Venezuela, en el escenario de crisis política, social y económica que vive, se acerca a un punto de quiebre. La Revolución Bolivariana, si bien había dado pasos importantes para mejorar la vida de los trabajadores y el pueblo, enmarcó sus políticas sociales en una espiral de reformas. Como explicaba Karl Marx: “Todo sistema de reformas dentro del capitalismo termina donde este comienza”.
Las políticas asistencialistas, como las misiones de educación, salud y alimentación, fueron sostenidas a costa del boom de los precios del petróleo, pero ahora se han desplomado, porque no significaron un cambio en las relaciones de producción ni en la relación de los trabajadores con el estado, que ha mantenido y en el último período incluso ha reforzado su carácter burgués. El mantener las relaciones de producción capitalistas, pretendiendo controlar la economía del mercado, a través del sector financiero especulativo y sin profundizar en cambios fundamentales del Estado –a pesar de denunciar una guerra económica– lo que ha hecho es permitir que la situación llegue a unos extremos de colapso nunca vistos en el país.
El descontento y la desilusión de las masas no se pueden ocultar en este último periodo. Aumentan los factores de descomposición social; la violencia y frustración del pueblo al no tener acceso a los alimentos y medicinas; la hiperinflación, que según cifras extraoficiales ronda el 2.616 %; el salario que se vuelve nada y los altos precios de los productos básicos, son la realidad del venezolano de a pie, que cada día pierde más la esperanza, sumergido en un mar de contradicciones políticas.
Durante los últimos años, aunque había un ambiente de crítica creciente hacia el giro a la derecha del gobierno tras la muerte de Chávez, una gran mayoría de trabajadores y sectores populares, empezando por los sectores más conscientes y avanzados, cerraba filas en torno al PSUV para evitar una victoria de la derecha. Pero la derechización y burocratización del PSUV ha ido tan lejos (maniobras y amenazas contra cualquier candidatura o corriente crítica que exprese el punto de vista de las bases, alianza con sectores de la burguesía nacional e internacional, desmantelamiento de conquistas alcanzadas por la propia lucha de la clase obrera y el pueblo bajo los gobiernos de Chávez) que hoy centenares de miles de jóvenes, trabajadores y luchadores sociales ya no creen en esta opción. Sienten que votar lo que dice la burocracia, y lo que algunos sectores de la izquierda presentan como el “mal menor”, no representa ninguna alternativa. Tanto con la derecha como con la burocracia la perspectiva es una catástrofe social.
La carestía de la vida como factor determinante
Para enero de 2017, el salario mínimo comenzaba en 40.638,15 bolívares, con lo cual un trabajador común asalariado podía obtener más del 50% de los productos de la canasta básica y cubrir gastos como educación, salud y transporte. Para marzo, de 2018 el salario mínimo + cesta tickets se convirtió en el salario integral que se ubica en 1.307.646,00 bolívares, representando un incremento de un 3000 % en solo un año. Mientras tanto, la canasta básica se elevó en estos últimos meses a 25 millones de bolívares, lo que significa que un trabajador común necesitaría por lo menos 31 salarios mínimos integrales, para cubrir solo las necesidades básicas de alimentación. Es una cuestión abismal, que pareciera no tener control. A esto hay que sumarle que solo el 29 % de este salario integral es sueldo real –es decir, salario que se contabiliza para vacaciones y prestaciones sociales–, el resto es bonificación sin incidencia en la antigüedad del trabajador.
Este escenario sin duda tiene un efecto determinante en la capacidad y necesidad del trabajador común y el pueblo, porque no sólo es el acaparamiento y la falta de los productos básicos para alimentarse, sino la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas individuales y la de mantener a su familia. Por ejemplo, en la zona industrial del Estado Aragua, los trabajadores de la empresa de amortiguadores Gabriel, por medio del contrato colectivo, tenían acceso al servicio de comedor de la empresa, lo que beneficiaba a 10 mil obreros, quienes por lo menos paleaban en gran medida el tema de la alimentación diaria. Se sabe incluso de casos en los que algunos obreros dejaban de comer para llevárselos a sus hijos. Pero, hace un mes que la empresa cerró sus puertas por falta de materia prima, y la mayoría de los trabajadores fueron enviados a sus casas, sin salario y sin la posibilidad de recibir este beneficio.
Esta problemática se ha presentado en muchas empresas, lo cual causó después de mucho tiempo movilizaciones unitarias en la ciudad de Valencia, donde participaron más de 3.000 trabajadores, con la representación de 60 sindicatos de empresas, el pasado 20 de febrero. Dicha manifestación fue reprimida por la Guardia Nacional y la Policía de Carabobo, sin tomar en cuenta que quienes participaban de ella sólo pedían mejores condiciones de trabajo para solventar la difícil situación por la que atraviesan.
Así como este ejemplo, el poco aparato industrial que existía en este eje de los estados Aragua y Carabobo se ha ido acabando por el cierre de las industrias o por el quiebre de las mismas. Peor aún, en la última semana de enero salía publicado en un titular del diario Últimas Noticias que habían sido procesados por tribunales militares 10 sargentos por la presunta comisión del delito de agavillamiento (rebelión). Sin embargo, la verdad es que estos militares estaban protestando en su comando de adscripción porque desde hacía 15 días no les llegaba la comida, y muchos soldados que estaban prestando el servicio militar eran enviados a casa de sus familias a comer para luego regresar a sus labores militares. Ante esta situación, se descubrió que algunos integrantes de la tropa solicitan vacaciones para irse del país y luego envían desde el exterior su baja militar. Esto es parte del reflejo de la crisis, que incluso está tocando al aparato represivo del propio Estado.
El factor social de la producción, el hombre y mujer trabajadores, ha tenido que salir de lo que se llama un empleo fijo, por la pérdida de este (cierre de fábrica o perdida de puesto de trabajo), o bien porque el salario ni siquiera le alcanza para costear mínimamente los gastos de transporte, alimentación, entre otros. Se estima, según cifras extraoficiales, que el desempleo ronda el 30 % de la población económicamente activa, es decir, venezolanos y venezolanas que abandonan sus empleos porque no cumplen sus necesidades. Muchos son despedidos por robar artículos para cubrir una emergencia familiar, arriesgando su antigüedad.
Emigración obligatoria o impuesta
Este 20 de febrero pasado, se celebró el Día Mundial de la Justicia Social, día en el que la OIT y la ONU recuerdan la migración en el mundo como factor en el campo laboral. Según cifras de la OIT, hasta 2017 en el mundo hubo 150 millones de trabajadores migrantes, de los cuales 44% son mujeres en la búsqueda de oportunidad laborales decorosas.
En Venezuela, producto de la crisis económica y política, desde el año 2016 hasta diciembre de 2017, han migrado una gran cantidad de personas. Algunas cifras extraoficiales hablan de hasta 2 millones de personas, lo que representaría un 6 % de la población. El flujo migratorio pasó de ser de un país de inmigrantes a uno de migrantes, invirtiendo el contexto de lo ocurrido en los años 60 y 70, cuando una gran cantidad de personas provenientes de países como Colombia, Ecuador, Perú, entre otros, vinieron a Venezuela escapando de la crisis del sistema, de gobiernos reformistas y pro capitalistas, aprovechando el ciclo de subida en el precio y producción para ese momento del petróleo. Recordemos que tenemos una de las colonias más grandes de colombianos del mundo, la cual sobrepasa los 6 millones de personas.
Durante los años de ascenso revolucionario el gobierno de Chávez llevó a cabo la regularización y dignificación de centenares de miles de estos inmigrantes que bajo la IV República llegaron a Venezuela atraídos por el boom petrolero pero a los que nunca se habían reconocido sus derechos en pie de igualdad. Ahora bien, debido a la situación actual y a las políticas capitalistas que está aplicando el gobierno frente a la crisis económica, centenares de miles de venezolanos, nacidos aquí o no, han decidido emigrar a otras latitudes. Por ejemplo, a Colombia se han ido, supuestamente, 550.000 personas, a Perú, 100.000 y a Curazao, otras 10.000.
Este tipo de migración, como lo señala la ONU, se da cuando no existen condiciones ni garantías para la vida mínima en los países de origen, es decir, estados que han entrado en guerras internas o externas, o sencillamente en países con fuertes crisis económicas o políticas no convenientes para las personas, quienes determinan que es necesario un cambio de país o estado para satisfacer sus necesidades de supervivencia. Por ejemplo, según este organismo, en 2017, se desplazaron de Siria a Jordania 550.000 sirios por el tema de la guerra. Esta la misma cantidad aproximada de venezolanos que han emigrado solamente a Colombia.
Este tipo de migración sin duda crea una crisis en la región porque la mayoría de los países en Latinoamérica tienen economías dependientes de las grandes potencias y por ende de las materias primas que estas producen, lo que se convierte en una alternativa a mediano, pero no a largo plazo para quienes emigran. Por otro lado está el carácter reaccionario de la burguesía de estos países que no están dispuestos a perder sus privilegios o a poner en riesgo sus negocios en la región, de allí los casos de xenofobia, como el ataque ocurrido el pasado 23 de enero con bombas incendiarias a un polideportivo donde se encontraban alojados 900 venezolanos en la ciudad de Cúcuta (Colombia).
El imperialismo norteamericano y sus aliados aumentan la presión contra Venezuela
El capitalismo a nivel mundial sigue en su crisis sistémica. Cada día la burguesía a nivel global trata de ampliar su capacidad de control sobre la gran mayoría de los trabajadores y a su vez lucha por auto salvarse y no ser tocados por la crisis del sistema. Venezuela no escapa a este panorama. La batalla por ganar nuevos territorios y mercados de los grandes capitalistas a nivel mundial (Rusia y China), tocando zonas en Latinoamericana, que eran considerado por la oligarquía norteamericana como su patio trasero, está generando reacciones más directas de recuperación y control por el imperio de los EE. UU., como las ejecutadas en Brasil y Argentina, y que ahora parece estar decidido concretar en Venezuela de una vez por todas a como dé lugar.
El imperialismo de EE. UU. a nivel internacional mueve sus tentáculos. Un reflejo de ello ha sido la gira por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, del Secretario de Estado, Rex Tillerson, ex director de ExxonMobil, planteando discutir aspectos militares y petroleros, una política bien clara que fue expresada por Donal Trump como prioridad de su gobierno para este año 2018, con el propósito de mantener el poder geopolítico mundial. Su secretario demostró que en Latinoamérica un objetivo es Venezuela y ya se observa la profundización de tácticas, entre las que se pueden mencionar las siguientes: declarar en default al gobierno, los movimientos de embargo sobre Citgo, el rechazo a las elecciones presidenciales por gobiernos del continente –incluso también la Unión Europea–, aumento de sanciones, como la posible suspensión de compra de petróleo, suspensión de exportaciones de supuestos gobiernos aliados o la oferta de petróleo de EEUU a países del Caribe. Todo esto se encamina a ir cercando al gobierno de Nicolás Maduro para derrocarlo. Hay que aclarar que EEUU ha manipulado mediáticamente el tema de las sanciones, haciendo ver que no son contra el pueblo, sino contra los representantes corruptos del gobierno, pero realmente hacen un cerco para la obtención de bienes y servicios (alimentos y medicinas) prioritarios para la población, con el fin de justificar la “ayuda humanitaria” y una posible intervención militar y sobre todo, para desestabilizar más el país .
La presión del imperialismo norteamericano contra Venezuela tiene dos objetivos. Por un lado, enterrar definitivamente la memoria de la revolución venezolana, comprometiendo así la idea del socialismo ante la mente de las masas en toda Latinoamérica y el mundo. Por otro lado, derrocar a la burocracia, que ha hecho de la alianza estratégica con China y Rusia un pilar de su política. En la lucha por los mercados mundiales y de influencia, Venezuela se sitúa al lado de los competidores directos del imperialismo norteamericano, situación que EE. UU. no puede aceptar en lo que ha considerado siempre su patio trasero.
Esta escalada de EEUU es aprovechada por la burocracia, que agita a la población con la idea de la intervención militar norteamericana y con ello , apelando al miedo, trata de aglutinar a un sector de las masas en torno a sí misma.
La burocracia y derecha se enfrentan, manipulan y maniobran para resguardar sus intereses
El agravamiento de la crisis económica no ha hecho sino fortalecer al aparato burocrático que se niega a perder los privilegios alcanzados, y sigue valiéndose de la miseria y necesidad del pueblo para hacer grandes negocios que solo beneficia a un grupo. La aplicación de mecanismos de control en temas como las importaciones, la distribución de alimentos, entre otros, raya en lo absurdo, pues no se cumple, sino que la han convertido en una forma de controlar a las masas que cada día tienen más necesidades
El ascenso y afianzamiento de la burocracia se puede observar con claridad en el escándalo de corrupción en PDVSA, donde no sólo se hace ver que un grupo de gerentes se enriqueció a costa de la industria, por medio del cobro de comisiones, sobreprecios en contratos y operaciones que beneficiaron a dirigentes de alcaldías y gobernaciones. El propio Estado ahora denuncia a los involucrados en este desfalco, pero inmediatamente los cargos se ven remplazados por otro sector de la burocracia sin ningún tipo de cambio real en el sistema. Esta misma situación se ha extendido a otras empresas públicas (CADIVI, Lácteos los Andes, Cemex, RABSA, Metro de Caracas, entre otras.)
En República Dominicana, el gobierno y la oposición de derecha se sentaron supuestamente para buscarle salida a la situación de crisis política, económica y social. Sin embargo, la realidad ha demostrado que había otras negociaciones. El gobierno venezolano, como los dirigentes del PSUV, a pesar de toda su retórica sobre el socialismo y el legado de Chávez, no tienen ninguna intención de aplicar medidas que mejoren las condiciones de vida del pueblo, enfrentándose a la burguesía y están dispuestos a aceptar –lo que en la práctica ya hacen– todas las medidas que están exigiendo los empresarios venezolanos y extranjeros, como la Ley de Garantía de Inversión Extranjera, la Ley de Explotación del Arco Minero, la agresión a los obreros que luchan por sus reivindicaciones en empresas tomadas, nacionalizadas o recuperadas, etc. Las reuniones de ninguna manera fueron para solucionar los problemas básicos de los más necesitados, sino para intentar llevar a cabo un nuevo pacto de gobernabilidad como el firmado después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, entre adecos y copeyanos, y que llevó al establecimiento de la Cuarta República puntofijista.
La división de factores entre la oposición muestra la relación con sectores de la burocracia y otros que están siendo perjudicados por su vieja vinculación con el Estado, y que ahora son perseguidos por el gobierno. Esta situación los ha dejado desvelados antes sus bases, lo que ha hecho que pierdan su autoridad frente a ellas. Más aún después de las nefastas acciones violentas de 2017, con las cuales pretendieron derrotar el gobierno. Este escenario llevó a la oposición a perder el manejo de la mayoría de las alcaldías y las gobernaciones que habían ganado en elecciones anteriores. Incluso, sus errores políticos hicieron que la Asamblea Nacional, obtenida en el año 2015, perdiera el apoyo con el que contó como bastión de las aspiraciones de sus bases. En estas condiciones, es remota la posibilidad de que la derecha pueda ganar las elecciones.
Elecciones Presidenciales del 20 de mayo
Aprovechando la debilidad temporal de la oposición, la Asamblea Nacional Constituyente convocó elecciones presidenciales para el 22 de abril. Dicha convocatoria luego fue cambiada para el 20 de mayo, al llegar a un acuerdo con una tendencia dentro de la oposición que está ganada a participar, en una nueva maniobra por parte de la burocracia para afianzar su posición. Con la MUD dividida, cuyo sector más amplio se niega a participar en las elecciones, convencido de que la salida sea de otra forma, y otro sector inscrito, encabezado por Henri Falcón, la burocracia pretende renovar la victoria electoral de 2013.
Desde el punto de vista de la clase trabajadora, una nueva victoria del PSUV no va a significar una mejora en las condiciones de vida de nuestra clase, ni ningún tipo de avance hacia el socialismo, sino más bien todo lo contrario: una profundización en el giro a la derecha de la burocracia y del gobierno de Maduro. Si bien en su fundación, en marzo de 2007, el PSUV tuvo el potencial de convertirse en el partido que reflejara los intereses de los pobres y los trabajadores, pero el proceso contrarrevolucionario que lleva a cabo la propia burocracia, enriqueciéndose a costa de los trabajadores, lo ha transformado en un mero apéndice de ese aparato, y del clientelismo político que lo sostiene.
Desde Izquierda Revolucionaria, apoyamos en su momento el surgimiento del PSUV, señalando los peligros que se cernían si el gobierno bolivariano no llevaba a cabo una auténtica revolución socialista y construía un partido que representara los intereses de los trabajadores.
En estas elecciones presidenciales, ninguno de los candidatos supone una opción para la clase trabajadora, la cual tiene que elegir entre “la sartén y el fuego”. La tarea para los trabajadores va más lejos de estas elecciones y tiene carácter estratégico: construir una auténtica izquierda revolucionaria, que aglutine a la clase trabajadora venezolana y se prepare para futuras luchas; que reivindique las auténticas ideas del socialismo frente al intento de la burocracia de pervertirlas y valerse de una fachada y fraseología pseudosocialista –como se puso de manifiesto en la celebración por parte del gobierno del aniversario en 2017 del centenario de la revolución rusa–, con el propósito de echar arena a los ojos de las bases revolucionarias, tergiversar y utilizar la fraseología revolucionaria para engañar al pueblo, ganar tiempo y utilizar el sano sentimiento antiimperialista y anticapitalista de las masas trabajadoras para sus fines burocráticos.
El rumbo de la burocracia hacia la derecha prepara, inevitablemente, más tarde o más temprano el retorno al poder de la burguesía, pura y dura, proimperialista norteamericana, pues con cada actuación suya desmoraliza y confunde más a los trabajadores y al pueblo, y socaba el apoyo de masas que en su momento tuvo Chávez.
Naturalmente, la MUD y todas sus variantes contrarrevolucionarias son la opción burguesa, cuartorepublicana y pro norteamericana; los que llevan a cabo el sabotaje económico y la huelga de inversiones; los que botan a los obreros con la anuencia de las inspectorías de trabajo, etc. Aunque una expresión de la degeneración y giro a la derecha de la burocracia del estado y del PSUV que ya hemos comentado es que muchas de esas prácticas que durante años han llevado a cabo los empresarios son hoy aplicadas también por ministros, gobernadores bolivarianos y funcionarios del estado, como vimos con los despidos en la Red de Abastos Bicentenario (RABSA), en el Ministerio de Alimentación, el Banco Industrial de Venezuela y otras muchas instituciones y empresas públicas
Ante esta falta de alternativa para la clase trabajadora, es necesaria la unidad de las organizaciones de izquierda verdaderamente revolucionarias para poder enfrentar la situación. Esta unidad debe tener como objetivo la toma del poder para destruir el Estado actual, el cual sigue siendo burgués y controlado por los burócratas y capitalistas, y que cada día crea una brecha más grande entre ricos y pobres. De esta manera, se podrá levantar en su lugar un verdadero estado revolucionario bajo la administración directa de los propios trabajadores y el pueblo.
Por la construcción de una Alternativa de Izquierda Revolucionaria que luche contra los capitalistas y contra la burocracia
¡Todo el poder político y económico debe pasar a manos de los trabajadores y el pueblo!
La situación es grave y el aumento de las protestas puede llevar - aunque Maduro y el PSUV ganen las elecciones -, a una revuelta popular, que si se encuentra sin una dirección revolucionaria consciente, podría generar que el poder caiga en manos del sector de extrema derecha o de sectores de la oficialidad del ejército que, aunque pudiesen utilizar un discurso bolivariano en un primer momento, solo acelerarían e intensificarían estas tendencias capitalistas, represivas y burocráticas que ya se están dando. En ambos casos sería una pesadilla para los trabajadores y el pueblo
La tarea más importante e inmediata para todos los revolucionarios, activistas obreros y populares y luchadores sociales es construir esta alternativa de Izquierda Revolucionaria para lograr que todo el poder político y económico pase a manos de los trabajadores y el pueblo bajo una propuesta de programa como el siguiente:
- 1. Administración y control obrero de la producción en todas las empresas públicas y privadas, para luchar por lograr la congelación de precios, soberanía alimentaria, y satisfacer todas las necesidades del pueblo contra el sabotaje capitalista y de burócratas corruptos colocados a dedos.
- 2. Aumentos salariales por encima de la inflación. Discusión y aplicación de las convenciones colectivas de trabajadores. Incorporación de todos los tercerizados a nómina fija, comenzando como ejemplo las instituciones del Estado (maestros, empleados, obreros, etc.). Reenganche inmediato de todos los trabajadores luchadores revolucionarios despedidos por los empresarios y burócratas. Seguro de desempleo para los trabajadores desocupados.
- 3. Confiscación y socialización de las empresas cerradas, infrautilizadas, latifundios baldíos, con la convocatoria de los trabajadores, campesinos y estudiantes para su toma y ocupación inmediata, desarrollando la autogestión libre y democrática de todas las empresas que saboteen la economía o ataquen a los trabajadores y al proceso revolucionario.
- 4. Creación de una empresa pública nacional que asuma el monopolio del comercio exterior (compra directa de materia prima y necesidades de las empresas). Administración bajo control de los trabajadores, campesino, estudiantes junto a las comunidades para luchar contra la especulación, la inflación, corrupción y garantizar la plena soberanía alimentaria.
- 5. Socialización bajo control inmediato de los trabajadores de la banca, la tierra y la industria para planificar democráticamente el conjunto de la economía en beneficio del pueblo pobre y poder satisfacer las necesidades sociales.
- 6. Creación de un Sistema de Salud Nacional Público, universal y gratuito, que garantice una atención de calidad. Confiscación de las clínicas privadas, para ponerlas bajo control obrero, de los estudiantes y las comunas organizadas para garantizar el servicio a todos los trabajadores venezolanos y el pueblo pobre sin ningún tipo de distinción.
- 7. Creación de una Empresa Nacional para la Construcción de Infraestructuras, Viviendas, Universidades, etc., dirigida bajo control obrero, de los estudiantes y las comunas, el cual acometa un plan anual de creación de 500.000 viviendas que permita terminar en tres años con el déficit habitacional y todas las ciudades universitarias.
- 8. ¡¡No más pagos de la deuda externa!! Los imperios bajo sus condiciones imponen, por medio de grandes bancos y organismos financieros, sanciones que someten a los pueblos a pagar con la miseria su acumulación de riqueza.
- 9. Creación de un Estado Socialista dirigido por Consejos de Trabajadores, Consejos Campesinos, Consejos de Estudiantes, de Estructura Local, Regional, Nacional con Voceros y Voceras en cada nivel de la estructura de elegibilidad y revocabilidad en cualquier momento por asambleas de trabajadores o la comunidad de su sector, los cuales deben responder ante el pueblo sobre su gestión administrativa cada seis (6) meses, y tendrán un salario como máximo igual al de un trabajador calificado, para acabar de una vez con el burocratismo corrupto.
¡¡Por la construcción de una auténtica izquierda revolucionaria!!
¡¡Ni la burocracia ni la burguesía!!
¡¡Todo el poder a la clase trabajadora!!
