A finales de julio, Sarkozy iniciaba su particular cruzada contra los gitanos rumanos y búlgaros asentados en Francia al ordenar el desmantelamiento, antes del mes de noviembre, de al menos la mitad de los casi 600 campamentos irregulares existentes en el país. Desviar la atención de lo que se le viene encima --­corrupción, movilizaciones obreras en ascenso contra sus ataques sociales y un descenso imparable de su popularidad, que en 2007 era del 70% y ahora se encuentra, nada menos que, en el 26%, según una encuesta publicada por Le Figaro, 3/10/10-era el objetivo inmediato del discurso pronunciado aquel 30 de julio en Grenoble vinculando de manera nada inocente inmigración y delincuencia.

Endurecimiento de la ley de inmigración

Dicho y hecho. La enmienda a la Ley de Inmigración, aprobada el 30 de septiembre en la Asamblea Nacional, establece una división completamente racista entre franceses de origen extranjero y el resto de franceses y cuyo único objetivo es legalizar una realidad que cada vez se agudiza más: la existencia de ciudadanos de primera y de segunda categoría y tratar de azuzar con ello la división entre trabajadores y jóvenes. Así, los franceses de origen extranjero podrán perder la nacionalidad si durante los diez primeros años de haberse nacionalizado, atentan "contra la vida de una autoridad pública, especialmente un policía o gendarme". Pero, ¿qué significa esto? ¿Acaso, a alguien le puede parecer mal que se sea beligerante con peligrosos asesinos que atentan contra aquellos que velan por nuestra seguridad? A nadie se le escapa, que esto está directamente relacionado con la intención de controlar las revueltas que se producen regularmente en los barrios periféricos de París y otras ciudades francesas fruto de la política de recortes sociales y exclusión social que termina estallando en disturbios, la mayoría de las veces provocados por las actuaciones completamente arbitrarias, violentas y racistas de las propia policía. Sarkozy está afilando al máximo el carácter represivo de la legalidad burguesa no para enfrentarse a una  "guerra nacional" sino a una "guerra de clase".

Esa es la perspectiva y el sentido de fondo de los pasos que está dando no sólo Sarkozy, sino del conjunto de la burguesía europea, que se está preparando para un escenario de creciente conflictividad social y una lucha de clases más abierta.

Hipocresía de la burguesía europea

Mientras Sarkozy actuaba con decisión y concreción los mandatarios de la UE solo han hecho mucho ruido, sin consecuencias prácticas. Solamente con la corrección de una circular del ministro de Interior francés, sustituyendo el texto que ponía que se daba "prioridad" al desmantelamiento de los campamentos "de los gitanos rumanos" por otro donde se aclaraba que la operación se pondría igualmente en marcha "sean los que sean sus ocupantes" ha sido suficiente para que toda esa pretendida indignación de los líderes europeos haya quedado en agua de borrajas.

Aquí se ve la hipocresía de la burguesía europea y lo poco que le importan los derechos humanos o los pretendidos "valores europeos". Y es que cuando Sarkozy dice que "Francia ha actuado (...) con estricto respeto al derecho europeo y al tratado europeo", efectivamente, lleva razón. Sí, la ley europea le permite hacer lo que está haciendo, ya que prevé excepciones al libre derecho a la circulación en varios supuestos (artículo 48.3 del Tratado de la UE): cuando hay "amenaza reiterada del orden público", "ser una carga desproporcionada para la Seguridad Social" o "no tener recursos suficientes para mantenerse en el país". Es decir, que como siempre expulsar a los sectores más desfavorecidos de cualquier país de la UE no sólo no es un delito sino que es actuar "democráticamente" conforme a la ley. Y, por si no quedaba suficientemente claro, en una entrevista a Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, éste afirmaba: "es un error decir que la libertad de circulación en la UE es absoluta" (El País, 9/09/10).

En la medida que, según las autoridades francesas, a los gitanos no se les expulsa por motivos étnicos, la ley europea aplaude. Y se hace la vista gorda ante la creación de un archivo (llamado Oscar), en el que la policía francesa almacena las huellas dactilares y fotografías de los deportados y servirá para que en caso de que regresen, no puedan recibir ayudas públicas y subsidios. Se criminaliza al pobre, que por el mero hecho de serlo queda fichado por la policía. Hoy eso se utiliza contra los inmigrantes, pero mañana será utilizado para el conjunto de la población.

Amenazados derechos democráticos básicos

De hecho, en los últimos tiempos estamos viendo una actitud mucho más ofensiva por parte de los gobiernos en cuanto a cercenar los derechos democráticos en Europa y en todo el mundo. Y no son simples palabras. Entre 2005 y 2009 al menos 53 diputados del partido alemán Die Linke (La Izquierda) fueron espiados por el servicio secreto alemán. Según la justicia alemana esto es legítimo ya que "algunas corrientes de este partido persiguen fines anticonstitucionales", son "extremistas" y suponen una amenaza de que regrese el comunismo al poder en Alemania. Este el Estado de derecho de la burguesía: ser comunista es motivo, cuanto menos, de vigilancia. Si esto lo hacen con cargos públicos, qué no harán con el común de los mortales. Pero, ¿qué significa "anticonstitucional", por ejemplo, en el Estado español? Defender y manifestarte contra la monarquía, poner en cuestión el funcionamiento del sistema capitalista. Para estos valedores de la democracia, pensar así significa ser un peligroso sospechoso y en momentos determinados la excusa para poder ser acusado y detenido.

Y no estamos exagerando. El pasado 26 de abril el Consejo Europeo de Asuntos Generales aprobó el documento 8570/10, por el cual la UE podrá observar "procesos de radicalización" a través de la vigilancia de aquellas personas que mantengan "actitudes radicales", como posiciones de "extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosas o de antiglobalización" (¡!). Previamente, en marzo de 2010, se aprobó el documento 7984/10 (documento clasificado y que fue sacado a la luz por la ONG Statewatch) en el que se plantea "almacenar datos sobre la radicalización violenta", aunque según ha denunciado esta ONG, en ningún momento se hace distinción entre "violento" y "no violento".

Pero hay más ejemplos que demuestran como la burguesía europea se está preparando para hacer frente a la organización sindical o política y la movilización de masas en la calle contra sus políticas de ataque y que ellos mismos tienen que reconocer que preparan "estallidos sociales" de primer orden. Recientemente y precisamente al calor de la movilización más importante que ha vivido Grecia en las últimas décadas, y en las que el Partido Comunista griego (KKE) ha jugado un papel protagonista, el Estado griego ha amenazado con ilegalizar al KKE antes las próximas elecciones regionales y municipales del 7 de noviembre. El motivo es el rechazo del KKE a cumplir la exigencia del Ministerio del Interior de que abandone el sistema de financiación a través de bonos de ayuda de distintas cantidades y que se le proporciones el listado de todos aquellos que contribuyan económicamente a financiar al partido. Como muy bien denuncia la secretaria general del KKE, Aleka Papariga, no es más que un lavado de cara del gobierno para hacer ver que se combate la financiación ilegal "Por una parte intenta embellecer el sistema que produce políticas antipopulares (...) y por otra parte infligir un golpe a la actividad política del KKE", por eso se niegan a dar el listado de miles de trabajadores que les apoyan.

La reacción tiene mucha menos base que en el pasado

Estamos viendo hasta qué extremo la legalidad burguesa puede restringir los derechos democráticos y de qué manera desde los gobiernos y distintas instituciones burguesas se utiliza la demagogia racista, podríamos llamarlo "racismo de Estado", inoculado por arriba para azuzar los instintos más básicos, busca el movilizar a los sectores más atrasados de la sociedad a buscar un culpable de los problemas sociales que tiene.

Especialmente, explotar los prejuicios de las capas sociales más diletantes, la pequeña burguesía que en momentos de crisis y ante la falta de una alternativa clara y un plan de acción contundente por parte de la izquierda fluctúa hacia la derecha, exigiendo mano dura y orden, pensando que así si problemas se terminarán y sin querer ver que el responsable de fondo el  propio sistema que reduce a la miseria a cada vez más amplias capas de la población. A estos sectores es a los que se dirige Sarkozy. Con el objetivo puesto en las elecciones presidenciales de 2012, ha virado hacia el electorado de extrema derecha para quitarle voto al Frente Nacional, que obtuvo alrededor del 10% del voto en las elecciones regionales de primavera, mientras él se llevaba un buen batacazo.

Sin embargo, en las actuales circunstancias, este giro a la extrema derecha no le está haciendo salir fortalecido. Tras el declive de popularidad histórico, de casi 40 puntos en 3 años, en el mes de agosto consiguió aumentar 4 puntos, que ya en octubre había vuelto a dilapidar. El motivo de fondo es que toda esta situación coincide con un ascenso de la lucha de clases, no sólo en Francia, sino en el conjunto de Europa y la crisis del capitalismo está señalando claramente a los banqueros, a los grandes capitalistas como los responsables de la situación. Sarkozy, o cualquier otro, puede demonizar a los gitanos o a los sin papeles; sin embargo, es él quien pretende aumentar la edad de jubilación en Francia, recortar los gastos sociales y el que fruto de su política ha llevado al país a tener un 24% de los jóvenes en edad de trabajar en paro y la tasa de pobreza entre los jóvenes de 20 y 29 años haya ascendido al 11%. Los intentos de Sarkozy de dotarse de una base de apoyo social sólida encuentra tremendas dificultades, tanto en el terreno electoral como en el de la movilización. Es sintomático que las únicas manifestaciones que ha habido en Francia ante las deportaciones de Sarkozy hayan sido de la izquierda, el 4 de septiembre 50.000 franceses salían a las calles de París para rechazar estas medidas y más 100.000 en toda Francia. Incluso, en otros países, donde la política oficial de "caza al inmigrante" ha llegado más lejos, como la Italia de Berlusconi, la reacción de los trabajadores ha sido clara. El pasado 12 de marzo en la huelga del sector público convocada por la CGIL contra los recortes sociales y el desempleo, también incorporaba la exigencia de la legalización de los trabajadores inmigrantes y la abolición del delito de clandestinidad para los inmigrantes irregulares. El próximo 16 de octubre la FIOM (federación del Metal de la CGIL) tiene convocada una movilización donde también los derechos laborales, sociales y políticos de los inmigrantes serán reivindicados por los trabajadores italianos, que cada vez más entienden la necesidad de la lucha unitaria contra el enemigo común.