Las consecuencias de la privatización
La alta siniestralidad, la precariedad, los ritmos de trabajo infernales y el trato degradante son el pan de cada día para los cientos de trabajadores de las decenas de subcontratas que operan en Armón, que irónicamente se asienta en los mismos terrenos e instalaciones de lo que hace relativamente poco tiempo fue uno de los astilleros públicos más seguros y modernos del Estado español. Este es el saldo final de la privatización de los astilleros públicos y el mejor argumento para reclamar de nuevo su nacionalización.
Las brutales condiciones de trabajo en Armón fueron denunciadas insistentemente por los trabajadores en la huelga de mayo pasado, y puestas en conocimiento de las organizaciones sindicales. La huelga se prolongó durante dos semanas, y suscitó el apoyo de miles de trabajadores asturianos, que participaron en una gran manifestación de solidaridad en Gijón. La posibilidad de poner al empresario contra las cuerdas, de obligarle a respetar los derechos laborales, de conseguir que pagara por sus responsabilidades, en definitiva, de que la lucha se saldara con una victoria estuvo al alcance de la mano. Sin embargo, en el punto álgido de la movilización, y tras una reunión con el empresario en la que se encuentran, además de trabajadores de Armón, representantes de CCOO y UGT se presenta un principio de acuerdo a la asamblea.
En el acuerdo no se contemplaba ni la creación del comité de empresa, ni la bolsa de trabajo, ni ninguna medida de mejora laboral (todo ello cuestiones demandadas por los trabajadores), salvo la contratación de una empresa de seguridad en el trabajo y un montón de promesas verbales. Esto provocó inicialmente el rechazo, pero tras una segunda votación y en vista de que los representantes sindicales lo recomiendan, se aceptó el acuerdo y se desconvocó la huelga.
Poco después, tal y como se temían muchos, la empresa volvía a tener la sartén por el mango: Sin ninguna cobertura legal ni sindical, los trabajadores más combativos que conformaron el comité de huelga fueron despedidos uno tras otro junto con la mayoría de los que participaron en la huelga, la ausencia de una bolsa de trabajo impidió ningún tipo de control sobre las contrataciones y, tras unos pocos días, los encargados y mandos del astillero fueron recobrando sus maneras despectivas y prepotentes, e instaurando de nuevo una atmósfera asfixiante en el astillero.
La responsabilidad de las organizaciones sindicales
Es indignante que se pretenda hacer recaer la responsabilidad de la seguridad sobre los trabajadores, planteando ahora que sean ellos mismos quienes “se nieguen a realizar tareas peligrosas”, como hizo el representante de UGT en la concentración ante las puertas del astillero en la jornada de luto.
Por otro lado, el secretario de Política Industrial de CCOO de Asturias, Manuel Pérez, declaraba que esperarían al esclarecimiento de los hechos antes de señalar responsabilidades pues “hay que saber a quién se apunta antes de disparar”. Sin embargo, independientemente del resultado de la investigación, es evidente que las condiciones dentro del astillero son inaceptables, y que continuar trabajando de esta forma es jugar con la vida de los trabajadores.
La sangría de accidentes y muertes en el puesto de trabajo no va a frenarse con concentraciones testimoniales, ni exigiendo al gobierno autonómico que aumente la vigilancia, ni mucho menos apelando a la buena voluntad de los empresarios para que renuncien a engordar sus beneficios a costa de recortar en seguridad, argumentos todos ellos esgrimidos estos días por diferentes representantes de CCOO y UGT. La precariedad se frena implantando en los tajos condiciones dignas de trabajo y recuperando los derechos que nos están arrebatando. ¿Cuántas muertes tienen que producirse para obligar a un empresario a garantizar la integridad de los trabajadores? En nuestra opinión, en Armón son suficientes.
Suficientes para que esto no se zanje una vez más con una oscura investigación sin culpables, una familia más destrozada y un montón de lamentaciones hipócritas de los que conscientemente miran para otro lado. Suficientes para justificar la convocatoria de una huelga general en el sector contra la siniestralidad laboral, la precarización y los abusos de los empresarios. Suficientes para poner fin a la bochornosa política de paz social que es la última responsable de la situación que padecemos en los centros de trabajo.
