Sí hay fuerza para conquistar un convenio digno
El martes 17 de diciembre se celebró el referéndum para decidir si se ratificaba el preacuerdo alcanzado por la comisión negociadora del II Convenio de Navantia, y la plantilla de todo el grupo dio un NO muy contundente. Ya es el segundo preacuerdo que se rechaza en la negociación de este convenio.
Sobre una participación del 80%, la oposición a la firma alcanzó el 56% (2.222 votos) frente al 42% (1.706 votos) que lo avaló. En todas las grandes factorías venció el NO (Cartagena, San Fernando y Puerto Real), a excepción de Ferrol. En el caso de Cartagena la oposición superó el ¡83% (737 votos)!, en Puerto Real el 65% (269 votos) y en San Fernando el 53% (447 votos). En Ferrol, la única grande en que ganó el SÍ, hay que señalar que este lo hizo por un raquítico 53% (721 votos) y una diferencia de escasos cien votos frente al NO que logró el 46% (628 papeletas). Esta era la posición que desde CGT hemos defendido en solitario todo este tiempo frente al resto de sindicatos que han apostado en la ría de Ferrol por dar el visto bueno a un preacuerdo que no recuperaba derechos perdidos ni daba la batalla por revertir el empobrecimiento de los trabajadores. Y aunque en los centros de trabajo más pequeños venció el SÍ (Madrid con el 64%, Cádiz con el 78% y Fene con el 62%) esto no es significativo cuantitativamente.
La explicación de la disparidad de resultados depende más del papel que están jugando los diferentes comités de empresa que de la disposición de las plantillas a asumir este preacuerdo: en Cartagena el comité estuvo en contra del preacuerdo y trabajó activamente contra él durante las semanas previas, en Puerto Real y San Fernando se pusieron totalmente de perfil y en Ferrol fueron los promotores (con la excepción de la CGT) trabajando muy activamente a favor.
Por eso el resultado de Ferrol, que en apariencia expresa menos resistencia de las plantillas a asumir los recortes, en el fondo revela una fuerte oposición. Todas las secciones sindicales con representación en el comité (CCOO, MAS, CIG y UGT) a excepción de la CGT llevan meses trabajando por este preacuerdo, son los impulsores. Son muchos meses de propaganda a favor del acuerdo, de una estrategia de movilizaciones pensada para desgastar a los sectores más combativos y de un victimismo localista que han ido haciendo mella.
Una oposición que es imposible de entender sin el papel de agitación y propaganda desplegado por la CGT e Izquierda Revolucionaria en el astillero ferrolano, y que marca la diferencia con respecto a tantas organizaciones de la izquierda combativa que ante las dificultades que supone el estar en minoría optan por la vía cómoda de culpar a los trabajadores por su “bajo nivel de conciencia”.
Desde el inicio de la lucha por un convenio digno hemos utilizado el altavoz que supone pertenecer a un comité de empresa para denunciar el empobrecimiento al que estamos sometidos (salarios de 1.100 euros mensuales, horas extra gratis, 10% de pérdida de poder adquisitivo) frente a unos burócratas sindicales que defendían todo lo contrario: “en Navantia no hay trabajadores pobres, esta es una gran empresa”, afirmaba sin ponerse colorado el presidente del comité de Ferrol, o el portavoz de UGT también en Ferrol, nos hablaba de esos “pijitos laborales”.
Y en paralelo, la CGT hemos denunciado el gran negocio que supone Navantia para la patronal de auxiliares, la brutal perspectiva de carga de trabajo que hay para los próximos 20 años y las enormes inversiones derivadas de esto último. También el cinismo de una dirección que con una mano aprieta los tornillos de nuestro empobrecimiento y con la otra se sube sus salarios obscenamente (el presidente de Navantia se incrementó el sueldo un 13% en 2023), y de un Gobierno del PSOE y Sumar que permite y alienta esta situación.
En definitiva, el malestar es muy profundo entre todos los trabajadores. La opinión de que el preacuerdo era malo es muy generalizada y por eso casi nadie lo defendió como positivo. La única explicación para que la lucha contra el empobrecimiento no alcance cotas desconocidas para los astilleros públicos desde los años 80, radica en el papel que están jugando los diferentes comités de empresa por imponer una paz social que solo beneficia a la patronal (de la principal y de auxiliares).
Si desde los comités de empresa se impulsara un calendario de movilizaciones serio, orientado a ejercer presión internamente sobre a la producción (“si no hay convenio, no hay barcos”) y externamente sobre un autodenominado Gobierno progresista que consiente esta explotación laboral en una empresa pública, las condiciones para un convenio en que recuperásemos total o parcialmente lo que nos arrebataron en 2018 serían imparables.
La contundencia del NO al preacuerdo es el primer paso y demuestra que esto es más que posible. Desde CGT estamos comprometidos en seguir levantando una sindicalismo de clase y combativo, y continuar la batalla hasta lograr el convenio que necesitamos.
