El pasado sábado 16 de junio, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala fueron detenidos en plena calle y conducidos a prisión para cumplir una condena de 3 años de cárcel, acusados de la rotura de una cámara de tráfico durante el transcurso de una movilización del astillero Naval Gijón. El modo en que tuvieron lugar las detenciones, sin que mediara citación previa, el hecho de que se hiciera en plena calle y en presencia de sus familiares, como si fueran dos peligrosos criminales en busca y captura, todo, en fin, viene a añadir otra buena dosis de indignación a la que hemos acumulado desde que se inició todo este proceso.
Desde el pasado sábado 16 de junio, Carnero y Morala están en la cárcel, pese a que el juez, Lino Rubio, tenía la opción de dejar en suspenso la condena mientras se resolvía el recurso de amparo y el recurso ante el Tribunal Constitucional. No ha querido hacerlo porque tras esta condena hay una estrategia que, más allá de la coyuntura en la que se ha desarrollado, coincide plenamente con lo que el aparato estatal y la burguesía en general nos tienen reservado a los trabajadores. La condena de estos compañeros tiene una intención "ejemplarizante" de la que quieren que tome nota el movimiento obrero en su conjunto: "Si lucháis, si defendéis los puestos de trabajo, si obstaculizáis nuestros planes, no escatimaremos esfuerzos para quitaros de en medio".

Un ataque al conjunto de la clase obrera

Quizás ahora, más que en otras ocasiones, con el encarcelamiento de estos compañeros se muestre con absoluta claridad la ofensiva que la burguesía ha lanzado contra el movimiento obrero y que no es más que la continuación en el terreno judicial de los ataques a nuestras condiciones económicas y sociales que han continuado bajo el gobierno del PSOE, como bajo el del PP, reflejados en la nueva reforma laboral, o en la reforma de las pensiones, por poner sólo dos ejemplos más o menos recientes. 
Desde el pasado sábado, 16 de junio, Carnero y Morala están en la cárcel porque era necesario golpear, en la persona de estos compañeros, la lucha general de los trabajadores. Y de cómo se resuelva finalmente este pulso depende, en gran medida, que continúen reprimiéndonos y vulnerando nuestros derechos democráticos o se vean obligados a retroceder.
Si no fuera suficiente el argumento de que se está encarcelando a dos trabajadores por ejercer su derecho a manifestarse, el que ambos fueran dos señalados dirigentes sindicales, conocidos por todo el movimiento obrero asturiano, debería haber bastado para que desde los sindicatos mayoritarios se hubieran volcado todas las fuerzas y recursos para responder a este ataque con rapidez y contundencia. Pero, exactamente igual que en otras ocasiones, precisamente la pasividad de las direcciones de CCOO y UGT ha favorecido que la represión se haya podido llevar a cabo con relativa facilidad, trasladando además el mensaje (absolutamente falso) de la pretendida debilidad del movimiento obrero.
Hay que recordar que Carnero y Morala son respectivamente el ex secretario y el secretario general de la Corriente Sindical de Izquierdas, ambos miembros del Comité de Empresa de Naval Gijón cuando ocurrieron los hechos de los que falsamente se les ha hecho responsables (es un clamor en Asturias que el juicio careció de todo tipo de garantías, que se denegaron testigos y pruebas a la defensa, que la condena se basa exclusivamente en los testimonios contradictorios de la policía...) y que tales hechos se dieron durante el transcurso de una movilización de los trabajadores de Naval Gijón, convocadas por el comité de empresa con representación no sólo de la CSI sino de CCOO y UGT.
Desde el principio de este conflicto, se puso de manifiesto que la clase trabajadora estaba dispuesta a asumir como propio este ataque. La primera manifestación que se convoca, cuando se conoce la acusación y la pena de cárcel que se pide, reúne a cerca de 15.000 personas en Gijón, en una manifestación histórica. El éxito de la convocatoria es mayor si tenemos en cuenta que la postura de las direcciones de CCOO y UGT fue la de desentenderse de todo esto.
La consigna de la Huelga General era la única que, tras esta masiva manifestación podría haber aparecido como un paso adelante, la única que habría permitido definir la posición de los trabajadores frente a esta agresión gravísima. Para conseguir llevarla a cabo, era evidente que se precisaba ejercer una presión directa sobre las direcciones de CCOO y UGT, muy cómodos en su papel de "la cosa no va conmigo".
Lógicamente, la lucha que se presentaba por delante no era una tarea fácil. Pero ante la gravedad de los hechos, tampoco había muchas opciones. Enfrentados a la judicatura, a la policía, al propio gobierno autonómico y al Ayuntamiento de Gijón (ambos gobernados por el PSOE e IU y cómplices de todo esto, desde el momento que presentan una denuncia por daños al mobiliario urbano, que es la excusa que desencadena todo lo demás), estaba claro que era necesario movilizar en torno a la defensa de estos compañeros al conjunto de los trabajadores. A través de nuestra participación en la Plataforma contra la Represión lanzamos una y otra vez esta idea fundamental: es necesario involucrar a CCOO y UGT en esta lucha, es necesario obligarles a posicionarse públicamente ante la propuesta de la Huelga General. El momento, tras la movilización de miles del 22 de noviembre, era inmejorable. Un llamamiento público de la Plataforma, y sobre todo de la CSI, para reclamar la Huelga General hubiera encontrado un eco importante entre la base de CCOO y UGT. Una campaña amplia de propaganda, con asambleas en el mayor número de empresas posibles, con resoluciones de delegados, secciones sindicales, etc remitidas a las organizaciones sindicales exigiendo la Huelga General, hubiera, cuando menos, llevado este debate al movimiento obrero.
Precisamente porque comprendemos la naturaleza del ataque, entendimos que era necesario basarse fundamentalmente en la clase obrera para pararlo. Aún siendo conscientes de los obstáculos y dificultades, tratamos de aprovechar al máximo las fuerzas con las que contaba en ese momento la Plataforma, en la que participaban, no sólo la propia CSI sino también compañeros con posiciones sindicales de CCOO.
Pero lejos de eso, y bajo nuestro punto de vista, la lucha se dispersó hacia multitud de pequeñas acciones, concentraciones, etc., que si bien son importantes para mantener el conflicto presente en el día a día, son totalmente insuficientes si no se enmarcan en una campaña como la que hemos señalado. Es cierto que, tras el encarcelamiento, se han mantenido reuniones a iniciativa de la CSI con el resto de organizaciones sindicales para proponer la convocatoria de una Huelga General en Gijón, pero, en la medida en que esas reuniones no han ido acompañadas de ningún tipo de orientación hacia la base de CCOO y UGT, ni de ninguna campaña pública seria, explicando la necesidad de convocar dicha huelga, eso está permitiendo que las direcciones de ambos sindicatos puedan seguir actuando como meros espectadores de todo esto, permitiéndose el lujo de dar largas, sin que, hasta la fecha se halla obtenido ningún compromiso serio.
 Ni aún con la condena firme sobre la mesa se produce un cambio significativo en el tono de las movilizaciones. Así, en la segunda manifestación convocada, la asistencia baja considerablemente, aunque continúa siendo muy importante, en torno a 7 u 8.000 personas. A partir de ahí, la estrategia sigue una línea clara de buscar acciones más o menos vistosas para conseguir la repercusión en los medios que ya comenzaban a estar en condiciones de silenciar las movilizaciones, dado que la participación en las mismas descendía paulatinamente.
Mientras se renunciaba totalmente a dar la batalla sindical, la delegación de gobierno, el juez y el gobierno municipal y autonómico se envalentonaban, y así llegamos al sábado 16 de junio, cuando ambos compañeros son finalmente detenidos, y conducidos a la cárcel de Villabona, precisamente tras haber tenido lugar una nueva concentración de protesta delante del Ayuntamiento de Gijón.
Nada más lejos de nuestra intención que desviar la atención sobre los responsables de este atropello. Denunciamos la actitud del aparato del estado, del juez, la policía, la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Gijón, así como del gobierno autonómico. Nos resulta repugnante la hipocresía de todos ellos, que ahora reclaman el indulto como si no tuvieran nada que ver en las condenas. Todos sabemos que ellos han metido en la cárcel a Carnero y Morala.
Pero nosotros somos quienes tenemos que sacarlos. Y es importante sacar las lecciones de lo que hemos hecho hasta ahora, para fortalecernos y mejorar de aquí en adelante. No nos cabe duda que muchos trabajadores, no sólo en Asturias, sino en el resto del Estado e internacionalmente, siguen con interés y preocupación este caso, hasta el punto de que ya nos han confirmado la realización en Bélgica de un acto público de solidaridad organizado por IU Bruselas, el Centro García Lorca y el recién creado Comité de Solidarité con Cándido y Morala, además de una concentración de protesta frente a la casa de Asturias y otra frente a la embajada española, para exigir su liberación y demostrar que esto no va a quedarse entre las cuatro paredes de la cárcel de Villabona. Son ya cientos de resoluciones de protesta las que está recibiendo la alcaldesa, el delegado de gobierno, el presidente autonómico y hasta el ministro de justicia. Son cientos y vamos a conseguir que sean miles.
Pero debemos lograr que ese apoyo, que no nos cabe duda de que es masivo, se refleje también en la calle, aquí en Asturias. Para ello, nos tememos que no bastan las convocatorias semanales, concentraciones frente al Ayuntamiento o la Delegación, etc. Sólo conseguiremos la participación masiva de los trabajadores si se percibe que se dan pasos superiores en la lucha, acordes con la gravedad de lo que ha sucedido. La convocatoria de una huelga general por parte de CCOO, UGT y la CSI no es ningún desatino, si no una urgencia, mucho más ahora, cuando estamos hablando de que hay dos compañeros presos por cuestiones políticas. Es, simplemente, la mejor herramienta de que disponemos para hacer valer nuestra fuerza frente a la suya. Y estamos convencidos de que cualquier trabajador, cualquier activista, cualquier delegado sindical que no defienda intereses ajenos a los del resto de los trabajadores estará de acuerdo con esto y secundaría firmemente esta iniciativa.