La clase trabajadora británica está protagonizando un levantamiento huelguístico y social. Años de precariedad y salarios de miseria, de recortes y privatizaciones de los servicios públicos, de degradación y abandono de ciudades y barrios obreros, de aventuras imperialistas, como en Iraq o ahora en Ucrania, que terminan pagando en vidas y en recortes las familias trabajadoras, han generado un profundo descontento que se está convirtiendo en una rebelión social generalizada.
Crisis y decadencia del capitalismo británico
Reino Unido se enfrenta a una crisis económica, social y ecológica sin precedentes. Olas de calor que han paralizado la economía y causado miles de muertes; una sequía sin precedentes que se prevé continúe hasta octubre; una inflación que ya ha alcanzado el 10,1%, y que podría llegar hasta al 22% en 2023, condenando a la miseria a miles de familias obreras que tendrán que elegir entre comer o calentarse; unos servicios públicos, especialmente el NHS[1], al borde del colapso, y una gravísima recesión en el horizonte.
Y todo en medio del caos en los medios políticos de la clase dominante tras la caída de Boris Johnson, cuyo furibundo nacionalismo no ha sido capaz de esconder el completo fracaso del Brexit y la profunda e irreversible decadencia de la que fue una de las principales potencias imperialistas del planeta. Una situación que supone un duro golpe también para el imperialismo norteamericano, que ve como a su principal aliado en la guerra de Ucrania le crecen los problemas con consecuencias cada vez más imprevisibles.
Una crisis que de nuevo, como en 2008, supone sangre, sudor y lágrimas para las y los trabajadores británicos pero beneficios estratosféricos para la City de Londres, los bancos y los grandes monopolios capitalistas. Solo los directivos de las 100 mayores empresas británicas que cotizan en la Bolsa de Londres han visto incrementados sus ingresos en 2021 ¡¡en un 39%!! Desde el Gobierno conservador se afirma que no hay recursos para el NHS y otros servicios públicos, pero al mismo tiempo se destinan miles de millones de euros para la guerra de Ucrania llenando los bolsillos de la industria militar.
Una oleadas de huelgas que amenaza con convertirse en una rebelión social
En este contexto, la clase obrera británica ha dicho “enough is enough” (¡ya basta!), extendiéndose los conflictos obreros y las huelgas, legales e ilegales, a lo largo y ancho de todo el país. La negativa de la patronal a ofrecer subidas salariales acordes con la inflación, ofreciendo incrementos ridículos del 4,5 o 6% en el mejor de los casos, que suponen un empobrecimiento salvaje, está desatando la ira de la clase trabajadora. Una situación que no es nueva. Según el sindicato United, en los últimos 12 años 1,3 millones de trabajadores han visto reducidos sus salarios en términos reales en hasta un 25%.
En este mes de agosto, de nuevo, las y los trabajadores de los ferrocarriles británicos, liderados por el sindicato RMT, han vuelto a paralizar el país con una huelga de 3 días que se ha extendido al Metro de Londres, y a la que también se han sumado los trabajadores de los autobuses de esta ciudad. Una huelga que ha paralizado Reino Unido y ha provocado una campaña de calumnias y criminalización por parte de los Tories y los medios de comunicación del gran capital.
La favorita en las primarias del Partido Conservador, Liz Truss, una reaccionaria que intenta emular a Thatcher, no ha dudado en acusar a los trabajadores británicos de vagos, cuestionando abiertamente su derecho de huelga, y amenazando con endurecer aún más la legislación antisindical elevando del 40 al 50% el margen de aprobación para poder convocar legalmente una huelga y permitiendo que se puedan contratar esquiroles. Es decir, suprimir en la práctica el derecho de huelga, volviendo, tal y como ha señalado el secretario general del RMT, Mick Lynch, a la “época victoriana”.
Pero todas estas amenazas están cayendo en saco roto. Cada vez más sectores aprueban mayoritariamente convocatorias de huelga para las próximas semanas en lo que está siendo en la práctica un movimiento generalizado hacia la huelga general desde abajo: los estibadores del puerto de Felixstowe, por el que salen y entran un tercio de las mercancías al Reino Unido, a los que ahora se podrían sumar los del puerto de Liverpool; los 115.000 trabajadores del Royal Mail (Correos), universidades, bomberos, trabajadores de los servicios de recogidas de basura y otros servicios municipales; enfermeras y profesorado, e incluso los abogados, que irán a la huelga indefinida, y los periodistas. El secretario general del sindicato ferroviario RMT ha planteado, tras los últimos paros, que si no se atiende a sus reivindicaciones podrían ir a una huelga indefinida.
Una oleada huelguística se está contagiando a sectores desorganizados sindicalmente, como los trabajadores de Amazon, o a empresas donde los sindicatos firmaron acuerdos salariales ridículos, del 2 o 2,5%, y las plantillas desbordan a las direcciones sindicales. Huelgas espontaneas, “salvajes”, según los medios de propaganda burgueses, que desafían sin contemplaciones la legislación antisindical aprobada en su día por Margaret Thatcher.
Una situación a la que se suma el temor de millones de familias británicas por no poder calentarse este invierno ante la subida desaforada de los precios de la energía, del 110% en el caso de los combustibles líquidos, del 95% en el caso del gas y del 54% en el caso de la electricidad, o a no poder comer. Se espera que para del mes de enero dos tercios de las familias británicas, 45 millones, caigan en la pobreza energética, y los bancos de alimentos ya han advertido que si no reciben más alimentos tendrán que reducir las raciones o directamente rechazarlas en el 70% de los casos[2]. Una situación que ha llevado a diferentes colectivos a impulsar una campaña de desobediencia civil para no pagar las facturas energéticas, inspirada en la campaña contra el Poll Tax[3] que acabo con Thatcher.
Keir Starmer y la dirección laborista contra los trabajadores
Los tories, descabezados, se encuentran sumidos en una profunda crisis, quizás la mayor de su historia. Una crisis que habría tumbado ya al Gobierno en funciones forzando nuevas elecciones, si no fuera por la política de colaboración de clases y paz social de la dirección del Partido Laborista y su actual líder, Keir Starmer, y de la burocracia sindical del TUC.
Keir Starmer se está oponiendo públicamente a las huelgas, prohibiendo a los dirigentes y militantes del partido participar en los piquetes: “El Partido Laborista en la oposición debe ser el Partido Laborista en el poder… Y un Gobierno no participa en piquetes, un Gobierno trata de resolver los conflictos”. Toda una declaración de intenciones por si ganan las elecciones el día de mañana: Si gobernamos, lo haremos para la patronal y los capitalistas.
A pesar de todo, cargos públicos, como el actual alcalde del Gran Manchester[4] Andy Burnham, diputados y militantes laboristas se han rebelado contra esta posición abiertamente propatronal y esquirola, fruto de la enorme presión de la lucha de clases. Incluso uno de los principales portavoces del equipo de Starmer, Sam Tarry, responsable de transportes del Partido Laborista, ha sido cesado porque acudió a un piquete del RMT en Londres en la huelga de junio.
Una nueva confirmación, tras la caza de brujas contra Corbyn que acabó con su expulsión del partido, de la imposibilidad de conciliar los intereses de la clase trabajadora con una dirección laborista completamente entregada a la gestión de los intereses de los capitalistas británicos. ¡O con la clase obrera o con la patronal!
La posición de Starmer está abriendo un serio conflicto con los sindicatos, y especialmente con aquellos aún afiliados al Partido laborista. La propia secretaria general del sindicato United, el segundo mayor de Gran Bretaña y el que más financiación aporta al Partido Laborista, ha amenazado con abandonar el Partido Laborista ya que se está volviendo “irrelevante para los trabajadores” y bajo la dirección de Keir Starmer se dedica “a meter los dedos en el ojo” a los trabajadores cuando deciden ir a la huelga.
Por otro lado, Starmer y la actual dirección laborista, como buenos lugartenientes del gran capital en el movimiento obrero, han eliminado del programa cualquier referencia a las nacionalizaciones, que reintrodujo Corbyn, cuando más del 65% de la población apoya la nacionalización de las empresas energéticas, de agua[5], de transporte o correos[6].
Las condiciones están maduras para que el TUC convoque huelga general
A pesar de los ataques del Partido Conservador y de la actual dirección laborista, y de la campaña de calumnias de los medios de comunicación burgueses, los trabajadores en lucha están demostrando una fuerza extraordinaria, y cuentan además con la simpatía de la mayoría de la población que padece en carnes propias el empobrecimiento imparable.
En vez de escribir cartas de súplica como hicieron en julio a la patronal y al Gobierno tory para que se avengan a negociar, o lanzar campañas impotentes para pedir un salario mínimo de 15 libras al tiempo que por la vía de los hechos rechazan generalizar las huelgas, la dirección del TUC y de los principales sindicatos en su seno deben convocar ya una huelga general. Millones en las calles paralizando la economía y la actividad del país sería un golpe demoledor contra la patronal y acabaría definitivamente con un Gobierno conservador moribundo.
La presión es tal que el debate sobre la huelga general se ha convertido en una realidad saltando incluso a los medios de comunicación. El sindicato United ya ha planteado que presentará una resolución en la Conferencia del TUC de este 11 de septiembre exigiendo “facilitar y fomentar la coordinación industrial entre sindicatos para que los trabajadores en conflicto puedan… ganar”. El secretario general del sindicato ferroviario, RMT, sector que se ha convertido en la punta de lanza y referencia de esta creciente oleada huelguística, también lo ha planteado, pero solo en el caso de que los tories lleven a la práctica sus amenazas contra el derecho de huelga y señalando que corresponde decidir al TUC.
Los sindicatos combativos, como el RMT, la izquierda laborista, Corbyn y Momentum, y la nueva plataforma “Enough is enough” impulsada por los mismos, que se presentó en Londres en un acto multitudinario y que ya ha recogido la adhesión de medio millón de personas, así como todas las organizaciones que se reivindican marxistas y revolucionarias, deben impulsar ya una campaña militante para exigir al TUC la convocatoria inmediata de una huelga general.
Una huelga general que unifique los conflictos que día tras día se extienden y multiplican, que se construya desde abajo conformando comités de huelga en todos los sectores y centros de trabajo, que confluya con los movimientos de desobediencia civil que ya se están organizando, y que se dote de un programa revolucionario, socialista, que plantee las expropiación de la banca y los grandes monopolios británicos para dedicar eso recursos a garantizar salarios dignos, vivienda, sanidad y educación públicas, y que nadie tenga que elegir entre comer y calentarse.
Hay que pasar de las palabras a los hechos y a la acción, y aprender de los errores que se cometieron durante la experiencia Corbyn, confiándolo todo a la vía institucional y parlamentaria, y renunciando a la batalla militante en las calles y en el seno de los sindicatos y del TUC.
Hay fuerza para tumbar al Partido Conservador y para expulsar de los sindicatos a todos aquellos dirigentes corrompidos que han renunciado a defender a la clase trabajadora y a los oprimidos. Pero para ello hay que construir una izquierda revolucionaria de masas, marxista e internacionalista, que defienda el programa del socialismo.
La clase obrera británica no está sola, cuenta con la simpatía, la solidaridad y el apoyo del resto de la clase obrera europea, que enfrenta una situación igual de catastrófica. No es posible un capitalismo de rostro humano. ¡Hay que levantar la bandera del socialismo internacionalista y revolucionario! ¡Es el único camino!
[1] Sistema nacional de Salud
[2] Food banks warn surge in demand will prevent feeding hungriest this winter
[3] El Community Charge –literalmente «impuesto a la comunidad»– también conocido como poll tax, fue un impuesto que obligaba al pago de un importe igual a cada ciudadano con independencia de su renta o cualquier otra circunstancia personal o social, afectando especialmente a la clase trabajadora y los sectores más empobrecidos. Desde Militant impulsaron una campaña de desobediencia civil para no pagarlo a la que se sumaron millones de personas, que no pagaron. Finalmente la campaña de desobediencia civil y cientos de manifestaciones masivas y combativas llevaron a la retirada de la Poll Tax y a la caída de Margaret Thatcher.
[4] Se trata de la ciudad de Manchester y su área metropolitana, con una población cercana a los 3 millones.
[5] En el caso del agua, por ejemplo, privatizada por Thatcher en 1989, a la gravedad de la sequía se ha sumado unas infraestructuras obsoletas, fruto de la nula inversión por parte de las empresas concesionarias, que supone que se pierda una quinta parte del agua fruto de fugas y roturas, y que no se hayan construido nuevos embalses desde hace décadas. Y lo mismo podríamos decir respecto a los ferrocarriles, privatizados por Thatcher y su sucesor John Major. Privatizaciones nunca revertidas por el Partido Laborista bajo Tony Blair y Gordon Brown.
[6] New poll: Public strongly backing public ownership of energy and key utilities
