Si los “argumentos” de la derecha para justificar su política tenían una eficacia nula para contener la creciente ola de indignación social, con el caso Bárcenas la autoridad moral del gobierno del PP para seguir con su política de contrarreformas y recortes no puede ser más baja. El gobierno del PP está totalmente deslegitimado. Pese a su precaria situación, el mensaje que lanzó Rajoy el 1 de agosto fue claro: iba a seguir adelante, agotando los más de dos años de legislatura que le quedan por delante sin variar un ápice su política.

Nuevos y brutales ataques a la vista

Ya en el Consejo de Ministros del 2 de agosto, el gobierno del PP aprobó un nuevo decreto ley que da una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral del 2012. Esta medida, que pasó prácticamente desapercibida y se presentó como una “mejora técnica”, facilita todavía más los despidos colectivos en las empresas. Entre otras implicaciones, a partir de ahora un ERE no se podrá declarar nulo (lo que obliga a la readmisión de los trabajadores despedidos) si la empresa cumple los requisitos formales (plazos, avisos, etc.) aunque no cumpla con los requisitos de fondo (las circunstancias económicas); esas mismas circunstancias económicas requeridas para los ERE se relajan aún más para las multinacionales; se impiden las demandas individuales contra despidos colectivos; se refuerzan las comisiones negociadoras en detrimento del comité de empresa, etc.
Otro ataque es la brutal reforma de las pensiones que el gobierno tiene previsto aprobar en otoño. Con esta reforma la subida de las pensiones quedará desvinculada del IPC y dependerá del “ciclo económico”. Las nuevas pensiones se calcularán con la cotización de toda la vida laboral y teniendo en cuenta la “esperanza de vida”. Esto significa perder poder adquisitivo año tras año. A pesar de la demagogia de la ministra Báñez al decir que con la reforma la subida de las pensiones está garantizada, el hecho es que, por ejemplo, en un escenario de una inflación media anual del 2% las pensiones perderían el 17,2% en una década y el recorte del gasto anual en pensiones sería de unos 1.750 millones de euros. La reforma educativa, la conocida como ‘ley Wert’, cuya aprobación está prevista para antes de que finalice el año, es igualmente salvaje. Unida a los recortes en las becas y las subidas de tasas, tiene el propósito central de expulsar del sistema educativo a millones de jóvenes procedentes de las familias trabajadoras. Está pendiente también la reforma de la administración pública, lo que implicará una nueva ronda de despidos. La presión del FMI y de la CEOE para que el gobierno emprenda nuevas reformas y recortes, cada cual más agresivo, y que lo haga con más celeridad, se ha incrementado durante las últimas semanas.

¿Salida de la crisis?

Para tapar el caso Bárcenas y contrarrestar el malestar social provocado por la crisis capitalista y su política, el gobierno del PP (dejando aparte el arrebato chovinista veraniego sobre Gibraltar) insiste machaconamente en que la crisis está llegando a su fin. De forma completamente delirante, el ministro Montoro declaró solemnemente en septiembre que “España es el gran éxito económico del mundo”. La realidad es que la inversión, ventas, créditos, morosidad, etc., siguen marcando records negativos. La mejora del sector exterior se debe más al desplome de las importaciones que al aumento de las exportaciones. La tan cacareada caída de la prima de riesgo se explica por los efectos narcotizantes de la política del BCE, pero no tiene nada que ver con una mejoría de la vertiente financiera de la crisis. De hecho, debido a las ayudas públicas a la banca la deuda ha crecido exponencialmente y la economía española se encuentra más cerca de la insolvencia que de la recuperación.
Es verdad que para los especuladores, los banqueros, las multinacionales y las grandes empresas las cosas no les están yendo nada mal. Las empresas del Ibex lograron una ganancia del 19% en el primer semestre de 2013, un 58% más que el año anterior. Los beneficios de los grandes bancos son todavía mayores, incrementando en más de un billón de euros sus depósitos desde el inicio de la crisis, debido a la quiebra de las cajas. La otra cara de la moneda es que los efectos sociales catastróficos de la crisis, de las contrarreformas y de los recortes siguen expandiéndose. Seis millones de desempleados, 3,5 millones de ellos de larga duración, 56% de paro juvenil; devaluación de los salarios entre un 7,1% y un 11% desde 2007, incremento de la población en las listas de espera (un 43% en Catalunya), en el número de intervenciones quirúrgicas que han dejado de hacerse (un 15%), 20% de incremento de los diagnósticos de depresión, incremento de los suicidios y de los intentos de suicidio, etc.

La política de las direcciones sindicales, una tabla de salvación para el PP

Rubalcaba, en su intervención en la sesión parlamentaria del 1 de agosto, pidió a Rajoy “que se marchara”, pero para ¡ser sustituido por otro miembro del PP! Cayo Lara, por Izquierda Unida, sí planteó de forma clara y rotunda la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas. Muy acertadamente, señaló que el gobierno no tenía ya ninguna legitimidad.
Ahora la cuestión es qué hacer para conseguir este objetivo. La exigencia de dimisión del gobierno y de elecciones anticipadas debe ser completada con la convocatoria inmediata de movilizaciones para que todo el protagonismo esté en la calle, en la lucha de los trabajadores y de los jóvenes y no en este parlamento ilegítimo del que sólo pueden salir maniobras de distracción.
Pese a la gravedad de los ataques en marcha, en plena ofensiva patronal contra los convenios en las empresas, los dirigentes de UGT y CCOO siguen guardando un silencio cómplice y vergonzoso. El 22 de julio Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, dijo que prefería “creer al presidente del gobierno, antes que a una persona que está en la cárcel”. También dijo que no quería hablar aún de dimisiones o elecciones anticipadas (ver goo.gl/oiSrJ).
En nuestra opinión un llamamiento claro, directo y público desde Izquierda Unida a los dirigentes de CCOO y UGT a rectificar su actual posición, a apoyar la campaña por la dimisión del gobierno y por la convocatoria de elecciones generales, y a convocar una huelga general por estos objetivos, contaría con un respaldo masivo en la base de estos sindicatos. Sería un revulsivo político tremendo para millones de trabajadores y jóvenes. Impulsar un movimiento masivo y continuado es fundamental no sólo para conseguir tumbar al gobierno del PP sino también para que esta caída lleve a la elección de un gobierno de izquierdas, con un verdadero programa de izquierdas, que empiece por derogar todas las contrarreformas y todos los recortes a los gastos sociales impuestos por la derecha y que nacionalice todo el sistema financiero y las grandes empresas, para empezar a poner en práctica un plan de crecimiento económico y creación de empleo en beneficio de la mayoría de la sociedad.