La plantilla reaccionó de manera inmediata. En un primer momento bloqueando la salida de material en la planta de Avilés, y posteriormente con la convocatoria de grandes manifestaciones de apoyo en ambas comarcas. En el caso de Avilés, la manifestación fue una de las más multitudinarias que se conocen, con más de 20.000 personas respaldando a los trabajadores en una demostración de fuerza impresionante. Finalmente, la presión obligó al gobierno a presentar una nueva subasta eléctrica a finales de diciembre. En esta ocasión Alcoa se “adjudicó” 130 millones de euros y este resultado propició la retirada del expediente. Pero los problemas para los trabajadores no han terminado, pues en el mismo comunicado donde anuncia esto, la empresa advierte que “continúan afrontando dificultades significativas debido a su estructura de costes” por lo que ya ha trasladado al comité que tras las fiestas navideñas abordará un plan de ajustes para ahorrar unos dos millones de euros en Avilés y otro tanto en A Coruña.
Independientemente de los recortes que pretende llevar a cabo, Alcoa continúa supeditando su actividad futura a la consecución de una tarifa energética menor. Este es uno de los puntos donde se ha hecho más hincapié tanto desde la dirección de la empresa, como desde el propio comité y también desde la totalidad de partidos políticos y sindicatos. Desde todos los ámbitos se ha criticado el actual sistema de subastas, algo que desde El Militante compartimos, no porque lesione los intereses de una u otra multinacional, sino porque los “derechos de interrumpibilidad” no son ni más ni menos que subvenciones encubiertas con las que el gobierno trata de garantizar los beneficios de las eléctricas y que ese coste no recaiga sobre las grandes empresas. A través de la adquisición de esos “derechos”, las grandes empresas se “comprometen” a desconectarse de la red pública en caso de una sobredemanda de electricidad. Es decir, para resarcirlas de una hipotética pérdida, que lo más normal es que no se produzca, el gobierno entrega a las grandes empresas cientos de millones de euros de dinero público para pagar su factura de la luz.
Por la nacionalización de las eléctricas
Rechazar esto no quiere decir renunciar a una electricidad barata, algo esencial para poder producir de forma competitiva. Todo lo contrario. Lo que rechazamos es que para lograrlo la única opción sea hacer un frente común con la empresa y supeditar una y otra vez las reivindicaciones y los derechos de la plantilla a las expectativas de beneficio de la multinacional. Es más, estamos convencidos de que, a medio plazo, esa estrategia sólo puede acabar con el cierre de la empresa y la deslocalización. Como se ha demostrado en tantas ocasiones, siempre habrá una electricidad más barata, siempre habrá unos costes laborales menores. La única forma de obtener energía barata sin que esto suponga un expolio de los recursos públicos es a través de la nacionalización de las empresas eléctricas y del monopolio del sector.
Tras la retirada del despido colectivo el alivio de los trabajadores ha sido inmenso, y no es para menos pues han garantizado que, al menos por este año, la actividad continuará. Y en ese sentido se ha ganado una batalla importantísima, algo de lo que nos alegramos profundamente. Otra cosa será las condiciones que ahora, apoyándose en el miedo y la angustia generada estos dos meses, trate de imponer la multinacional para el nuevo convenio colectivo, y más importante aún, lo que suceda dentro de un año con la tarifa eléctrica. En nuestra opinión, para ganarle la guerra a Alcoa hay que desarrollar un programa de independencia de clase, que ponga en primer lugar la defensa de todos los puestos de trabajo, y un empleo estable y de calidad, y que no dude en defenderlo reclamando la nacionalización en caso necesario.
