En estos días se anunciaba el cierre de la fábrica de Suzuki en Porceyo (Gijón), y con él, la desaparición de unos 200 puestos de trabajo directos, a los que habría que sumar al menos otros tantos indirectos. El comité de empresa ha anunciado que reclamará para la plantilla una indemnización de 30.000 euros y 60 días de indemnización por año trabajado y ha fijado un calendario de movilizaciones para las próximas semanas. Por su parte, la dirección de la empresa no está dispuesta a asumir más que los veinte días por año estipulados tras la última reforma laboral, y el “compromiso” de intentar buscar puestos de trabajo alternativos para los trabajadores.
Con este nuevo cierre se profundiza la desindustrialización en la comarca, que ha perdido en los últimos años empresas emblemáticas del naval y la minería, entre otras muchas. La empresa esgrime como argumento para el cierre las pérdidas producidas en su factoría en los últimos cuatro años, debido a la bajada en las ventas. Sin embargo, es precisamente su división comercial lo que pretende mantener en el Estado español, centrando su actividad en “la importación y distribución de productos de la marca para el mercado nacional”.
La multinacional ha obtenido multitud de ayudas públicas durante décadas, y un trato preferente de los gobiernos locales y regionales y, como viene siendo habitual, tras años de amasar beneficios, ahora anuncia su decisión de cerrar la planta. Desde las patronales FADE y FEMETAL, se acusa cinícamente a los trabajadores de ser los culpables del cierre por no haber querido renunciar a sus condiciones laborales. Sin embargo, desde que se instaló la multinacional, la reducción de empleo ha sido constante y en los últimos años los trabajadores han sido sometidos a varias regulaciones de empleo, a la vez que han visto el deterioro paulatino de sus condiciones de trabajo.
Pero, como la experiencia ha demostrado en multitud de ocasiones, las sucesivas renuncias no han evitado esta nueva deslocalización. A la vez que anunciaba el cierre de Porceyo para 2013, la multinacional inauguraba una factoría en Tailandia que fabricará el mismo modelo de moto que se hacía en Gijón, con unos salarios infinitamente más bajos.
Frente a los cierres: ocupación y nacionalización
Desde todos los partidos políticos se insta al gobierno a que busque una solución que impida el cierre de la planta. Pero ¿cuál debe ser esa solución? Ninguno está dispuesto a ir más allá de la “exigencia” de que se “pongan los medios” para que continúe la actividad, bien con más subvenciones públicas, bien buscando nuevos “inversores”. Por su parte, Suzuki ya se ha “comprometido” a contratar a una consultora para buscar “un inversor industrial con un proyecto sólido para el futuro de la planta”. Lamentablemente, son demasiadas las veces que hemos oído estos cantos de sirena y en todas las ocasiones no sólo han sido falsos, sino que se han utilizado como argumento para desmovilizar a los trabajadores de las empresas afectadas, no vaya a ser que, con plantillas tan díscolas “se asuste al inversor”. El resultado ha sido invariablemente el mismo: empresas cerradas, destrucción de puestos de trabajo y más paro y sufrimiento para las familias obreras. En esta ocasión, tampoco será diferente, salvo que los trabajadores comencemos a asumir un programa propio que defienda decididamente nuestros intereses.
El cierre de Suzuki no es el único que está encima de la mesa, otras muchas empresas emblemáticas, como Alcoa en Avilés, están amenazadas con el cierre, e incluso recientemente desde Arcelor se agitaba el fantasma de la deslocalización salvo que los trabajadores acepten una reducción del 25% de los costes salariales. No es posible evitar los planes de las multinacionales luchando separadamente, pero sí lo es si se unifican los diferentes conflictos en un plan de lucha sostenido y contundente, incluyendo la ocupación de las instalaciones y la defensa de la nacionalizacion de todas aquellas empresas amenazadas con el cierre o la deslocalización.
Para nosotros, es fundamental que, desde los partidos de la izquierda y particularmente desde las organizaciones sindicales se retomen las reivindicaciones de la expropiación y nacionalización de las empresas, en caso de cierre, porque estamos convencidos de que no hay otra manera de oponerse eficazmente a la sangría de destrucción de empleo que padecemos, y que no hace más que aumentar.
