El 17 de febrero el gobierno de Valls aprobó por decreto la Ley por el Crecimiento y la Actividad, conocida también por ley Macron por el nombre del ministro de Economía que la impulsó. La medida, que implica la desregularización de ciertas profesiones y la liberalización de sectores como el transporte público en autobús y aeropuertos, tiene como punto más polémico la ampliación de la apertura de los comercios en domingo. Se abrirá doce domingos al año, en lugar de cinco y, además, se autorizará la creación de más “zonas turísticas internacionales” en las que se podrá abrir los siete días de la semana y hasta medianoche.
Como señala Gerard Filoche, inspector de trabajo y militante socialista, esta ley se propone “generalizar el trabajo dominical y el trabajo nocturno, neutralizar la acción de la inspección del trabajo, (…) facilitar los trámites de despido, (…) fragilizar la representación sindical en las empresas y hacer desaparecer los Comités de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo (CHSCT)”. Esta ley, que ha contado con el apoyo público de la patronal, tendrá como principal beneficiario a los grandes empresarios. Por ejemplo, el dueño las famosas galerías Lafayette ha estimado un aumento del 7% de su volumen anual de negocio.
La ley Macron es una vuelta de tuerca en el giro a la derecha del gobierno Hollande-Valls y se enmarca dentro de su objetivo de desmantelar las conquistas sociales de la clase obrera y de los planes ya aprobados de reducir el gasto social en 21.000 millones de euros este año (50.000 millones en tres años, además de reducir en 40.000 las cotizaciones sociales de las empresas en este mismo periodo) y privatizar bienes públicos por valor de entre 5.000 y 10.000 millones de euros. El rumbo seguido por el gobierno del Partido Socialista Francés (PSF) confirma su total sumisión a las presiones de la burguesía francesa, apoyada por su homónima europea a través de las instituciones de la Unión Europea.
El gobierno Valls hace aguas
La aprobación de esta ley ha puesto en evidencia la debilidad del gobierno, que ni siquiera ha podido convencer unánimemente a los miembros del PSF. De hecho, Valls decidió no someterla a votación en la Asamblea Nacional ante el temor de que no fuera aprobada, después de que decenas de sus propios diputados anunciaran su voto en contra, y optó por aprobarla por decreto. Aunque la aprobación por decreto es un mecanismo permitido por la Constitución francesa, su uso es bastante excepcional y en 2006 fue calificado por el hoy presidente, Francois Hollande, de “negación democrática”. Una posterior moción de censura apoyada por toda la oposición contra el gobierno fue rechazada con el cierre de filas de todos los diputados socialistas, pero esto no puede ocultar la profunda crisis de la socialdemocracia francesa. Existe un divorcio cada vez más abismal entre la dirección del PSF y su base social. El malestar social va en aumento. La dirección de PSF está muy desprestigiada, tanto fuera como dentro de las filas del partido. Aunque los diputados contrarios a los recortes no tienen una alternativa consecuente (lo que implicaría adoptar un programa anticapitalista) las discrepancias en el partido llevaron a Valls a finales de agosto pasado a tener que expulsar del gobierno a tres ministros críticos con la dureza de los recortes, entre los que se incluía al anterior responsable de Economía, Arnaud Montebourg. A los sectores más a la derecha de la socialdemocracia, que se sienten respaldados por la burguesía y defienden sin tapujos un programa capitalista, no les importa llevar el partido a la destrucción, como hemos visto con el Pasok en Grecia.
Los capitalistas franceses y europeos ni mucho menos se van a contentar con las medidas tomadas hasta ahora y sus exigencias van a ir mucho más allá. Cuentan con un Valls que no tiene dudas en seguir por este camino. Tras el decretazo afirmó: “tengo gasolina para seguir”, para insistir en que su “misión” es “reformar, modernizar... hasta el final”. No en vano hace un par de años él mismo declaraba que en Francia todo había fallado y que la única opción era confiar en los empresarios.
Así, quedan aún por llevar adelante la reforma laboral (afectará al papel de los comités de empresa y al estatuto de los trabajadores), la del seguro de desempleo (prevista para 2016) o la de las pensiones, así como la introducción de más excepciones a la ley que limita la jornada laboral a 35 horas semanales. Y todo ello con una economía con claros síntomas de estancamiento desde hace años. Su PIB sólo ha crecido un 0,4% en 2014, al igual que en 2013; la inversión pública y privada tuvo una caída total del 1,6% el año pasado; una tasa de paro del 10,7%, mucho más alta si añadimos a los trabajadores subempleados y precarizados; cada año cierran más de 60.000 empresas, la mayoría pequeñas o muy pequeñas. Por otra parte, su deuda pública supera el 95% del PIB (más de dos billones de euros) y el déficit sigue por encima del 4% anual, lejos del 3% exigido por la UE.
Jornada de protesta el 9 de abril
Sin duda, en este contexto, estos planes van a tener una fuerte oposición por parte de los trabajadores y población francesa. En los últimos años hemos asistido a un incremento de la lucha de clases en Francia frente a los sucesivos ataques que los diferentes gobiernos han intentado imponer, empezando por las protestas sindicales y estudiantiles de 2006 contra el Contrato de Primer Empleo de Sarkozy, siguiendo por la lucha contra la ampliación de la edad de jubilación que en 2010 llevó a la convocatoria de veinte huelgas generales entre mayo y noviembre, teniendo su último episodio en la movilización contra los recortes en sanidad que traerá la ley Touraine, también recientemente aprobada.
Los próximos meses serán decisivos. La burguesía francesa quiere ir hasta el final pero se apoya en un gobierno muy débil, que afrontará un nuevo repunte de la movilización. Es muy significativo del ambiente social existente la ruptura de las negociaciones entre patronal y sindicatos y que éstos, tras meses de inacción y silencio, hayan llamado a una jornada de protesta en todos los sectores productivos para el 9 de abril, que terminará con una gran manifestación en París. También es significativo que hayan anunciado que darán continuidad a la lucha. Los sindicatos y las organizaciones de la izquierda tiene la responsabilidad de impulsar una movilización masiva, que vaya a más, que organice una huelga general como primer paso para echar abajo todas las medidas reaccionarias que quiere imponer el gobierno Valls. Este es el único camino para frenar los recortes y para que los planes del gran capital puedan ser derrotados.
