La mayoría del comité de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) —formada por CCOO, UGT y dos sindicatos corporativos— y la empresa, tras una reunión maratoniana de 20 horas, llegaron a un preacuerdo en la madrugada del 28 de diciembre. El preacuerdo fue aceptado en referéndum por la plantilla (71% a favor y 29% en contra) el 3 de enero. De esta forma acaba una larga lucha, que empezó en octubre tras el anuncio de un ERE de 450 despidos, y que se ha expresado en paros parciales, de 24 horas y en una ocasión de 72 horas, y en manifestaciones continuas por el centro de Valencia y Alicante.
El acuerdo implica la reducción de los despidos a 310, de los cuales 74 serán de forma directa y 236 mediante prejubilación forzosa. Además, se recortarán los salarios un 10%. Al preacuerdo se han opuesto el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) y el Sindicato Ferroviario. El SIF considera que “la última asamblea de trabajadores celebrada el día 19 de diciembre” (se refiere a la última antes del preacuerdo, posteriormente hubo otra) “decidió por mayoría absoluta en sus dos sesiones, NO A LOS DESPIDOS TRAUMÁTICOS (…). El SIF decidió por unanimidad mantener la decisión de la asamblea de trabajadores y establecer que los despidos traumáticos debían ser CERO”.
Los cuatro sindicatos firmantes hicieron una intensa campaña para convencer a los trabajadores de la bondad del acuerdo. En el blog del comité destacaron una carta del Gabinete de Asesoramiento de la Politécnica de Valencia, un grupo de economistas de esta universidad, supuestamente independientes, que ha aconsejado a la parte sindical en la negociación. Su tesis era que “si el resultado fuera no, se le estaría dando carta blanca a la empresa. El despido de 450 personas al parecer sería automático (…). El rechazo de la plantilla reforzaría a la empresa, debilitando a los sindicatos y dividiendo a la plantilla”. Además, no habría salida, porque “los tribunales no están acogiendo favorablemente la postura sindical de “no acepto ningún despido”. Evidentemente, si la lucha contra un ERE dependiera exclusivamente de las posibilidades judiciales de echarlo atrás, las perspectivas para ella serían muy negras. Estos asesores universitarios, y (lo cual es mucho más grave) los dirigentes sindicales que se escudan en estos supuestos técnicos, desprecian la fuerza de la clase obrera en acción, que no es un complemento para apuntalar una negociación, o una salida judicial, sino el punto clave que decide en un sentido u otro el resultado.
Había fuerza para luchar contra todos los despidos
Muchos seguidistas de la mayoría del comité se han hecho eco en las últimas semanas, incluso antes del acuerdo, de calumnias contra los trabajadores, acusándoles de no estar a la altura de las circunstancias, de acudir cada vez menos a las manifestaciones. Muy al contrario, la plantilla ha respondido desde el primer momento como un solo hombre, demostrando una madurez muy superior a la de la mayoría del comité. Las continuas huelgas han sido seguidas al cien por cien, y el ambiente era de unidad y fuerza pese a las limitaciones de la estrategia sindical. A partir de noviembre, en las asambleas los trabajadores asumían mayoritariamente la necesidad de endurecer la lucha (con huelgas incluso de una semana entera, sin aceptar los servicios mínimos), y de extenderla a la EMT, a RTVV, etc., cogiendo con las dos manos el ofrecimiento del Sindicat d´Estudiants en este sentido (rechazado desde el principio por los dirigentes de CCOO y del sindicato corporativo SCF). También exigían mayoritariamente el boicot a la negociación del ERE, como medida de fuerza para forzar su retirada. Todas estas propuestas fueron desoídas por la mayoría del comité, cortando así la posibilidad de que la lucha fuera a más.
Este acuerdo anticipa nuevos ataques, inmediatos. La víspera del referéndum se anunció el informe de la consultora Improven, pagada por la conselleria de Transports. El Plan de Saneamiento propone la privatización de una línea de tranvía de Alicante y del tren Alicante-Benidorm, la venta de tres estaciones de Alicante y cinco de Valencia, y el aumento de tarifas hasta un 20% en Alicante (en Valencia subieron hasta un 50% en septiembre).
Como en el reciente caso de la lucha de la EMT valenciana, esta experiencia tiene que ayudar para impulsar un sindicalismo combativo con una perspectiva revolucionaria, dentro de los sindicatos de clase. El voto negativo de 435 trabajadores demuestra que existe una base fuerte para ello.
