Colombia: no al acuerdo Gobierno-FARC en el referéndum

La ‘paz’, la lucha por el socialismo y las tareas de la izquierda

Aunque todas las encuestas pronosticaban una victoria clara del sí, el no defendido por la extrema derecha uribista y algunos dirigentes del Partido Conservador obtuvo 6.431.376 votos (un 50,21%). El apoyo al acuerdo —propugnado por la mayoría de las organizaciones de izquierda y los partidos burgueses que respaldan al gobierno de Santos— cosechó 6.377.482 votos (49,78%). La abstención, que en Colombia supera habitualmente el 50%, fue incluso mayor esta vez: sólo participó un 37%. Pocos días después de este resultado, una impresionante marea humana inundaba el centro de Bogotá y otras ciudades exigiendo paz ya.

El anhelo de paz de las masas y las maniobras de la burguesía

El acuerdo Gobierno-FARC, aunque no incluye muchas de las reivindicaciones históricas del movimiento obrero y popular, ha movilizado a las bases de la izquierda y esperanzado a millones de personas que desean que se evite más muertes y sufrimiento. Para amplios sectores de activistas el acuerdo representa una oportunidad histórica de acabar con la utilización que hace la burguesía del conflicto armado con el fin de aislar y criminalizar a la izquierda.

No obstante, como explicamos cuando se declaró el alto el fuego y el acuerdo era inminente1, en el camino hacia la paz se levantan poderosos obstáculos. El primero, y más evidente, la oposición abierta de un sector de la clase dominante encabezada por los expresidentes Uribe y Pastrana. Las revelaciones del jefe de campaña del no, Juan Carlos Vélez, sobre las maniobras utilizadas para condicionar el voto han desvelado cómo manipulan los capitalistas las elecciones y han provocado indignación entre amplios sectores de las masas.2

Vélez explicó cómo grupos empresariales financiaron en secreto propaganda falsificando y tergiversando el acuerdo. El objetivo era indignar y atemorizar a capas dubitativas o reacias al mismo para que fuesen a votar y, aprovechando la altísima abstención que preveían las encuestas, alcanzar la victoria. A sectores golpeados por la pobreza y el desempleo se les machacó con la idea de que los subsidios y repartos de tierras para la reinserción de los guerrilleros representaban una discriminación hacia ellos y llevarían al colapso del gasto social del Estado. Para las capas medias añadieron que la financiación del postconflicto saldría de aumentarles los impuestos y provocaría endeudamiento masivo y un colapso financiero. Como ya hiciera la derecha española en las elecciones del 26J, utilizaron la difícil situación que vive Venezuela, hablando de “entrega del país al castrochavismo”, y la creciente impopularidad del gobierno Santos, a quien la propaganda de la burguesía mundial presenta como padre del acuerdo.

La agitación reaccionaria contra el acuerdo podría haber sido contrarrestada con una campaña enérgica de la izquierda vinculando la lucha “por la paz” a mejoras en las condiciones de vida del pueblo. Pero la gran paradoja del plebiscito (y que explica en buena parte su resultado) es que, aunque los 6.377.482 que votaron sí son mayoritariamente gente que busca una alternativa de izquierdas (que quiere la paz pero también cambios profundos que hagan ésta posible y duradera) la dirección política de la campaña estaba (y sigue estando) en manos de Santos y los sectores de la burguesía colombiana y mundial que le apoyan. Ellos defienden el acuerdo con las FARC por sus propios motivos e intereses de clase, que tienen poco que ver con el anhelo de paz y cambio social de las masas.

Desde que comenzó la negociación, Santos declaró el modelo económico y político innegociable, impidiendo la inclusión en el acuerdo final de propuestas como una reforma agraria que acabara con el latifundio y garantizara el acceso a la tierra a los campesinos, u otras medidas que mejoren las condiciones de vida del pueblo. Una de las razones del gobierno para querer ratificar deprisa y corriendo el acuerdo era aprovechar el clima de esperanza resultante del mismo para aplicar con una menor oposición el ajuste económico (subida del IVA, recortes sociales,…) que llevan aplazando meses.

En estas circunstancias, las loas a la paz en abstracto y el desfile de representantes de gobiernos e intelectuales burgueses apoyando a Santos difícilmente podía contrarrestar el “voto del miedo y el resentimiento” uribista, ni movilizar al 63% del electorado que quiere vivir en paz pero se abstuvo, bien porque consideraron un hecho consumado el acuerdo (una vez firmado por Gobierno y FARC y avalado por la “comunidad internacional”), bien porque no encontraron puntos en su contenido que les convenciesen de la necesidad de votar sí.

Para determinar qué puede pasar y, sobre todo, cuáles son las tareas para la izquierda debemos partir de las causas económicas y sociales que originaron y han mantenido abierto el conflicto armado tanto tiempo, entender por qué fracasaron procesos de paz anteriores, desenmascarar los intereses de la burguesía uribista pero también de la que representa Santos, y situar la lucha por la paz como parte de una alternativa socialista global frente a la crisis que vive el capitalismo y en beneficio de las masas oprimidas.

De la insurrección campesina al enquistamiento del conflicto armado

El conflicto armado colombiano, el más antiguo y uno de los más sangrientos del planeta (250.000 muertos, 45.000 desaparecidos, alrededor de 6 millones de desplazados en los últimos 52 años), hunde sus raíces en la injusta distribución de la tierra y la riqueza que caracterizan, desde sus orígenes, al capitalismo colombiano. A día de hoy, un 1% de propietarios sigue concentrando el 60% de tierras aptas para el cultivo, y cada intento de cambiar esta situación ha chocado con la represión más sangrienta por parte de la oligarquía.3

Las FARC y el ELN tienen su origen, en última instancia, en la insurrección masiva de los campesinos para defenderse de la violencia del Estado y de los terratenientes. Cuando en 1948, Jorge Eliécer Gaitán —líder muy querido por el pueblo— se presentó a la presidencia proponiendo una reforma social amplia y fue asesinado por la oligarquía hubo un estallido social (Bogotazo) brutalmente reprimido. Varios frentes campesinos surgidos tras el Bogotazo se unificaron en las FARC y fueron ganados en 1964 por el Partido Comunista.

En 1985, tras un acuerdo de paz similar al actual, las FARC abandonaron las armas y crearon una organización política legal: la Unión Patriótica (UP) El crecimiento de la UP fue contestado con una ofensiva represiva furiosa, mediante la acción combinada del aparato estatal y los paramilitares de extrema derecha organizados por ese mismo Estado y financiados por terratenientes y empresarios, y que supuso el asesinato de 3.000 militantes entre 1985 y 1989, incluidos dos candidatos presidenciales. Tras ello, la guerrilla volvió a empuñar las armas.

A mediados de los 80, las FARC eran uno de los movimientos armados con más efectivos, influencia y poder militar del planeta. Durante las negociaciones de paz de 1983, diversas encuestas decían que un 70% de la población colombiana apoyaba a los distintos grupos guerrilleros o justificaba su existencia por la injusticia social y la represión del Estado.4

Un aspecto clave para entender el desarrollo de la lucha de clases en Colombia es cómo la burguesía y el imperialismo modificaron esta correlación de fuerzas. Aunque las FARC mantienen capacidad operativa e influencia en diversas zonas, la burguesía ha conseguido debilitarles claramente durante las dos últimas décadas. El punto de inflexión fue el proceso de paz de 1998-2002. Mientras el gobierno de Pastrana prolongaba 4 años una negociación en la que no tenía intención de ceder en nada, ni siquiera puntos irrenunciables para las FARC como la disolución de los paramilitares, la alianza entre estos últimos y el ejército, con apoyo del imperialismo estadounidense y de los gigantescos recursos de los planes Colombia y Patriota (justificados con la supuesta lucha contra el narcotráfico), consiguió mermar el poder militar guerrillero.

Pero el golpe más importante fue político. Mientras la burguesía utilizaba su control de los medios de comunicación y su enorme capacidad de influencia en la sociedad para achacar la prolongación de la guerra y, posteriormente, la ruptura del diálogo a los guerrilleros —creando un clima de histeria contra ellos—, la ausencia de un programa genuinamente socialista y de métodos de lucha correctos por parte de las FARC también favoreció la estrategia de la clase dominante. La dirección de las FARC se negó a desplazar el eje de su acción política desde el enfrentamiento militar directo a la movilización de las masas obreras y campesinas por sus reivindicaciones y necesidades inmediatas. Esta orientación política, vinculando la lucha por demandas económicas y sociales a la paz y al fin del paramilitarismo, hubiera tenido un enorme efecto. Muchos de los métodos empleados para sostener durante décadas un combate desigual contra el Estado (secuestros, atentados contra centrales eléctricas u oleoductos, impuestos a la población de las zonas que controlaba...) enajenaron a la guerrilla el apoyo de sectores crecientes de las masas.

El desarrollo del uribismo y las divisiones en la burguesía colombiana

Ese clima de miedo y odio hacia los guerrilleros fue la ola sobre la que se montó Álvaro Uribe, un terrateniente vinculado a los paramilitares y al narcotráfico (como han denunciado diputados en el Parlamento colombiano5), para ganar en 2002 la Presidencia de Colombia. Aprovechando el desprestigio de los partidos tradicionales, la crisis económica y los escándalos de corrupción, Uribe ganó haciendo toda una serie de promesas demagógicas, entre ellas acabar con la violencia y derrotar a la guerrilla.

La burguesía mundial y colombiana (incluido Santos y los capitalistas que hoy le apoyan) presentaron a Uribe como el salvador de Colombia y le utilizaron como un ariete contra la revolución bolivariana en Venezuela. La ayuda económica y militar de Washington, el crecimiento de la economía mundial entre 2002 y 2008, la creciente importancia del oro y el petróleo en las exportaciones colombianas (que pasaron del 27,34% al 55,22% del total) proporcionaron estabilidad política y económica al sistema, y un margen a la extrema derecha uribista para desarrollar redes clientelares y programas asistenciales (como “Familias en Acción” y otros). Uribe forjó una base de masas no sólo entre las capas medias, también en sectores desmoralizados de la población más humilde del campo y las ciudades. En el plebiscito ha vuelto a explotar estas redes de apoyo, agitándolas con el deterioro económico de los últimos años.

Las contradicciones entre Santos y Uribe no surgieron con el proceso de paz. Éste las ha amplificado, hasta convertirse en el principal campo de batalla entre ambos, pero las divergencias son anteriores y abarcan aspectos que van desde las estrategias para contener el malestar social y cómo enfrentar los efectos de la crisis capitalista mundial sobre la economía colombiana, hasta disputas por el control del Estado y el reparto de cuotas de poder entre distintos grupos oligárquicos.

Desde 2008, un sector de la clase dominante empezó a alarmarse por la actuación fuera de control de la camarilla uribista. Su arremetida contra Venezuela supuso romper relaciones con el segundo importador de productos colombianos. Estallaron escándalos como el espionaje y coacciones de los servicios secretos a elementos de la burguesía críticos con Uribe. Las movilizaciones masivas de los campesinos indígenas, las huelgas de los corteros de caña y trabajadores judiciales, el paro general de octubre de 2008 y el ascenso de la movilización obrera y popular animado por el giro a la izquierda en el resto de Latinoamérica, mostraban un movimiento de masas en ascenso que empezaba a superar los intentos de frenarlo mediante la criminalización y la represión del gobierno.

Un sector mayoritario de la burguesía, apoyado por el imperialismo estadounidense y Obama, impidió que Uribe optase a una tercera reelección en 2010 y promovió un cambio de fachada. Santos, exministro de Defensa de Uribe, y destacado miembro de la burguesía financiera e industrial, fue el elegido. Marcando diferencias con su predecesor, Santos adoptó un discurso “centrista”, prometiendo incluso tímidas reformas sociales (la mayoría de ellas incumplidas), recuperó las relaciones con Venezuela e incluso relegó al ostracismo político a Uribe, investigando y encarcelando a varios de sus familiares y colaboradores por corrupción, paramilitarismo e incluso vínculos con el narcotráfico. Esto inicialmente incrementó su apoyo y le dio cierto perfil “progresista” entre sectores de la población más humilde.

La apuesta de Santos por la negociación y el papel de la izquierda

Con la apertura, en 2012, de un nuevo proceso de negociación con las FARC, Santos buscaba ampliar ese apoyo, imponerse definitivamente a los uribistas y contar con una menor contestación a las medidas antisociales que el capitalismo colombiano necesitaba aplicar. Ello se inscribía también dentro de los planes económicos de un sector de la burguesía colombiana, que busca diversificar sus relaciones comerciales —reduciendo la dependencia de las exportaciones a Estados Unidos y, en menor medida, Venezuela—, e incrementar la explotación de la riqueza minera y la biodiversidad que posee Colombia para entrar con fuerza en los mercados del oro y otros minerales, los biocombustibles y transgénicos, compensando la caída de los precios del café y otros rubros agrarios, y las limitadas reservas petrolíferas del país.

Santos ha criticado la excesiva extensión de territorio dedicada a latifundios o ganadería extensiva (sectores que Uribe representa) o las grandes superficies insuficientemente aprovechadas que podrían abrirse a una explotación capitalista más intensiva (incluidas aquellas donde los guerrilleros ejercen un control político y militar). Este objetivo del acuerdo se lo recordó a los uribistas Shlomo Ben Ami, excanciller israelí y uno de los estrategas burgueses que asesora a Santos: “Colombia se encuentra inmersa en una grave crisis de su modelo de crecimiento económico (…) Según un reciente informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de EEUU, está destinada a ser una de las grandes sorpresas de la economía mundial. Eso no depende de la solución del conflicto armado, pero su fin facilitaría que el despegue histórico del país sea más incluyente socialmente y, por tanto, más potente y sostenible”.6

Las elecciones presidenciales de 2014, planteadas en gran parte como una medición de fuerzas entre Santos y Uribe, con la negociación con las FARC y los efectos de la crisis como puntos estrella, fueron un aviso de lo que ha ocurrido en el plebiscito. En la primera vuelta Santos perdió tres millones de votos, debido fundamentalmente al incremento del desempleo y la inseguridad ciudadana, siendo superado por Zuluaga, el candidato uribista. El descontento social no sólo se expresó por la derecha. El Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda) multiplicó por cinco su apoyo respecto a 2010, alcanzando dos millones de votos (18%). Tal como tuvo que reconocer el propio Santos, su victoria en segunda vuelta se debió a la movilización de votantes de izquierda para salvar el proceso de paz impidiendo la victoria uribista.

Entonces escribíamos: “La alternativa para la clase obrera y los oprimidos no puede ser entre la sartén y las brasas sino construir una alternativa unitaria de izquierdas. (…) El ascenso de las huelgas, el crecimiento del Polo en estas presidenciales, la lucha masiva contra el intento de inhabilitar al alcalde de izquierdas de Bogotá por municipalizar la recogida de basuras, el paro agrario que paralizó el país en 2013 y nuevamente este año, la magnífica lucha victoriosa de los estudiantes en 2012, muestran las posibilidades para una alternativa de izquierdas de masas. La clave es que el PDA y las demás fuerzas de izquierda construyan un frente unitario y unifiquen las movilizaciones y reivindicaciones obreras y populares en un programa común que vincule la lucha por el fin del conflicto armado a esas mismas reivindicaciones y a la necesidad de transformar la sociedad”.7

Lamentablemente esto no ocurrió. Muchos dirigentes de la izquierda apoyaron acríticamente a Santos. La candidata presidencial del PDA, Clara López, aceptó convertirse en su ministra de Trabajo. Otros dirigentes no renunciaron a criticar a Santos y defender sus propuestas en diferentes asuntos, pero dejaron en sus manos la iniciativa política del proceso de paz y los métodos de campaña para ratificar el acuerdo. Esta ausencia de una política de independencia de clase afectó también a los comandantes de las FARC, cuyo papel se vio limitado a convencer a sus bases de aceptar el acuerdo y pedir perdón por los delitos cometidos durante el conflicto. Mientras, los crímenes del Estado y los paramilitares (que han causado la inmensa mayoría de víctimas) quedaban en segundo plano como acciones aisladas y no como una estrategia de la clase dominante. La identificación del sí al acuerdo con Santos favoreció al no. Si en la segunda vuelta de las presidenciales de 2014 Santos tuvo 7.839.342 votos, en el plebiscito —con su popularidad desplomándose— el sí alcanzó 6.377.482.

¿Y ahora qué?

Tras la victoria del no, millones de personas tienen el corazón en un puño, especialmente en las zonas golpeadas por la guerra, en las que, desmontando el intento uribista de presentarse como portavoz de las víctimas, ganó claramente el sí al acuerdo. Según la ley colombiana, el gobierno podría aplicar los puntos fundamentales pactados con las FARC por otras vías. Sin embargo, Santos y los imperialistas han planteado abrir una negociación con el sector de Uribe para modificar el acuerdo. Mientras insisten en que los guerrilleros cumplan su parte, concentrando sus efectivos en las zonas previstas para la entrega de armas, abren la puerta a que la burguesía latifundista y los paramilitares, enemigos furibundos de cualquier concesión a los campesinos, puedan limitar aún más, e incluso eliminar, aspectos políticos clave que las FARC ya rebajó en sus demandas iniciales.

Los dirigentes guerrilleros han llamado a las masas a movilizarse en la calle en defensa del contenido del acuerdo de paz y han declarado que mantendrán el alto el fuego, sin ponerle fecha límite. Santos ha ordenado al ejército prolongar la tregua hasta el 31 de diciembre, sin especificar qué ocurrirá luego. Esta limitación temporal del alto el fuego y la concesión del Nobel de la Paz a Santos por la burguesía mundial pretende reforzar su autoridad y presionar a los uribistas pero, sobre todo, a las FARC para que acepten una posible modificación del acuerdo a la baja. Sin embargo, sigue sin estar nada claro que ese pacto en el seno de la burguesía colombiana se produzca, ni que su contenido resulte aceptable para los guerrilleros.

Dado lo lejos que ha llegado el proceso, la apuesta estratégica de la burguesía colombiana y mundial por una salida negociada y el coste que tendría una ruptura, la posibilidad de que establezcan algún tipo de renegociación a la baja del acuerdo, consensuada con los uribistas o no, está abierta. Pero como acabamos de señalar, esta salida está lejos de ser la única, y no se puede descartar que el acuerdo salte por los aires.

Ya hemos explicado los motivos de Santos para buscar el pacto con las FARC, que no tienen nada que ver con los deseos de paz de los millones que votaron sí, sino con intereses estratégicos de la clase dominante. El apoyo de los imperialistas al acuerdo guarda relación con los planes para explotar más intensivamente los recursos mineros y ecológicos de Colombia que antes citábamos. Pero, además, se inscribe en su estrategia para estabilizar el capitalismo en América Latina, tras dos décadas marcadas por el avance de la revolución bolivariana y el ascenso de la movilización de masas en otros países.

Después de que la derecha recuperase los gobiernos de Argentina y Brasil, del avance de las medidas procapitalistas en Cuba, una Colombia sin conflicto armado, con una clase dominante fortalecida y con una izquierda subordinada, facilita los planes para estrechar el cerco político sobre Venezuela. Un cerco que, aunque obviamente se beneficia de los acontecimientos en Colombia, surge del sabotaje económico de la burguesía contrarrevolucionaria y el papel nefasto que juega la quinta columna burocrática que frena la revolución desde dentro y la desvía del camino socialista planteado por Chávez.

Los motivos de la burguesía uribista para oponerse al acuerdo de paz son iguales o incluso más espurios que los de Santos y los imperialistas para apoyarlo. Pretenden recuperar peso político en la toma de decisiones y en las cuotas de poder dentro del aparato estatal que Santos les ha ido quitando, garantizar la impunidad de varios de sus elementos más destacados (investigados por paramilitarismo y corrupción) y borrar del acuerdo reivindicaciones como la restitución de tierras a los campesinos desplazados, que fueron despojados de ellas por los paramilitares en beneficio de latifundistas y empresas mineras. El acuerdo Gobierno-FARC recoge de forma limitada este último punto, creando un cuerpo de jueces agrarios que dictaminaría sobre la propiedad de siete millones de hectáreas durante los próximos años. Los uribistas quieren eliminar cualquier referencia a ésta y otras reivindicaciones populares porque temen que, aunque hoy el acuerdo no las concrete, o lo haga limitadamente, su simple mención puede estimular la lucha de las masas. Por eso, pese a toda la presión imperialista a favor de un pacto de mínimos Santos-Uribe, no está claro que lo consigan. Un sector del uribismo podría anteponer sus objetivos a corto plazo y estar a favor, pero muchos, viendo el resultado del plebiscito y las perspectivas de agudización de la crisis económica, podrían apostar a dar largas a la negociación confiando en ganar la Presidencia en las elecciones de 2018.

En cualquier caso, la paz está en claro peligro. El principal obstáculo a la misma es, en última instancia, la dominación de la burguesía y la existencia del sistema capitalista, que niega la tierra y un empleo digno a millones de jóvenes, trabajadores y campesinos, condenándolos a sufrir las consecuencias dramáticas de una crisis que, lejos de remitir, puede agravarse en los próximos años.

Por un frente unitario de la izquierda con un programa de clase

Santos incrementó el endeudamiento con organismos internacionales buscando aplazar las medidas de ajuste que reclama la burguesía hasta después de que el acuerdo de paz fuese ratificado. También devaluó el peso, aplazando la recesión a costa de hacerla más dura cuando llegue. La situación económica presenta todos los augurios de un drama por escribir, pero inevitable: “La caída en los precios del petróleo redujo en 12.000 millones de dólares los ingresos de 2015, a los que se sumarían otros 6.000 millones este año, casi el 7% del PIB del país. Los ‘mercados’, actores sagrados en esta nación, advierten sobre un choque inminente; piden ‘severidad’ en el ajuste fiscal y rebajan las perspectivas del país y de sus principales bancos (…) El gerente general del Banco de la República, José Darío Uribe, fue concreto durante un foro sobre la situación económica: ‘La caída del ingreso no puede tratarse como una caída temporal; no podemos seguir gastando como antes y financiándonos con ahorro del exterior con la expectativa que en el futuro vamos a generar nuevos ingresos para pagar esa deuda’ (…) Colombia no escapará a los duros impactos de la crisis petrolera, que ya golpea a sus vecinos Venezuela y Ecuador: ‘Colombia no será la excepción, es cuestión de tiempo’, anticipa”.8

Este contexto, al que se une la polarización política que evidenció el plebiscito, prepara una agudización de la lucha de clases. La respuesta de la oligarquía, como siempre, combinará intentos de engaño, cooptación de dirigentes para desmoralizar a las masas, represión y violencia. Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado el incremento de asesinatos de luchadores populares y activistas por los derechos humanos a manos de las llamadas bandas criminales (Bacrim), resultado de la reorganización de los paramilitares9. Tras la firma en 2006 de un acuerdo-farsa entre Uribe y los paramilitares, se anunció su desmovilización, pero la realidad es que, dispersos en grupos más pequeños para hacerlos más controlables por la burguesía, siguen existiendo.

Diferentes colectivos obreros, campesinos y estudiantiles, al tiempo que saludaban el proceso de paz y se comprometían a defenderlo del sabotaje uribista, han insistido correctamente en que el acuerdo no debe significar ningún aplazamiento, moderación o renuncia del movimiento obrero, campesino y estudiantil a luchar por sus reivindicaciones. Los trabajadores y el pueblo de Colombia hoy más que nunca no deben tener ni un gramo de confianza en sector alguno de la burguesía. La tarea es organizar y unificar la movilización de masas por la paz y vincular ésta a la lucha contra el ajuste que preparan los capitalistas, levantando un frente único de la izquierda con un programa que recoja todas las reivindicaciones obreras y populares, que una a los oprimidos en la lucha por el socialismo, y derrote a ambos sectores de la clase dominante.

Notas