El pasado 20 de diciembre, víspera de las elecciones catalanas, la prensa del régimen aireaba a los cuatro vientos que Gobierno y Patronal habían acordado con los dirigentes sindicales de CCOO y UGT una serie de subidas anuales del salario mínimo hasta alcanzar los 850 euros mensuales en 2020, una subida que – en caso de hacerse efectiva - supondría un incremento del 20% respecto al SMI vigente en 2017.

Seis días después se produjo la firma formal de este acuerdo y al fin pudimos conocer la auténtica realidad que se escondía detrás de los rimbombantes titulares y de las entusiastas declaraciones de la ministra de Trabajo del PP, Fátima Báñez, y de los secretarios generales de CCOO y UGT.

Una subida del SMI que perpetua la precariedad y la pobreza

La subida del SMI para 2018 se fija en un 4%, con lo que el salario mínimo mensual se queda en 736 euros en 14 pagas, o sea 10.304 euros al año. No hace falta ser doctor en Economía para saber que con ese salario es imposible vivir dignamente en cualquier lugar del territorio del Estado español, por no hablar de las grandes ciudades, en las que el SMI apenas permite sobrevivir, así que poco motivo hay para echar las campanas al vuelo como ha hecho Unai Sordo, secretario general de CC.OO.

Lo miserable de esta subida se valora mejor cuando se contempla la evolución del SMI desde 2010, año en que se produjo una notable caída de su poder adquisitivo, justificada por el gobierno como parte de las medidas de lucha contra la crisis. Esa caída de poder adquisitivo volvió a repetirse en 2011 y 2012, año en que se produjo el récord absoluto en reducción del poder adquisitivo del SMI de los últimos 35 años, con una caída del 2,9%, contribuyendo a aumentar hasta el 22,3% el número de ciudadanos que viven bajo el umbral de pobreza.

En conjunto, desde enero del año 2010 hasta noviembre de 2017 el SMI creció un 13,3% mientras que los precios lo hicieron en un 11,6%, por lo que en realidad el aumento de la capacidad adquisitiva del SMI hasta finales de 2017 ha sido sólo de un raquítico 1,7%. Comparado con el 23% de crecimiento de los beneficios empresariales en ese mismo período se comprende perfectamente a quién ha beneficiado la política económica del PP y la política de paz social de los dirigentes sindicales.

Pero a pesar de lo escaso de la subida del SMI para 2018 su efecto sobre los salarios reales de los trabajadores va a ser mínimo, ya que solo beneficiará a los 533.978 trabajadores con contratos a jornada completa que cobran actualmente el SMI, apenas el 2,7% de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social.

Para un buen número de los casi tres millones de trabajadores con contratos a tiempo parcial la subida del SMI no significará cambio alguno en sus retribuciones. Como ya ocurrió con la subida del SMI de enero de 2017, muchos trabajadores a tiempo parcial verán cómo se reajustan las horas de su contrato para acabar finalmente cobrando lo mismo que antes a pesar de realizar las mismas horas de trabajo. Es el caso de muchas camareras de piso de hoteles, a las que se les paga por habitación, y lo mismo ocurre con cualquier otro trabajo a destajo. Tampoco los cientos de miles de falsos autónomos, como ocurre con los repartidores de Deliveroo o UberEats, notarán en sus nóminas esta subida.

Sumisión ilimitada de los dirigentes sindicales al Gobierno y la Patronal

A pesar de este limitado alcance, la Patronal y el Gobierno demuestran ser muy previsores y por ello en el párrafo final del acuerdo firmado con los sindicatos toman medidas ante el “riesgo” de que “las nuevas cuantías del SMI para los años 2018, 2019 y 2020 puedan producir distorsiones en el contenido económico de los convenios colectivos vigentes a la fecha de firma del presente acuerdo, y tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones en las que se ha fijado un considerable incremento del salario mínimo”. En consecuencia, Gobierno y Patronal, con la conformidad de los dirigentes de CC.OO. y UGT, han decidido inhabilitar legalmente la entrada en vigor de las cláusulas de los convenios colectivos que ligaban aumentos salariales a la evolución del SMI.

Parece increíble, pero es la lamentable realidad. Los dirigentes de CC.OO. y UGT están tan ansiosos de demostrar su sumisión al Gobierno y la Patronal que han aceptado anular de golpe cláusulas en vigor de convenios colectivos firmados por ellos mismos. El impacto negativo de esta medida para los millones de trabajadores con los salarios más bajos es muy difícil de calcular, pero podemos suponer que si la CEOE exige esta medida es porque de no ser así estarían obligados a revisar al alza los niveles más bajos de las escalas salariales de casi todos los sectores.

La aceptación por parte de CC.OO. y UGT de esta cláusula convierte en papel mojado las rimbombantes declaraciones de sus dirigentes. El triunfalismo de Unai Sordo, hablando de “saltos” cuantitativos y cualitativos en este Acuerdo es puro humo y un intento burdo de volver a engañar a la clase trabajadora, incluidos los afiliados y afiliadas de CC.OO.

El cuento de la lechera del SMI de 2019 y 2020

Y para completar la farsa, el Acuerdo establece unas subidas algo mayores del SMI para 2018 y 2019, pero las condiciona a una perspectiva poco realista de evolución de la economía.

El Acuerdo establece una subida del 5% para 2019, resultando en 773 euros al mes en 14 pagas, o sea 10.819 al año, y del 10% para 2020, alcanzando así los 850 euros al mes en 14 pagas, que resultarían en 11.901 euros al año. Pero estas subidas solo serían realidad si la economía española registrase un crecimiento del PIB real del 2,5% o superior. Además, también se exige que el incremento de la afiliación media a la Seguridad Social sea superior a las 450.000 personas en términos interanuales.

Los estudios del Banco de España, hechos públicos poco antes de la firma del Acuerdo, prevén que el PIB crecerá un 2,4% en 2018 y un 2,1% en 2020, de modo que de cumplirse esta previsión ni en 2019 ni en 2020 habría aumento del SMI, ya que el Acuerdo no establece incremento alguno en caso de no alcanzarse el crecimiento previsto por el Gobierno. En conclusión, los dirigentes sindicales se han prestado de nuevo a participar en la farsa con la que el gobierno quiere crear falsas expectativas en el sector más empobrecido de la clase trabajadora, mientras sigue aprovechando la paz social impuesta por los dirigentes sindicales para preparar nuevos ajustes y ataques a las conquistas históricas de la clase trabajadora.