¡Hay que tomar las calles y levantar una izquierda de combate!
A menos de un año y medio desde la caída del Gobierno del PS por sospechas de corrupción sobre António Costa, y menos de un año desde la constitución del Gobierno de derechas de Alianza Democrática, se ha abierto una nueva crisis política debido a un caso de corrupción que afecta al primer ministro Luís Montenegro.
El cambio en la ley del suelo, que abre nuevos terrenos para la construcción y la especulación inmobiliaria, ha llevado a que se examinen los vínculos de diputados y miembros del Gobierno con empresas inmobiliarias por posibles conflictos de intereses. La prensa destapó el 15 de febrero que la empresa Spinumviva, creada en 2021 y registrada como agencia inmobiliaria, pertenece a la familia Montenegro. Si en la primera fase Montenegro argumentó que la empresa gestionaba exclusivamente los bienes recibidos por herencia, posteriormente argumentó que la empresa prestaba exclusivamente servicios de gestión de datos personales. Las inconsistencias no terminaron allí.
Reveló que recibía pagos mensuales de varias empresas, incluida Solverde, que opera cuatro hoteles y cinco de los trece casinos de Portugal. Solverde empezó a pagar 4.500 euros mensuales a Spinumviva poco después de su fundación, lo que supone un tercio de los casi 180.000 euros de facturación en 2024. Ya había pagado a Montenegro 2.500 euros mensuales por servicios jurídicos a través de su despacho de abogados, incluida la representación en las negociaciones con el anterior Gobierno sobre los efectos de la pandemia en la actividad de los casinos, que acabó decidiendo, como compensación, prorrogar sus concesiones por valor de millones de euros hasta finales de este año.
Aunque en 2022, cuando fue elegido presidente del PSD, Montenegro cedió su parte de Spinumviva a su esposa e hijos —en ese momento, uno era menor de edad y el otro tenía 20 años—, ninguno de ellos tiene las competencias para garantizar servicios de gestión de datos personales, dejando claro que no son más que sus testaferros. Es evidente que Solverde y sus demás clientes pagan a la recientemente creada y pequeña Spinumviva —con apenas dos jóvenes abogados— no porque sea una referencia en el sector, sino para asegurarse de que el primer ministro defienda sus intereses.
Mientras nos expulsan de los centros urbanos y nos obligan a compartir habitaciones en condiciones insalubres, o incluso a vivir en tiendas de campaña, debido a los salarios de miseria y la arrogancia de los terratenientes y los bancos, Montenegro logra pagar dos casas en efectivo por 715.000 euros con el dinero que la burguesía le pagó por los servicios prestados.
La complicidad del PS mantiene al Gobierno en pie
El 21 de febrero, cuando lo único que se sabía era que Spinumviva era una empresa inmobiliaria que se beneficiaría del cambio en la ley de suelo, la formación ultraderechista Chega presentó una moción de censura, tanto para desviar la atención de la avalancha de revelaciones de escándalos cometidos por sus activistas y diputados como para presionar al PSD. La moción fue rechazada por todos los demás partidos, con excepción del PCP, que se abstuvo
El PS invocado “la necesidad de estabilidad” para votar en contra, mientras permite la acumulación pacífica de capital por encima de cualquier otro criterio, como ya ocurrió con los Presupuestos del Estado, facilitando con su abstención que salieran adelante. Por supuesto, esta decisión también está sujeta a las encuestas: siguen mostrando un empate técnico entre PS y AD. El PS ha intentado atraer votantes al PSD adoptando un discurso más derechista, como se ve en las declaraciones de Pedro Nuno Santos (PS) sobre inmigración, pero esta es una táctica fallida.
La crisis capitalista está polarizando a la sociedad tanto en la derecha como en la izquierda, vaciando el centro político que el PS quiere ocupar. El Bloco de Esquerdas y el PCP, por un lado, cedieron completamente a la justificación del PSD de que “no hay ilegalidad”, perdiendo la oportunidad de ser ellos quienes lanzaran la moción, dejando vía libre a la demagogia de Chega, partido del sistema y metido hasta el cuello en casos de corrupción y otros escándalos de pederastia.
Mientras tanto, Montenegro reveló quiénes eran los clientes de Spinumviva, entre ellos Solverde, lo que dejó muy clara la corrupción. El sábado 1 de marzo convocó un Consejo de Ministros extraordinario. Realizó posteriormente una declaración al país, donde desempeñó el papel de víctima de persecución política, negándose a dar mayores aclaraciones sobre la empresa y exigiendo que creamos en su honestidad. También trató de desviar el tema hacia la gran obra que ha hecho por el país, Sin embargo, hay que decir que si ha hecho mucho por la burguesía es a costa de la creciente miseria de la clase obrera, de la cual el sector de la vivienda e inmobiliario es solo uno de muchos ejemplos. En lugar de dimitir, al final de su declaración Montenegro propuso una posible moción de confianza para depositar la responsabilidad de la crisis política sobre los hombros de la oposición.
Minutos después fue el turno del PCP de lanzar una moción de censura, el PS se apresuró a anunciar que la rechazaría. Fue la luz verde que necesitaba el PSD para seguir adelante con todo su aparato: ¡nada menos que cinco ministros en directo en cinco emisoras diferentes! Todo para hacernos creer que “la derrota de dos mociones de censura significa que el Parlamento entiende que el Gobierno puede seguir gobernando” y que, por tanto, retiraría la moción de confianza propuesta.
Los mismos que dijeron que António Costa no estaba apto para seguir gobernando ante las sospechas de corrupción ahora sostienen que Montenegro puede mantener su cargo. El propio presidente del país, Marcelo, siempre tan crítico de las crisis surgidas durante el anterior Gobierno del PS, ahora está tan callado como un ratón. ¡Este es el tipo de malabarismo moral que podemos esperar de los políticos burgueses!
La corrupción es inherente al sistema capitalista
2024 fue el año más rentable de la historia para el sector inmobiliario, con una facturación de 30.000 millones de euros. Es equivalente al volumen de las cuatro mayores empresas juntas —Petrogal, EDP, Modelo Continente y Pingo Doce— y, con un aumento del 26% en ingresos, mucho más rentable. El capital siempre fluye hacia los sectores más rentables, lo que explica por qué tanto la burguesía nacional como la internacional están invirtiendo fuertemente en el sector.
El caso de la empresa de Montenegro es solo un caso entre los numerosos que hay en el Parlamento. Decenas de diputados de Chega y del PSD, el líder del grupo parlamentario Hugo Soares, el presidente de la Asamblea de la República José Pedro Aguiar-Branco, así como los ministros de Trabajo y Justicia, tienen participaciones en empresas inmobiliarias. El responsable de Administración Local y Planificación Territorial, secretario de Estado Hernâni Dias, había creado dos empresas inmobiliarias para aprovechar los cambios en la legislación territorial que él había contribuido a aprobar.
Como decían Marx y Engels: “El poder estatal moderno no es otra cosa que un comité para gestionar los asuntos comunes de toda la clase burguesa”.
Para los hombres y mujeres del Estado, la ley de suelo es una oportunidad de oro para construir más casas de lujo para que ellos y sus clientes puedan especular y enriquecerse más que nunca, mientras que para nosotros, los trabajadores, significa más miseria.
La corrupción es inherente al sistema capitalista. Los políticos, jueces y demás agentes del Estado o son burgueses —como vemos claramente en el Gabinete de Trump— o se convierten en ellos, comprados por la burguesía, y comienzan a defender los intereses de su clase. En la fase imperialista del capitalismo, los monopolios controlan sectores enteros de la economía, acumulando volúmenes absurdos de capital e influencia, capaces de controlar todos los niveles de poder. Las operaciones Marquês, Madeira o Tutti-Frutti lo demuestran, desde alcaldes hasta jueces y el primer ministro. En los últimos ocho años, más de 200 políticos han sido sospechosos de corrupción, y esto es solo la punta del iceberg. Cuando la izquierda lleva a la Asamblea proyectos de ley para acabar con las “puertas giratorias” entre la política y los negocios, demuestra que no entiende que la corrupción nunca acabará por decreto, sino solo cambiando las bases materiales de la sociedad, acabando con la propiedad privada y sustituyendo la democracia burguesa por la democracia proletaria.
La corrupción está tan extendida que es fácil para diferentes sectores de la clase dominante y de los partidos encontrar pruebas que comprometan a los rivales y puedan utilizarse en determinados momentos para obtener una ventaja momentánea. El precio a pagar por la lista de casos de corrupción es la erosión de la confianza de la clase trabajadora en el régimen y las instituciones burguesas. Para la izquierda reformista, que solo opera dentro de las instituciones burguesas, esta pérdida de credibilidad es algo negativo. Lo que debería ser una oportunidad para desenmascarar las contradicciones del capitalismo se convierte en una carta de triunfo para la extrema derecha hipócrita que se disfraza de “antisistema”.
Los partidos de la izquierda reformista todavía cometen el grave error de utilizar la “legalidad” burguesa como guía para la acción. La clase dominante crea leyes para defender sus intereses. Los revolucionarios no medimos los acontecimientos con el rasero de la jurisprudencia burguesa ni actuamos en consecuencia. Lo que importa es que utilicemos estos acontecimientos para hacer avanzar la conciencia de la clase trabajadora, explicando cómo la corrupción y las demás lacras del capitalismo son el resultado de las relaciones sociales en este sistema y cómo solo terminarán con la gestión democrática de los medios de producción por la clase trabajadora y la abolición de la clase burguesa parasitaria.
¡Para echar al Gobierno, la izquierda tiene que tomar las calles!
Estamos de acuerdo con la iniciativa del PCP de lanzar la moción de censura. En su presentación, el PCP va correctamente más allá de la simple corrupción, promoviéndola como una forma de frenar las políticas reaccionarias del Gobierno[1]. Pero condena la caída del Gobierno al fracaso al aferrarse a la acción parlamentaria, si el PS mantiene su complicidad con el Ejecutivo. Al seguir adelante con una comisión de investigación, el objetivo del PS es desgastar al PSD y luego proponer su propia moción de censura (o incluso esperar hasta el final del mandato). Tenemos que deshacernos de este Gobierno ahora, no en unos meses, cuando el PS considere.
Para superar estas maniobras, las direcciones del PCP y del BE no pueden depositar su confianza en un posible apoyo del PS o en una posible moción de confianza del Gobierno, ¡sino solo en la clase obrera!
Como comunistas revolucionarios sabemos que el parlamento burgués puede utilizarse como plataforma para denunciar a los partidos y sistemas burgueses, pero nunca como un fin en sí mismo. El poder de la clase obrera reside en su organización en los centros de trabajo y en las calles, nunca en el Parlamento, instrumento de dominación de la burguesía. Las mociones de censura, las comisiones de investigación u otras herramientas de la democracia burguesa no son nada comparado con el poder de la clase obrera en las calles.
Por eso es necesario, ante todo, movilizar a los trabajadores para echar abajo este Gobierno y luchar por:
- ¡Expropiación de los pisos de los bancos, fondos buitres y caseros rentistas!
- ¡Regularización inmediata de todos los inmigrantes y descendientes de inmigrantes!
- ¡Salud y educación públicas gratuitas! ¡Expropiación de particulares!
- ¡Por igual trabajo, igual salario! ¡Derecho al aborto gratuito! ¡Plenos derechos para la comunidad LGTBI+!
- ¡Fin de los procesos de privatización de TAP, RTP, sistema de pensiones y todos los demás!
¡Nacionalización de los bancos y grandes monopolios bajo control obrero!
¡Únete a Esquerda Revolucionária!
[1]El PCP lamentablemente no menciona el giro del Gobierno hacia la extrema derecha y los ataques a los trabajadores inmigrantes, la capa más oprimida de nuestra clase. Lea nuestro análisis en el último editorial de A Centelha: “¡El Gobierno de derecha se parece cada vez más a la extrema derecha! ¡Se necesita una izquierda combativa para detenerlos!”
