Desde el 12 de julio y hasta principios de agosto decenas de trabajadores del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CCHS-CSIC), hemos participado en las concentraciones frente a la entrada del centro y en las manifestaciones conjuntas con los empleados públicos de la zona. Diariamente, a las 12:00 horas, más de mil trabajadores hemos cortado la calle Hermanos García Noblejas y convertido la protesta en una manifestación combativa que ha contado con la simpatía de una parte importante de los conductores y viandantes.

Los trabajadores del resto de institutos y centros de investigación pertenecientes al CSIC también participaron activamente en las movilizaciones de estas semanas. Por ejemplo, la calle Serrano ha sido cortada a diario por los centenares de empleados que trabajan en la sede del CSIC, mientras que los investigadores han hecho lo mismo en la Universidad Autónoma de Madrid tras unirse a los estudiantes y profesores.
Las movilizaciones de los empleados públicos son una respuesta clara y contundente contra los nuevos recortes que el 11 de julio planteó el gobierno del PP. Del mismo modo que atacó al resto de los trabajadores, los parados y los pensionistas, en el caso de los empleados públicos eliminó la paga de Navidad, reduciéndose entre un 5 y 7% la nómina bruta anual, además de perder tres de los seis días de permiso de libre disposición. A esto hay que sumar la bajada salarial del 5% impuesta en 2010 por el gobierno de Zapatero.

Recortes en la investigación pública

Respecto al recorte en la investigación pública, es una medida que se da dentro del proceso de desinversión que viene padeciendo en los últimos años. Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 han reducido la financiación de I+D+i un 25,2% respecto al año anterior. Dentro de la partida presupuestaria, el 58,7%, es decir, 3.754 millones de euros, se destinan a créditos y aportaciones a empresas privadas. Se trata de un trasvase masivo de dinero público al bolsillo de los grandes capitalistas, y no existe transparencia en la adjudicación ni un control sobre los resultados obtenidos: de los créditos concedidos entre 1995 y 2003, únicamente se ha devuelto el 11%. Otra parte de la financiación se destina a la investigación militar, hasta 758 millones, que se transfiere, fundamentalmente, a las empresas privadas de armamento.
Mientras tanto, las Operaciones no Financieras, esto es, la inversión real en investigación pública, es de 2.636 millones. Desde los presupuestos de 2009 el recorte acumulado es del 36,86%, pasando de representar un 0,40% del PIB al 0,25% actual, porcentaje que equivale al de 1985. En cuanto al CSIC, el mayor centro de investigación del Estado, desde 2010 se han recortado casi 1.400 plazas de la plantilla fija por la supresión completa de la Oferta de Empleo Público. Se ha llevado a la institución al borde del colapso, como demuestra que la financiación estatal de este año no alcance para cubrir el gasto de personal, a causa de lo cual muchos institutos han tenido que cerrar las instalaciones dos semanas en agosto.
Un aspecto importante a desmentir son los desorbitados sueldos que obtienen los trabajadores de los centros públicos. La edad media de los trabajadores del CSIC es de 58 años y la precariedad afecta al 45% de ellos. Ante la falta de plazas fijas, la mayor parte de los jóvenes investigadores (y no tan jóvenes, como los que han rebasado la cuarentena) se encuentran contratados a cargo de proyectos que han visto reducidos enormemente su dotación, por lo que tienen salarios que en muchas ocasiones no llegan ni a los mil euros. En estas ocasiones, pese a que se firma un contrato de media jornada laboral, en la práctica se puede llegar a efectuar toda la jornada. Este sector ha jugado un papel esencial en las movilizaciones y muchos de ellos se han incorporado por primera vez a la lucha, con un seguimiento muy importante en la manifestación convocada el 19 de julio por CCOO y UGT.
La amplitud del movimiento, en pleno mes de julio, y el masivo respaldo social logrado demuestra que en septiembre podemos movilizarnos a un nivel superior. Las asambleas realizadas en el CCHS y otros centros de trabajo son un paso adelante que debemos profundizar con la creación de comités de lucha elegidos democráticamente en esas asambleas. Estos comités deben facilitar la coordinación de la lucha entre los distintos institutos del CSIC y otros centros públicos, así como extender el movimiento al resto de los trabajadores. Es necesario unificar las movilizaciones de los sectores en lucha con el objetivo de parar todos los ataques. Golpeando unidos, nuestra fuerza será mucho mayor. En este sentido, los comités deben jugar un papel importante en exigir a las direcciones de CCOO y UGT la convocatoria de una huelga general de 48 horas que lance al gobierno de la derecha un mensaje claro: la respuesta social va a ir en ascenso hasta parar todos los ataques.


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