cambio de 250.000 pesetas. Ante la imposibilidad de lograr nada por la vía judicial, Ascensión denunció a la prensa su caso. La monja que la vendió —Dolores Baena— denunció a Ascensión y el resultado es que el Juzgado de lo Penal nº 3 de Almería exige a Ascensión el pago de una multa de 3.000 euros, más 40.000 euros de indemnización a la monja, que sumado a las costas judiciales hace un total de 55.000 euros que debe pagar si no quiere entrar en prisión. Algo imposible para Ascensión, en paro y con graves problemas de salud. El resultado no deja pie a interpretaciones: el gobierno del PP le ha denegado el indulto y la monja ha exigido que se acelere la ejecución de la sentencia. Así, la primera persona que va a ir a la cárcel por el caso de los bebés robados ¡es una de las víctimas!
8 de Altsasu, Alfredo Remírez: jóvenes y tuiteros a la cárcel… ¡por vascos!
Hoy, a raíz de la rebelión del pueblo de Catalunya, la campaña españolista y reaccionaria impulsada por el PP y sus voceros contra todo lo catalán, se encuentra en pleno apogeo. Esto no es nuevo. La campaña de criminalización contra todo “lo vasco” es ya muy vieja y sigue estando muy presente. Mantener viva la llama de la supuesta lucha contra el “terrorismo” tras el fin de la actividad de ETA, es una obsesión para el gobierno del PP y el aparato policial y judicial y sigue provocando auténticas aberraciones jurídicas que arruinan la vida de numerosas personas.
Este es el caso de los jóvenes de Altsasu (Navarra), que ya cumplen un año en prisión en régimen especial de vigilancia, el más severo aplicado para los terroristas. El juicio está previsto que se celebre en abril de 2018. Su “delito” ha sido participar en una pelea en un bar con unos guardias civiles en las fiestas del pueblo, por el que son acusados de terrorismo. La fiscalía inicia su relato en 1976 para explicar los hechos. Aunque no puede acreditar que ninguno de ellos tenga la más mínima relación con ETA, y a pesar de que ésta declaró el alto el fuego definitivo hace cinco años y el pasado mes de abril certificó su desarme, ETA es la protagonista de ese infame escrito de acusación de la fiscalía, que pide en total 375 años de prisión para los ocho acusados. El montaje es escandaloso.
Alfredo Remírez es otro de esos casos. Tiene 37 años y trabaja en una taberna. Vive con su pareja y un niño pequeño. Ingresó en la prisión de Basauri el sábado 4 de noviembre tras ser condenado en dos ocasiones por el delito de enaltecimiento del terrorismo. El último de ellos y motivo de la condena, a través de Twitter. “Me acusaban de ser el autor de tuits que daban la bienvenida a Pablo Gorostiaga, ex alcalde de Llodio, que fue condenado por formar parte del periódico Egin y al que no le dejaron ni despedirse de su mujer antes de ésta muriera. Me pasó lo mismo con Xabier Alegría, que fue condenado por algo de Egin también, y también por poner unos versos de una canción que decía algo así como: ‘Los GAL no estuvo mal, me dice la muy bruta, yo opino que Galindo merece un tiro en la nuca”. Se trata de un fragmento de la canción Mi novia es de derechas, del rapero Nega. Remírez denuncia: “voy a prisión por un delito de opinión”, “lo único que he hecho ha sido denunciar la dispersión de los presos vascos porque suponen una doble condena para las familias de los condenados. Es que en España se han indultado a torturadores, y yo me voy a comer un año de cárcel por dar mi opinión y por unos cuantos chistes malos en Twitter”.
La lista de casos no acaba aquí. En 2016 hubo 30 condenas por “enaltecer el terrorismo de ETA” en redes sociales, récord hasta el momento.
Los presos políticos existen, y son muchos. Los culpables, el PP, los que sostienen su gobierno, un aparato judicial y policial heredado del franquismo y todos los que por activa o por pasiva encubren o dulcifican su existencia.
