Las cúpulas de CCOO y UGT han convocado para el próximo 11 de febrero concentraciones de delegados y delegadas. La acción la presentan como “el inicio de un proceso cuya continuidad y formato se evaluará tras las acciones del día 11 y las respuestas que el Gobierno dé a nuestras demandas”.* Para cientos de miles de trabajadores sometidos a ERE, ERTE, atenazados por el desempleo, la precariedad y la pobreza, esta convocatoria suena más a una forma de soltar vapor con gestos, que a un cambio de estrategia para pelear en defensa de nuestros derechos.

Las direcciones sindicales acusan al Gobierno de mantener posiciones que “impiden avances en ámbitos esenciales e imprescindibles para la igualdad social y la distribución de la riqueza”.** En concreto recriminan al Ejecutivo su negativa a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no derogar ni la reforma laboral del PP de 2012 ni la reforma de las pensiones de 2013 y pretender, además, ampliar el periodo necesario para calcular la base reguladora de la pensión en el nuevo proyecto que ha hecho público el ministro Escrivá.

Lo curioso es que mientras lanzan estas “críticas” al Gobierno de coalición, insisten en que su estrategia sindical ha dado resultados positivos ya que ha contribuido a “la construcción de una inédita red de protección para el tejido productivo y las personas”, impidiendo con ello que “se destruyeran millones de puestos de trabajo y miles de empresas”.** ¿Seguro que esto es lo que ha ocurrido?

Si examinamos en detalle la política de CCOO y UGT desde que se ha iniciado la crisis sanitaria, solo se puede concluir que vienen participando con entusiasmo del pacto social y la estrategia de unidad nacional junto a la patronal y el Gobierno. Han sido un pilar de todas las medidas adoptadas y no han dicho ni mú cuando se ha regado con más de 200.000 millones de euros al Ibex 35. En realidad, la razón de este aparente giro hacia la “confrontación”, muy limitado por el momento, tiene mucho más que ver con el descontento acumulado por una situación social insostenible y por la intención manifestada por el Ejecutivo de llevar a cabo nuevas contrarreformas en el mercado laboral y en el sistema público de pensiones.

La crisis capitalista la estamos pagando, como siempre, la clase trabajadora

El pasado 25 de enero la ONG Oxfam Intermón hizo público su informe anual de desigualdad. Las cifras que recoge son demoledoras: en 2020 el número de personas en pobreza severa (vivir con menos de 16 euros al día) se incrementó en el Estado español en 800.000, alcanzando la cifra de 5,1 millones, el 10,86% de la población. A su vez la pobreza relativa (vivir con menos de 24 euros diarios), pasó del 20,7% a un 22,9%. Entre los inmigrantes este porcentaje alcanza el 57%.

La crisis económica y los efectos de la pandemia están suponiendo una auténtica debacle para las condiciones de vida de millones de familias obreras que han sido golpeadas duramente por el paro y la reducción de ingresos. Por otro lado, el proceso de privatización y de desmantelamiento del sistema público de salud, de deterioro de los servicios públicos en los barrios obreros ha continuado avanzando.

Mientras las multinacionales farmacéuticas y las grandes empresas de la sanidad privada incrementan sus beneficios recibiendo del Gobierno central y de los autonómicos decenas de miles de millones de euros, los trabajadores de la sanidad pública tienen que afrontar la lucha contra la Covid sin medios, con plantillas totalmente insuficientes, extenuados, con contratos precarios y mal pagados. La clase obrera es la que sufre los mayores estragos provocados por la pandemia.

Las medidas sociales implementadas por el Gobierno PSOE-UP y avaladas por CCOO y UGT, distan mucho de ser las necesarias para paliar esta hecatombe social. El Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas estrella publicitadas ruidosamente desde Moncloa y los sindicatos, ha llegado tan solo a 160.000 hogares de los 850.000 previstos. Y a pesar de que no pocos ministros, y algún vicepresidente, insisten en afirmar que han prohibido los desahucios, decenas miles de familias han sido expulsadas de sus hogares en 2020 para beneficio de bancos y especuladores inmobiliarios.

Lamentablemente esa “inédita red de protección” a la que hacen alusión los dirigentes de CCOO y UGT, no ha sido más que una cortina de humo para intentar camuflar ante los trabajadores que las medidas más importantes adoptadas por el Ejecutivo PSOE-UP han tenido como eje central garantizar los beneficios empresariales.
2020 ha terminado con un total de 3.888.137 desempleados y el paro ha alcanzado el dramático porcentaje del 55% entre los jóvenes menores de 20 años. La precariedad laboral sigue extendiéndose, con las mujeres como principales afectadas constituyendo el 57% de todas las personas subempleadas y el 73% de las que trabajan a tiempo parcial.

El Estado ha gastado decenas de miles de millones de euros en pagar los ERTE mientras los empresarios han guardado a buen recaudo los suculentos beneficios acumulados en los años anteriores (más de 500.000 en 2018). Más de 750.000 trabajadores siguen bajo ERTE, pero se está produciendo un crecimiento constante de despidos colectivos (ERE) en todos los sectores, destacando el bancario e industrial. Grandes empresas como el Banco Santander, Airbus, Indra o Carrefour, están arrojando a la cuneta a miles de trabajadores. Además una nueva reconversión industrial y laboral lleva muchos meses en marcha.

Estos son solo algunos (podríamos aportar muchos más) de los datos que muestran los resultados reales de la política de unidad nacional, de paz social y de colaboración de clases, con la que CCOO y UGT han estado plenamente comprometidos y de la que son pieza imprescindible.

Limitándose a negociar la cuantía de las indemnizaciones por despido, renunciando a organizar una lucha seria contra la destrucción de empleo y empleándose a fondo para limitar y frenar las movilizaciones cuando, a pesar de sus reticencias, estas se producen, la política sindical de las direcciones de CCOO y UGT hace aguas por todas partes.

Es necesario pasar a una oposición contundente basada en la movilización de masas

La UE, el Banco de España y la patronal, exigen al Ejecutivo profundizar en las contrarreformas sociales. En el punto de mira se encuentra el sistema público de pensiones y los derechos laborales. Nadia Calviño fiel guardiana de los intereses capitalistas en el Gobierno, ya se ha comprometido a llevar adelante una nueva reforma laboral y de las pensiones “tan pronto como sea posible”.

El capital financiero y los grandes empresarios son conscientes de que la crisis económica no ha tocado fondo y está lejos de haber terminado. En este contexto, para mantener sus beneficios tratarán de imponer duros y profundos recortes sociales.

Concentraciones de delegados sindicales como las planteadas para el 11 de febrero no van a impedir que sigan adelante con estas pretensiones. Derrotar esta nueva ofensiva y revertir el profundo retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores exige organizar una lucha firme y contundente del conjunto de la clase obrera. Concentraciones minoritarias y rutinarias de delegados un día laborable a la mañana, no conseguirán parar ni los ataques patronales ni las contrarreformas en marcha.

Dejarse de gestos pasa, en primer lugar, por exigir la paralización inmediata de la actividad productiva no esencial y garantizar el confinamiento sanitario efectivo, con permisos retribuidos para todos y todas con el 100% de los salarios y a cargo de los empresarios y sus beneficios; prohibir por ley los despidos y luchar por un subsidio de desempleo indefinido de 1.200 euros; defender la nacionalización inmediata de la sanidad privada y de las eléctricas, la prohibición por ley de los desahucios y la expropiación de los dos millones de viviendas vacías en manos de los bancos y así crear un parque de vivienda pública digna con precios sociales asequibles…

Este es el programa que deberían defender CCOO y UGT, y pasar a debatirlo junto a cientos de miles de trabajadores en una masiva campaña de asambleas en los centros de trabajo para impulsar la movilización. De esta forma las organizaciones sindicales darían el primer paso para recuperar la autoridad perdida. Un giro de 180° a la política llevada hasta ahora, y un balance crítico de ella, es la única manera de avanzar y resistir la presión de los terribles acontecimientos que vivimos.

El tiempo de los gestos y los amagos ya pasó. Es imprescindible retomar de verdad el camino de la lucha y la movilización. La clase obrera necesita hoy, más que nunca, un sindicalismo combativo, democrático, de clase y asambleario.

*Circular conjunta CCOO-UGT para concretar las acciones del 11 de febrero.
**Manifiesto “Ahora sí toca”, CCOO-UGT.