más combustible para una situación social explosiva

más combustible para una situación social explosiva 

Durante las últimas semanas la administración norteamericana ha vuelto a intensificar su campaña contra el régimen iraní. En esta ocasión el detonante ha sido un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) que sin aportar ninguna evidencia nueva advierte sobre las posibles "dimensiones militares" de las investigaciones iraníes en materia nuclear. Aquí, una vez más, vemos el doble rasero del imperialismo, cuando guarda silencio y no amenaza a gobiernos como el de India, Pakistán o Israel, que sí fabrican y poseen armas nucleares, pero que son sus aliados en la región.

Tampoco es casualidad que en este momento se intensifiquen las amenazas. Después de la oleada de protestas como consecuencia del fraude electoral de junio de 2009, la administración norteamericana quiere aprovechar la debilidad del régimen fundamentalista para crear divisiones y conseguir un cambio de gobierno. No es un secreto que desde hace tiempo EEUU desea un régimen en Teherán que se corresponda con sus intereses económicos y estratégicos en la región.
Aunque las amenazas de sanciones contra el régimen iraní no son nuevas, lo que sí se ha podido observar es un incremento claro de las medidas de presión del gobierno norteamericano, haciéndolas también más selectivas para hurgar en las fisuras que tiene el régimen. Las últimas declaraciones de Hillary Clinton y de distintos representantes del gobierno se han centrado en denunciar la "dictadura militar de la Guardia Revolucionaria" y la primera represalia adoptada por el gobierno estadounidense ha sido la congelación de los activos que dentro de su jurisprudencia tienen cuatro empresas controladas por la Guardia Revolucionaria.
Es evidente que pretende provocar divisiones en el seno del régimen iraní, con la intención de ganarse el apoyo de aquellos sectores descontentos con el sector vinculado a los "guardias revolucionarios" que a través de fundaciones religiosas (conocidas como Bonyad) controlan por lo menos el 60% de la economía iraní. Que la población iraní vive bajo una brutal dictadura es verdad, pero cuando el imperialismo habla de "dictadura" no tiene nada que ver con la defensa de los derechos democráticos, sino con un intento de consolidar su posición entre un sector de la clase dominante que se siente agraviada por los privilegios económicos del otro sector.

Nuevo paquete de austeridad

La crisis económica mundial ha golpeado duramente a Irán debido a la caída que ha experimentado el precio del petróleo desde el verano de 2008, el año pasado la economía creció sólo un 0,5%. La situación de la industria es calamitosa, en el último período se han disparado las bancarrotas y los despidos, actualmente muchas empresas sólo funcionan al 20-30% de su capacidad. Además, la situación se agrava con las sanciones impuestas por EEUU que han tenido un impacto en la caída de la inversión extranjera e impiden la llegada de tecnología moderna a sectores como el petróleo y el gas, decisivos para la economía y que cuentan con una tecnología totalmente obsoleta.
El gobierno de Ahmadinejad acaba de anunciar el Plan de Reforma Económica, que pretende poner fin a los subsidios que durante estos últimos años, en un contexto económico muy duro caracterizado por una gran desigualdad social, el incremento del paro y la pobreza, han servido para paliar sus efectos. Concretamente se trata de eliminar los subsidios que permitían reducir el precio de productos básicos como el pan, leche, arroz, trigo, servicios como la electricidad, agua, teléfono, transporte o educación. Por ejemplo, hasta ahora los iraníes podían comprar gasolina por 10 centavos el litro, mientras los precios mundiales estaban en 40 centavos.
La reducción de subsidios a los precios de productos y servicios básicos será un nuevo factor de inestabilidad política. En 2007, cuando el gobierno anunció un aumento del 25% en el precio de la gasolina provocó una oleada de protestas que le obligaron finalmente a dar marcha atrás.
Con esta nueva ley el gobierno pretende ahorrarse entre 10.000 y 20.000 millones de dólares anuales. La otra cara de la moneda es que provocará un fuerte aumento de los precios disparando la inflación. Según la página web Khabar (vinculada a la oposición verde iraní), con la aplicación de este programa económico la inflación se situaría entre el 31 y el 46%, reduciendo aún más el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la población. Por supuesto, la burguesía iraní ha aplaudido entusiastamente esta medida, según una encuesta de la Cámara de Comercio iraní el 72% de los empresarios piensan que los subsidios son el principal obstáculo para la economía.

Incremento de las luchas obreras

Como es la norma en los países capitalistas, los que sufren las consecuencias de la crisis son los trabajadores, pero en el caso de Irán su situación se agrava por la represión extrema. Los trabajadores iraníes carecen de los derechos democráticos fundamentales (reunión, asociación o expresión), pero además hay que añadir el deterioro que han sufrido las condiciones laborales a lo largo de estos últimos años. Por ejemplo, una práctica habitual es contratar trabajadores por un período de prueba de tres meses, sin ningún tipo de derecho. Una vez terminado el período de pruebas, se les vuelve a contratar en las mismas condiciones, y así indefinidamente, en esta situación hay más de 1,5 millones de trabajadores. Otro de los problemas más comunes son los salarios atrasados, casi dos millones de trabajadores llevan casi dos años sin cobrar, muchos en empresas públicas.
Esta situación ha llevado a un incremento de las luchas obreras. En el último período los trabajadores iraníes han protagonizado luchas y huelgas que han tenido repercusión internacional, sobre todo los conductores de autobuses de Vahed en Teherán o los trabajadores de la fábrica de automóviles de Khodoro. Aunque todavía no se han generalizado sí empiezan a incrementarse de manera significativa este tipo de protestas.
La última semana de febrero, por ejemplo, los trabajadores de la industria de telecomunicaciones Shiraz Iran bloquearon una autopista y organizaron durante 3 días una sentada frente a la mansión del gobernador para exigir los 13 meses de salarios que les deben. Unas semanas antes los trabajadores de la acería de Morabake (Isfahán), hicieron una huelga de hambre de 2 días para exigir un aumento salarial e impedir el recorte de sus pensiones.
El 19 de febrero 600 trabajadores de la refinería Bandar Abbas fueron a la huelga porque llevan 5 meses sin cobrar. El 22 del mismo mes también lo hicieron 800 trabajadores de Dena Rah Sazan. Lo mismo sucedió con 180 trabajadores de Kerman Bafteha Textile que cortaron las carreteras después de que los accionistas decidieran suspender las operaciones de las empresas. En la fábrica de tuberías de Saveh (cerca de Teherán) hubo un paro de varias horas, también fueron a la huelga 700 obreros de la fábrica de neumáticos Aborz o 150 trabajadores municipales de Andimeshk, que llevan trece meses sin cobrar.
La situación es tremendamente explosiva y la clase dominante iraní es consciente de ello. Por esa razón, los líderes de la oposición (Mousavi, Katami y Karroubi) hacen continuamente declaraciones públicas conciliadoras, han olvidado su reivindicación de repetir las elecciones y reafirman constantemente su apoyo a la república islámica. Las multitudinarias protestas contra el fraude electoral fueron una advertencia seria para el régimen y demuestran que un sector importante de la población ha perdido el miedo y está dispuesta a desafiar al todopoderoso aparato represor de los mulás; el despertar de una de las clases obreras más poderosas de la región, que ya demostró de lo que es capaz en la revolución de 1979, derrocando al odiado régimen del sha, añadirá el ingrediente clave para la transformación socialista de la sociedad iraní.