Los días 29, 30 y 31 de octubre, es decir, durante 72 horas, prácticamente todos los coches del metro de Valencia, del tranvía valenciano, y del tranvía alicantino, pararon, salvo los afectados por unos servicios mínimos, como es habitual, abusivos (de entre el 40 y el 55%). Incluso la propia empresa (Ferrocarrils de la Generalitat, FGV) ha reconocido un paro superior al 70%. El ambiente en la plantilla es de fuerza y confianza. Con esta huelga se ha puesto de relieve la importancia del transporte público en las áreas metropolitanas valencianas.
Además de esos tres días, la plantilla paró con un seguimiento similar durante todo el día 25, así como varias horas en cada turno durante varios días. Y volverá a parar todo el día 5 de noviembre. Las próximas convocatorias (de paro parcial) son los días 8, 12 y 16. El motivo es el ERE que, con un mínimo de 400 despidos, pretende perpetrar la Generalitat del PP, en principio a mediados de noviembre. Este ERE también implicará una reducción de servicios, por ejemplo el recorte de líneas.
En la manifestación del 29 de octubre participó un cortejo del Sindicat d’Estudiants, que además repartió una hoja de apoyo. También los compañeros del sindicato TUC (Intersindical) de la EMT (cuya plantilla es un referente para la de FGV) distribuyeron un panfleto apoyando su lucha. Carlos Naranjo, en nombre del SE, y Salvador Escrich, en el de TUC, hablaron al final de la manifestación, insistiendo en la misma idea que las hojas: la impresionante demostración de fuerza de los trabajadores de Metrovalencia y Tram d’Alacant tenía que ir más allá. Cuando los trabajadores en general, y los del sector público en particular, están recibiendo ataque tras ataque, es imposible pararlos si no es extendiendo la lucha.
La Generalitat ha anunciado para 2013 el cierre de 56 empresas públicas y el despido de miles de trabajadores (entre 3.000 y 7.500). Ya hay despidos realizados, como los de 400 trabajadores del Institut Valencià de la Vivenda, la Ciutat de les Arts i les Ciències y Construccions Escolars (CIEGSA, empresa de equipamientos docentes). La prevista privatización de hospitales (en línea con lo anunciado en Madrid) también implicará una drástica reducción de plantilla. Por no hablar de la práctica desaparición de la radiotelevisión pública (RTVV), que quedará sólo con un tercio de la plantilla y absolutamente sometida a las empresas privadas del audiovisual. Todo el sector público, sea de nivel local, autonómico o estatal, está bajo ataque: recorte de plantillas y recorte de servicios y prestaciones.
Extender la lucha a todo el sector público
Empresa a empresa no hay salvación. Es imprescindible que el Comité se dote de un plan de extensión de la lucha, exigiendo a las federaciones sindicales correspondientes que salgan de su inaudita pasividad y dediquen todo su esfuerzo a organizar movilizaciones conjuntas y una huelga de todo el sector público que paralice absolutamente todas las administraciones. Esa iniciativa, sumada a la consigna de “ni un solo despido en el sector público”, incluida entre las reivindicaciones de la huelga general del día 14, daría además un poderoso impulso a ésta entre todos los trabajadores públicos. Si las federaciones no responden, es obligación del Comité tomar la iniciativa, reuniéndose con el resto de Comités y Juntas de Personal. En este sentido, se podrían organizar piquetes informativos a los usuarios, charlas en otras empresas y centros de estudio, etc. En esta línea ha sido el ofrecimiento del Sindicat d’Estudiants. También hay que coger con las dos manos el apoyo de TUC, dirigiéndose, no sólo al Comité de la EMT (cuya mayoría no está por la labor de movilizar, asumiendo sin lucha en la calle los continuos recortes del servicio de autobuses), sino directamente a sus trabajadores.
Existen tendencias dentro del Comité de FGV a “mantener la lucha dentro de la empresa”, a “no radicalizarla”, etc. También hay llamamientos a la empresa a que justifique “con documentos” la necesidad de un ERE con despidos. Aceptar cualquier tipo de ajuste, cualquier tipo de recorte en el servicio, y mucho más cualquier despido, es una trampa. Cualquier medida que debilite a la plantilla será aprovechada por el PP más adelante (y, tal como están las cosas, no dentro de mucho tiempo). Si permitimos la reducción del sector público valenciano de entre un 50 y un 75%, cualquier nuevo ataque, a los que queden, será mucho más difícil de parar. Por tanto, cualquier posible acuerdo basado en el mal llamado mal menor (aceptar equis despidos porque si no pueden ser más) sería un fracaso de antemano. Desde las asambleas, desde la lucha, es necesario presionar al Comité y luchar por un sindicalismo combativo, que use la enorme fuerza y ánimo de la plantilla para ir más allá, para impulsar una lucha general contra los despidos. Sólo si el PP ve en peligro su posición en la Generalitat puede ceder.
