El gobierno intenta cerrar la televisión pública

“Barrida por un viento de desastre, la crisis griega vuelve una y otra vez a la casilla de salida. Y con ella, de alguna manera, la crisis del euro. La coalición de Gobierno en Atenas se rompió este viernes después de un mes complicado, que tuvo su punto álgido con la fallida privatización del gas y el cierre de la radiotelevisión pública. Grecia acumula números de depresión: una caída del PIB superior al 20% en los seis últimos años y una tasa de paro que se acerca peligrosamente al 30%. El sufrimiento asociado a la fenomenal reforma de las estructuras económicas del país balcánico no permite ver, ni de lejos, el final del túnel” (‘Grecia vuelve a dar miedo’, elpais.com, 22/6/2013).

El párrafo anterior resume lo ocurrido en Grecia durante el mes de junio, aunque olvida convenientemente (algo recurrente en la prensa burguesa) un factor decisivo: el papel que está jugando la clase obrera.
El 11 de junio, menos de un mes después de conseguir desactivar el conflicto educativo, que amenazaba con la posibilidad de derribar al propio gobierno, el primer ministro griego, Samarás, decretó el cierre fulminante de la televisión pública griega (ERT) y el despido de sus 2.700 trabajadores, basándose en una campaña de mentiras sobre los privilegios de sus trabajadores, el derroche sistemático de recursos y el coste que suponía para las arcas públicas.
Detrás de esta acción sorpresiva del gobierno están las draconianas exigencias de la troika: antes de que acabe julio, tiene que haber 2.000 empleados públicos despedidos, otros 2.000 antes de fin de año y otros 25.000 (la mitad, en julio) colocados en un sistema de movilidad con reducción salarial y si no se les encuentra plaza, despedidos. Por otro lado, en el capítulo de privatizaciones, el gobierno esperaba obtener 2.300 millones de euros en 2013. Una pieza clave era la empresa pública de gas DEPA, que negociaban vender a la rusa Gazprom por 900 millones, pero esa operación fracasó en el último momento. Con el cierre de ERT, Samarás pretendía zanjar la exigencia de despidos de la troika de un plumazo y de paso quitar de los titulares el fiasco de la venta de DEPA, que amenaza otras privatizaciones como la petrolera o la empresa de loterías. Como apuntaba un analista de Wall Street: “¿Cómo se sostiene el mensaje de que la crisis europea se está estabilizando, si ni siquiera se presentan candidatos a los procesos de privatización?” (‘El ajuste griego descarrila’, elpais.com, 16/6/13).

Los trabajadores ocupan la ERT

La respuesta de los trabajadores de ERT ha sido ejemplar y ha supuesto un nuevo revulsivo en la lucha de clases. Inmediatamente ocuparon las instalaciones e hicieron un llamamiento a apoyar su lucha. Decenas de miles de personas rodearon las instalaciones en Atenas y otras ciudades, mientras en el interior realizaban informativos, debates y entrevistas acerca de la lucha contra el cierre, que emiten vía Internet y vía satélite a través de Eurovisión. En algunos medios se ha calificado como “un movimiento de solidaridad sin precedentes”. Ha habido masivas manifestaciones diarias. El 14 de junio se convocó una huelga general contra el cierre, que contó con manifestaciones en numerosas ciudades y de nuevo con decenas de miles de trabajadores en las instalaciones de ERT participando en asambleas sobre cómo organizar la lucha y la defensa de la televisión pública.
Lo ocurrido en las semanas siguientes es una demostración de que la lucha es el único camino para hacer frente a los ataques. No se ha conseguido restablecer la situación de ERT previa al 11 de junio, pero las movilizaciones han golpeado duro a la coalición de gobierno, que no ha conseguido llevar adelante sus planes iniciales. En primer lugar, Samarás planteó que ya no se despedía a 2.700 sino a 2.000, para dar lugar a una ERT “rentable”. Después, el Consejo de Estado emitió un dictamen el 17 de junio obligando a volver al “normal funcionamiento de ERT hasta la creación del nuevo canal”. Esto tenía una ambigüedad calculada porque no aclaraba nada sobre la situación de los trabajadores y la posibilidad de despedirlos o modificar sus contratos.
El 21 de junio, Dimar (partido socialdemócrata con catorce diputados y cuatro ministros) abandonaba la coalición de gobierno “en desacuerdo con el cierre de ERT”. Un desacuerdo que más parece una “huida de la quema”, porque se produce tras diez días de movilizaciones y porque dos de los ministros que salen eran piezas claves de un gobierno muy tocado: el de Justicia, responsable de una fallida ley “antirracismo”, y el de Reforma Administrativa, precisamente el encargado de los miles de despidos que hay encima de la mesa en el sector público. Tras la salida de Dimar del gobierno, Nueva Democracia y Pasok han escenificado un acuerdo que contempla la “recontratación” de 2.000 trabajadores para mantener una ERT provisional.
El gobierno sale de este envite a los trabajadores más debilitado, sin uno de sus socios y con una mayoría muy justa de 153 diputados de 300. A su vez, en la medida en que defiende los intereses de los capitalistas, seguirá poniendo encima de la mesa más ataques. Por ejemplo, ante el fiasco de las privatizaciones, la troika es clara: el incumplimiento de los objetivos deberá ser cubierto en un 50% por recortes adicionales en el gasto público, algo a lo que ya se ha aplicado el nuevo ministro de Sanidad (hasta el año pasado, militante del partido de extrema derecha LAOS), de gira a comienzos de julio por los hospitales públicos para decidir cuáles cierra. Además, ya ha pedido que el salario mínimo sea reducido de 586 a 350 euros.
Luchas como las de los trabajadores de ERT o de la enseñanza marcan el camino, extendiendo las movilizaciones, llamando a la solidaridad y la implicación del conjunto de los trabajadores… La clase obrera griega está aprendiendo de su experiencia, extrayendo conclusiones, probando métodos, dirigentes y organizaciones, y está demostrando cada vez más su disposición a llegar hasta el final.


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