“No pararemos hasta conseguir nuestros derechos y un transporte público de calidad”
Entrevista a Imanol Arnoso, presidente del comité de empresa y delegado de CIG
Los y las trabajadoras de Vitrasa, la empresa de transporte urbano de Vigo, irán a la huelga los próximos 8 y 9 de noviembre, y el 25 de ese mismo mes iniciarán la huelga indefinida.
Así lo han decidido de forma abrumadora en referéndum (214 votos a favor de un total de 244), tras dos años de pelea y después de varias exitosas jornadas de huelga los pasados 20 de octubre y 1 de noviembre. Desde Esquerda Revolucionaria queremos trasladaros toda nuestra solidaridad y apoyo a esta lucha ejemplar.
Para conocer a fondo las reivindicaciones y las condiciones actuales de la plantilla de Vitrasa, entrevistamos a Imanol Arnoso, presidente del comité de empresa y delegado por la CIG.
El Militante.- ¿Qué os ha llevado a la movilización?
Imanol Arnoso.- Nuestro convenio caducó en 2020 y la empresa utilizó la excusa de la pandemia y la reducción de viajeros para negarse a negociar uno nuevo. La primera reivindicación es la adecuación de nuestros salarios que siguen siendo los de 2020, a pesar de que desde entonces el IPC ha subido más del 15%.
Necesitamos urgentemente descansos efectivos dentro de la jornada. Según la norma, deberíamos descansar al menos 30 minutos, que pueden dividirse, pero nunca en periodos inferiores de 15 minutos. Sin embargo, tenemos descansos inferiores a diez minutos y en los que no da tiempo ni a comer, ni a asearse, ni a ir al baño…, mucho menos a descansar.
Nuestra jornada laboral es “irregular”, lo que provoca que unos días hagamos menos de ocho horas y otros hasta diez, y esta es otra de nuestras peleas. No podemos estar sentados al volante esa barbaridad de tiempo y sin descanso efectivo, es muy peligroso. Por no hablar de las enfermedades profesionales y los problemas de salud mental que genera. Todo el mundo en Vigo sabe que los horarios de paso no se cumplen. Al quitarnos frecuencias, tenemos que ir muy rápido, con el riesgo que implica para todos y todas, o bien ir acumulando retrasos en detrimento del mísero descanso.
Otro problema muy serio es la eventualidad, que supera el 20%. Cogen eventuales, los tienen unos meses, los mandan un año al paro y a por la siguiente tanda. Así se ahorran hacer indefinidos.
Hay más cosas, pero estos son los problemas más importantes. La empresa no acepta nada y se niega a negociar alegando supuestas pérdidas durante la pandemia, cuando la realidad es que fuimos nosotros quienes pagamos la pandemia y la postpandemia: primero con un ERTE y después con peores condiciones laborales. También los y las usuarias, cuyo servicio ha empeorado y se ha encarecido notablemente.
EM.- ¿Qué papel está jugando el Ayuntamiento de Vigo en este conflicto?
IA.- El transporte público es una concesión que el consistorio saca a concurso a empresas que ofrezcan el servicio. El trato de favor del Ayuntamiento a Vitrasa ha sido y es escandaloso, llegando incluso a renovarles la concesión automáticamente y por cinco años durante la pandemia. Esta actitud hacia la empresa contrasta con lo que nos dicen a nosotros en relación al convenio, que es que al ser una empresa privada el Ayuntamiento no se puede meter.
Además de que el consistorio paga a Vitrasa más de 13 millones de euros al año por dar el servicio, durante la pandemia les rescataron con dinero público. A finales de 2020 Vitrasa hizo una solicitud de pérdidas derivadas de la bajada de viajeros y se le “reequilibró” con 2.200.000 euros. En 2021 les da 3.500.000 euros y ese mismo año vuelven a reclamar al Ayuntamiento 19 millones más, que ahora se han convertido en ¡31 millones! La empresa exige ese cobro para negociar con los y las trabajadoras. Dicen que en ese dinero se incluye el de nuestra subida salarial. También incluyen ¡un beneficio empresarial del 8%! Es un escándalo, más todavía cuando, según lo que pone en el pliego inicial de 1994, Vitrasa es una empresa a “riesgo y ventura”, es decir, una empresa que se hace cargo de la concesión y asume los riesgos que pueda implicar.
Por más que lo nieguen, el Ayuntamiento es el responsable subsidiario del servicio público de transporte. La empresa incumple sistemáticamente el pliego de condiciones en el que, por cierto, queda clara esta obligación que tiene el consistorio, por ejemplo, de velar porque la empresa cumpla con sus obligaciones laborales. Hay motivos de sobra para que les quite la concesión y les sancione. Pero no solo miran para otro lado, sino que el alcalde “socialista”, Abel Caballero, que ni nos recibe, se dedica a hacer declaraciones abiertamente antihuelga y acusándonos de “secuestrar a la ciudadanía”.
La última vez que hablamos con el Ayuntamiento fue en marzo de este año, con Javier Pardo, concejal de Fomento. Nos dijo que ¡era normal que la empresa hiciese recortes, si no le daban las cuentas!, pero que no nos preocupásemos porque le iban a dar más dinero para nuestros salarios. Es increíble. Nuestro papel no es pedirle al Ayuntamiento que dé dinero público a la empresa para que negocie, lo que le pedimos es que el asuma su responsabilidad y les obligue a cumplir con las condiciones laborales y con un buen servicio. O, si no es así, que les retire la concesión y les sancione. El Ayuntamiento está con la empresa, y la empresa nos ataca por luchar, hasta el punto de que tenemos doce sanciones de suspensión de dos meses de empleo y sueldo encima de la mesa para compañeros que hicieron piquetes.
EM.- ¿Cómo empezasteis las movilizaciones y qué planes tenéis previstos a partir de ahora?
IA.- Después de unos meses de intentar negociar, en 2020, nos dimos cuenta de que la empresa no iba a negociar nada. Así que en 2021 nos plantamos e hicimos la primera huelga, en agosto. Luego vinieron paros parciales y en diciembre llegamos a hacer 18 días de huelga seguidos. Pero nada. Así que, en gesto de buena voluntad, paramos la movilización y solicitamos la mediación de inspección. Lo que nos encontramos fue un jarro de agua fría. La empresa se presentó con una propuesta de “inaplicación de convenio” (que es cuando una empresa no puede mantener el convenio), lo que suponía una bajada del sueldo de un 30% y una subida de 150 horas de trabajo anuales para ese año y otra rebaja “solo del 14%” del salario para el siguiente. Al final, el laudo dictaminó que lo que la empresa pretendía con esa inaplicación era eludir una negociación del convenio y lo rechazó, pero nos quedamos como estábamos.
Esto fue en 2022, y desde entonces hemos estado muy activos. Estamos satisfechos no solo de las huelgas, sino de las manifestaciones que hemos hecho por la tarde y por el respaldo de la gente.
Nuestro trabajo es conducir un autobús y el resto lo vamos aprendiendo, intentamos mejorar. Empezamos a hablar mucho con la gente, repartimos un pasquín, lo pegamos en las paradas, hablamos con colectivos, todo para extender la lucha. La hoja de ruta es incrementar la presión y por eso ahora vamos a la indefinida. No vamos a parar hasta conseguir nuestros derechos y un servicio de transporte público de calidad.
