La última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) coloca el desempleo en niveles récord, más de 5.770.000 parados, casi 800.000 más que hace tan sólo un año, y superando el porcentaje del 25%, similar a países como Sudáfrica, Bosnia o Serbia. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se vanagloriaba en rueda de prensa de que de los casi 97.000 empleos destruidos en el último trimestre la mayor parte se concentraran en el sector público, animando así a empresas y patronal a seguir su ejemplo.
Una reforma a la medida de la patronal
Más de seis meses después de aprobarse vía decreto ley la reforma laboral del PP, el balance es completamente regresivo para los trabajadores y los jóvenes. Uno de los pretendidos objetivos de la reforma, según el PP, era el de “fomentar la contratación indefinida”, sin embargo, los datos de la EPA hablan por sí solos. En los últimos tres meses el empleo indefinido ha caído en 179.400. El único objetivo era mantener la tasa de beneficios de la patronal en un contexto de contracción del mercado, a costa de una mayor sobreexplotación de la mano de obra.
Durante los dos últimos años del gobierno de Rodríguez Zapatero, la patronal ya demostró por donde quería llevar las cosas: paralizando la negociación colectiva, incumpliendo los convenios en aspectos fundamentales como los salarios, dándose el caso de tener que movilizarse en algunas empresas para que la patronal aplicase los acuerdos firmados. Y si entonces los despidos y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fueron la tónica, con la nueva reforma laboral esto no ha hecho sino ir a más: de enero a agosto los ERE aumentaron un 69,7%, afectando a casi 300.000 trabajadores más que el año pasado.
La llegada del PP al gobierno y su contrarreforma ha terminado de destruir la negociación colectiva, histórica aspiración de la patronal. Hasta agosto de 2012 se habían firmado 1.307 convenios frente a los 3.894 del año pasado, según datos de UGT. La legislación laboral establecida ha colocado en una completa indefensión a los trabajadores, la reducción unilateral de los salarios y de jornada se aplican a discreción contra los trabajadores más combativos o la firma de acuerdos salariales y de jornada rompiendo a la baja los convenios de sector o provinciales ha llevado a que desde febrero se hayan firmado 166 acuerdos de este tipo.
La desaparición de más de dos millones de empleos eventuales desde 2007 (de los 3,2 millones existentes), el panorama de absoluta falta de trabajo y, por otro lado, la falta de continuidad tras la huelga general del 29 de marzo de este año —convocada precisamente contra la reforma laboral— por parte de los dirigentes sindicales ha hecho que muchos trabajadores no hayan tenido otra opción que aceptar retrocesos con los dientes apretados. Pero los ataques van a seguir, ahora la destrucción de empleo se va a concentrar en los trabajadores más veteranos que son los que aún mantienen condiciones dignas.
Más ataques contra los empleados públicos
A los recortes de plantilla en sanidad y educación se suma ahora la versión de la reforma laboral que permite facilitar también el despido de los trabajadores públicos por “insuficiencia presupuestaria”. Desde el 31 de octubre los ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios o entes públicos con un 5% menos de presupuesto o que hayan tenido déficit el año anterior podrán despedir colectivamente con 20 días por año. Esta medida será aplicable al personal laboral contratado, unos 700.000, y a otros más de 150.000 trabajadores de empresas públicas.
El PP ha destruido más de 220.000 empleos eventuales en las distintas administraciones dejando de renovar contratos y sin cubrir las bajas, además de congelar el empleo público. Ahora le toca al resto. En los próximos meses asistiremos a ataques de este tipo, principalmente en los ayuntamientos, que son los más endeudados y los que menos recursos generan.
Se puede luchar contra esta reforma
La lucha contra la reforma laboral quedó limitada a una huelga general y a confiar en que algún tribunal dijese que no era legal. No se ha hecho ninguna campaña eficaz dentro de las empresas, limitándose en muchos casos los dirigentes sindicales a negociar el mal menor, cerca del 87% de los distintos ERE adoptados de enero a agosto fueron pactados, y se ha confiado en que la situación económica remontaría y sería posible algún acuerdo. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Desde que se aplica la reforma laboral se han destruido más de 179.000 empleos indefinidos, a los trabajadores públicos se les ha sometido a un ataque sin precedentes descendiendo su número por primera vez desde 2008 (más de 50.000 despedidos este año), y todo esto a costa de un empobrecimiento general de la clase trabajadora.
La convocatoria de la huelga del 14-N es una gran oportunidad para canalizar en un solo golpe todo el malestar que existe entre los trabajadores y la juventud y darle la continuidad que sea necesaria hasta echar atrás esta reforma laboral y todos los ataques del PP.
